El apego al fajín fue más fuerte que el amor propio. Esta semana hemos sido testigos de ello. Tras conocerse el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, el Consejo de Ministros emitió un pronunciamiento para expresar su rechazo a la medida dispuesta por el Poder Judicial. No sabemos si fue un gesto de solidaridad forzada o una espontánea idea concebida por algún obsequioso integrante del Gabinete para congraciarse con su jefa. Lo cierto es que todos ellos aparecieron rodeando al titular de la PCM en una suerte de coreografía de lealtad palaciega.
Asumiendo el rol de abogado de oficio del hermano presidencial (tarea que, hasta donde sabemos, no forma parte de las funciones de un primer ministro), Eduardo Arana criticó “los errores jurídicos inadmisibles” de la resolución. Luego de este montaje para las cámaras oficiales, varios de ellos declararon en distintos medios de comunicación, repitiendo la consigna de criticar a la fiscalía por lo que consideraron un “show innecesario”.
Ya quisieran muchos ciudadanos en problemas con la justicia tener la misma suerte que ha tenido Nicanor Boluarte de contar con el respaldo de todo un Gabinete Ministerial. Es irónico afirmar que la gobernabilidad del país está en peligro por el allanamiento a la casa de una persona que no forma parte del gobierno, cuando son los propios escándalos de la presidenta y su entorno los que la ponen en constante jaque.
Llaman la atención las constantes invocaciones a la Constitución realizadas en los últimos días por integrantes del Ejecutivo, así como las reiteradas menciones a ella en el comunicado leído por Arana. El último viernes, Dina Boluarte pidió “apostar por candidatos que hagan respetar la Constitución”. Milagrosa transformación de alguien que en el 2021 anunciaba que el partido que la llevó al poder estaba recolectando firmas para una asamblea constituyente. Hoy es la celosa guardiana de un texto que antes quería reescribir.
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