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El Gobierno Regional del Callao en disputa. Luego que el Poder Judicial anulara la prisión preventiva en su contra, Ciro Castillo-Rojo Salas regresó a la sede del GORE Callao para reclamar que se le permita retomar a su cargo, pero Edita Vargas, quien lo sucedió en el puesto, no le abrió las puertas y dispuso el cierre del local.
El Gobierno Regional del Callao en disputa. Luego que el Poder Judicial anulara la prisión preventiva en su contra, Ciro Castillo-Rojo Salas regresó a la sede del GORE Callao para reclamar que se le permita retomar a su cargo, pero Edita Vargas, quien lo sucedió en el puesto, no le abrió las puertas y dispuso el cierre del local.
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Ciro Castillo-Rojo había permanecido en la clandestinidad durante 49 días, ya que, a mediados de diciembre, se le dictó 15 días de detención preliminar por el caso “Los socios del Callao”, donde es acusado de supuestamente direccionar más de 70 procesos de contratación pública en el 2023, por lo que es acusado de los delitos de organización criminal y colusión agravada. Luego, se le impuso 24 meses de prisión preventiva.
Sin embargo, a fines de enero, la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao revocó la orden de 24 meses de prisión preventiva en contra de Ciro Castillo Rojo Salas y le impuso comparecencia con restricciones, así como impedimento de salida del país, entre otras medidas restrictivas.
Ciro Castillo Rojo se presentó en el Gore Callao, pero no logró retomar funciones. (Foto: Lenin Tadeo/@photogec)
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Edita Vargas pide que Consejo Regional del Callao se pronuncie sobre regreso al cargo de Ciro Castillo-Rojo
Edita Vargas, la gobernadora regional del Callao encargada, cuestionó la decisión de los jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao de revocar la prisión preventiva contra Ciro Castillo-Rojo, pues consideró que se pone en peligro la investigación, ya que, según recordó, hay evidencia en las gerencias del GORE Callao sobre los delitos que se le imputan a su predecesor.
“Hay información valiosa para la investigación. Al ingresar él al Gobierno Regional corren mucho riesgo todas las evidencias que se tienen en las gerencias. Yo he ingresado y he encontrado irregularidades que se están investigando en este momento, inclusive, dentro del Gobierno Regional tenemos a un testigo que forma parte de la investigación”, afirmó Vargas Cerón.
“Que sigan las investigaciones, pero que no dañen lo que tenemos en el Gobierno Regional como información valiosa y muchas irregularidades que podrían desaparecer si él ingresara”, agregó.
Edita Vargas manifestó que esperará la decisión del Consejo Regional y que acatará lo que se determine en las próximas horas. Foto: Congreso/Referencial.
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Por ello, advirtió que Ciro Castillo-Rojo, en caso regrese al GORE Callao, “no garantiza una transparencia” en la investigación. Remarcó que solo dejará el cargo de la misma forma en que fue designada, es decir a través de una resolución producto de una sesión del Consejo Regional del Callao. “Estamos a la espera de que todos los consejeros sesionen públicamente y, de acuerdo con ello, sacan un documento para que retorne, pero no se ingresa de forma agresiva”, refirió.
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Edita Vargas indicó que ha pedido, con base al requerimiento de una ciudadana, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que evalúe si el estado de salud de Ciro Castillo-Rojo es causal o no de vacancia, pues recordó que uno de los argumentos de la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao para revocar la prisión preventiva en contra de Ciro Castillo Rojo Salas es la edad y sus enfermedades crónicas.
Ciro Castillo-Rojo denuncia a Edita Vargas por tres delitos
La defensa legal de Ciro Castillo-Rojo interpuso denuncia contra Edita Vargas Cerón por los delitos de usurpación agravada, usurpación de funciones y violencia y resistencia a la autoridad tras impedir su ingreso a la sede del Gobierno Regional del Callao.
“Hemos puesto la denuncia, esperamos que se asigne a la Fiscalía e inmediatamente pasará a la Policía y pediremos que se realicen las diligencias correspondientes. Es vergonzoso que deje sin atención a los ciudadanos del Callao por atornillarse (Edita Vargas) en un lugar que no le corresponde”, indicó Humberto Abanto, abogado de Ciro Castillo-Rojo, a El Comercio.
Humberto Abanto, abogado de Ciro Castillo-Rojo. (Foto: GEC)
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Además, calificó como “un disparate” que Edita Vargas señale que se necesita una resolución del Consejo Regional del Callao para que su antecesor retorne a su cargo. “Ella era una suplente. Tan es así que no tiene una credencial que la acredite como gobernadora, lo cual es una prueba que no ha habido suspensión o vacancia. Lo que ha habido es una simple suplencia y lo que toca es que, al aparecer el titular, la señora se retire”, explicó el abogado.
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Abanto cuestionó que Edita Vargas señale que ha elevado un pedido ante el JNE para que tramite una vacancia de Ciro Castillo-Rojo por un tema de salud, pues recordó que ese no es el procedimiento. “Eso demuestra una profunda ignorancia. La vacancia la declara el Consejo Regional y sube para ser revisada por el JNE. Como el Consejo Regional no le ha dado la razón, ella está bloqueando el ingreso de los consejeros para que no se puedan reunir”, afirmó.
Esta es la denuncia que se presentó contra Edita Vargas.
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En el caso de Ciro Castillo-Rojo se dio la figura de ausencia y no de suspensión o vacancia, indica especialista
Martín D’Azevedo, abogado experto en temas municipales, indicó que en el caso de Ciro Castillo-Rojo se ha configurado un caso de ausencia, pero no de suspensión o vacancia, por lo que le corresponde retomar su cargo de gobernador regional del Callao.
“Como lo señala el artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ante la ausencia forzada por diversas circunstancias, como viajes, enfermedad o una contingencia judicial por prisión preventiva o detención preliminar, él inmediatamente puede volver a asumir el cargo una vez que cese dicho impedimento. No se necesita pronunciamiento del Consejo Regional”, afirmó a El Comercio.
En ese contexto, explicó que Edita Vargas, sucesora de Ciro Castillo-Rojo, asumió el cargo de forma encargada solo para que el GORE Callao siga funcionando administrativamente. D’Azevedo consideró que dicha funcionaria podría ser denunciada, además de usurpación y resistencia a la autoridad, por el delito de omisión a los deberes de función, ya que se niega a entregar el cargo al que le sucede en el mando.
