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El municipio precisó que esta decisión la tomó debido a reiterados retrasos por parte de la empresa, los cuales impedían que la obra siguiera en marcha. Cabe mencionar que Incot ganó la licitación de la obra en el 2023. “Lamentablemente, problemas surgidos entre la empresa Incot y sus propios subcontratistas impiden que la obra continúe adelante. Esta situación, de por sí, ya ha generado atrasos en procesos que perjudican el normal desarrollo de esta esperada obra que unirá ambos distritos”, señaló.
Asimismo, la comuna miraflorina remarcó que interpondrá las demandas legales correspondientes y apelará a la Ley N° 31589, la cual garantiza la reactivación de obras públicas, con el propósito de no aplazar más los trabajos. “El municipio actuará en el más breve plazo y conforme a la norma para culminar esta importante estructura con el fin de no afectar a los vecinos y visitantes que llegan al distrito”, resaltó.
El Comercio intentó dialogar con un vocero del municipio, pero declararon que ya en el transcurso de la semana, entre miércoles y jueves, llevarán a cabo una conferencia para brindar más detalles sobre los pasos que seguirán para la continuidad del proyecto.
Informes de Contraloría
La Contraloría de la República emitió este año varios informes de control alertando sobre situaciones adversas durante el desarrollo de la obra. Este Diario verificó que entre los problemas detectados destacan la realización de prestaciones adicionales por parte del contratista sin la aprobación previa de la Municipalidad de Miraflores.
La Contraloría informó que en agosto, la empresa contratista ejecutó la construcción de falsas zapatas de 35,72 m³ de concreto, con un presupuesto adicional ascendente a S/29.560,50. Dichas estructuras las colocaron antes de soldar y construir los macizos en el sector de Barranco, sin aprobación del municipio. “Se advierte que las falsas zapatas se han ejecutado con anterioridad a la emisión de la Resolución Gerencial N.° 07-2024-GIPSA/MM de 6 de setiembre de 2024″, señaló.
La entidad también advirtió que la obra se estaba desarrollando sin la aplicación del porcentaje de gastos generales ofertados, lo que generaría el riesgo de reconocimiento de importes al contratista que no le corresponden. Asimismo, alertó que en los últimos meses no se estaban registrando hechos relevantes en el cuaderno de obra digital, por lo que la transparencia del avance y monitoreo de la ejecución de la obra podría verse afectada.
A tener en cuenta
En marzo de este año, el Ministerio de la Producción sancionó al Consorcio Puentes Perú, integrado por INCOT S.A.C., CONVIALES PERÚ S.A.C., y EIVI S.A.C., por haber rechazado de manera injustificada dos facturas negociables emitidas por HM Transport & Logistic S.A.C., alegando irregularidades sin sustento.
Como resultado, se pidió al consorcio -integrado por Incot S.A.C.- pagar una multa de 10,13 UIT y se ordenó su registro en el Registro Nacional de Infractores.
Karla Gaviño, especialista en gestión pública, declaró que de acuerdo con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones del Perú (Invierte.pe), cualquier modificación que se realice durante la ejecución de la obra debe ser previamente registrada antes de ser aplicada. “Aquí todo indica que se han estado salteando los procedimientos del Invierte.pe para las modificaciones durante la ejecución de la obra”, dijo.
En esa línea, resaltó que existe una responsabilidad de la entidad pública que debe asegurarse de contar con un supervisor adecuado para revisar el avance de la obra y que se haga conforme al expediente técnico. De darse lo contrario, este debe dar aviso.
Empresa se disculpa
En un comunicado oficial, INCOT S.A.C., empresa a cargo de la construcción del puente que conecta Miraflores con Barranco, respondió a la resolución de contrato emitida por la Municipalidad de Miraflores el pasado 6 de diciembre. La obra, parte del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva”, se encuentra paralizada, generando incertidumbre entre los vecinos y visitantes de la zona.
Según INCOT, la paralización se originó por incumplimientos de su subcontratista AMENPROD STELL S.A.C., responsable de la fabricación y montaje de la estructura metálica del puente. La empresa explicó que, pese a haber pagado el 95% del costo de la estructura como adelanto, AMENPROD no entregó la totalidad de los módulos requeridos, dejando los avances visibles limitados a la zona de la bajada Armendáriz.
Además, INCOT acusó a AMENPROD de exigir pagos adicionales no contemplados en el contrato y de suspender unilateralmente sus labores el 29 de noviembre, lo que imposibilitó cumplir los plazos establecidos con la municipalidad. Este hecho, aseguran, fue informado oportunamente a las autoridades distritales.
INCOT destacó que la Municipalidad de Miraflores no tiene responsabilidad en lo sucedido y elogió la disposición de sus funcionarios para encontrar soluciones. Asimismo, la empresa ofreció disculpas públicas a los vecinos de Miraflores y anunció que emprenderá acciones legales contra AMENPROD por el presunto incumplimiento contractual.
Con este panorama, la obra emblemática para la conexión turística entre Miraflores y Barranco sigue en la incertidumbre, mientras las responsabilidades se debaten en el ámbito legal y técnico.
Posibles escenarios para el proyecto
Roberto Shimabukuro, abogado civil y socio de Monroy & Shima Abogados, detalló a El Comercio que al haber resuelto el contrato por incumplimiento de Incot, la municipalidad puede ejecutar las cartas fianza que tiene a su favor y cobrar las penalidades a la empresa. Además, para proseguir con la ejecución de la obra, deberá realizar el expediente técnico de saldo de obra y volver a contratar a un proveedor.
Por el lado del proveedor, sostuvo que seguramente iniciará un arbitraje con la finalidad de dejar sin efecto la resolución del contrato y conseguir una indemnización por daños y perjuicios, a su favor.
Por su parte, Marco Montoya, abogado especialista en contrataciones públicas, comentó que según el comunicado de la Municipalidad de Miraflores, la mencionada licitación para el corredor turístico se lanzó en mayo del 2023, por 31 millones de soles. Asimismo, el plazo de ejecución del proyecto fue planteado para 270 días calendario. Es decir, ya que el contrato se firmó en noviembre de ese año, la obra debería haber estado lista para el segundo semestre de este 2024.
“Estos procesos de contratación de obras públicas son largos. Lo que ocurre es que este tipo de obras tienen un calendario. Se va ejecutando el proyecto y se va controlando los pagos financieros y la ejecución física del avance. No tenemos datos precisos de cuál es el avance físico de la obra”, dijo.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el proyecto? Montoya explicó que lo más seguro es que se va a ir a una controversia, y el mecanismo de solución de controversias, de acuerdo con la ley de contratación publica, es el arbitraje. Aunque, mencionó, durante la ejecución del contrato hay otros mecanismos que han debido estar funcionando, como es el mecanismo innovador de la junta de resolución de disputas.
“La municipalidad de Miraflores dijo en su comunicado que se va a realizar una reactivación por esta ley especial de obras publicas paralizadas. Para realizar esto, tendrá que precisar cuánto es lo que falta de la obra, eso técnicamente se llama el saldo de la obra. Para determinar ello tiene que contratar un peritaje o los mismos ingenieros de la comuna tendrán que determinarlo”, indicó.
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Para tomar este camino, el municipio tiene dos mecanismos. El primero es lanzar un pequeño proceso de licitación, el cual dura 10 días. Sin embargo, el tema ahí es hacer la convocatoria, lo cual puede demorar meses. “Yo presumo que se lanzará en febrero o marzo del otro año. De ahí la municipalidad tendrá que determinar cuál es el plazo que falta en la ejecución del proyecto. No pensemos que la obra va a estar este año ni en verano próximo”, agregó Montoya.
En tanto, la segunda opción es que la comuna utilice un mecanismo que la propia ley le señala: adjudicar inmediatamente a través un proceso que se llama de contratación directa a fin de contratar a cualquier proveedor que designe. “Eso ya lo tendrá que determinar el municipio. Pero esperemos que a mediados del otro año por lo menos esté terminada esta obra”, sostuvo Montoya.
Adversidades advertidas por Contraloría
Respecto al informe de Contraloría (y a los 3 informes previos a los que se hace referencia), Shimabukuro precisó que las adversidades advertidas no estarían referidas a un atraso en la ejecución de la obra por parte del contratista. En dicho informe se encuentran las siguientes tres situaciones adversas:
- El contratista ejecutó la prestación adicional N° 2 sin previa aprobación por parte de la entidad; lo que podría configurar afectación en la calidad de los trabajos, así como supuestos de aplicación de penalidades no advertidas por la entidad: En este caso, se podría haber perjudicado la municipalidad porque esta omisión podría haber afectado la calidad de dichos adicionales. También se podrían haber configurado supuestos de aplicación de penalidades no advertidas en contra del contratista y de la supervisión.
- Valorizaciones de ejecución de obra se vienen efectuando sin aplicación del porcentaje de gastos generales ofertados; lo que generaría el riesgo de reconocimiento a contratista de importes que no corresponden: En este caso se estarían efectuando las valorizaciones de obra sin la aplicación del 15,67% por concepto de gastos generales, lo que generaría un riesgo en contra de la municipalidad de reconocimiento de importes que no corresponden a favor del contratista.
- No se vienen registrando en los últimos meses hechos relevantes en el cuaderno de obra digital, situación que podría afectar la transparencia, el monitoreo y seguimiento de la ejecución de la obra: Esto podría perjudicar al municipio porque afecta la transparencia, el monitoreo y seguimiento de la ejecución de la obra.