Ayer, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, bajo la conducción del juez Eduardo Romero Roca, realizó la audiencia final de dirimencia del proceso que inició en el año 2019, cuando un grupo de ciudadanos presentó una demanda de amparo para evitar la explotación de cobre y zinc en una zona estratégica del sistema hídrico de Marcapomacocha. Sedapal, la empresa estatal que abastece de agua potable a la capital, es coadyuvante de la parte demandante desde el 2021.
La primera sentencia del caso se emitió en enero del año 2023 con la decisión de la jueza Rocío del Pilar Rabines, del Sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, de suspender el proyecto y ordenar nuevos estudios técnicos por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem), con apoyo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Con la apelación de la procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Minem, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el proceso se elevó a la segunda instancia. En la Primera Sala Constitucional han votado hasta el momento cuatro jueces: Ordóñez y Tapia a favor de la suspensión del proyecto minero, y los magistrados Cueva y Suárez en contra. Eduardo Romero Roca tendrá el voto definitivo.
“En un primer momento estábamos dos votos a uno. Pero este tipo de resoluciones debe contar con tres votos a favor, por lo que se pidió un tercer juez, que puso el resultado a un empate. Ojalá el juez dirimente haya escuchado razones técnicas que hemos presentado”, explicó a El Comercio José De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Perú y uno de los demandantes.
Argumentos de la audiencia
El proyecto Ariana, de Southern Peaks Mining, propone la explotación de una mina subterránea con reservas de cobre y zinc. “Se ha proyectado una planta de beneficio con capacidad de 2000 TMD de mineral, donde los residuos serán almacenados en un deposito de desmonte y un deposito de relax. El tiempo de vida estimado del proyecto de explotación de Ariana es de 10 años, con un periodo de construcción de 24 meses”, detalla el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en el 2016 por el MINEM,
Durante la audiencia, la abogada de Sedapal, Kathia Zambrano, afirmó que existen al menos cuatro riesgos inminentes, sustentados en informes técnicos, que afectarían la captación, producción y distribución de agua potable para Lima y Callao. El sistema hídrico Marcapomacocha comprende el represamiento de lagunas, bofedales, aguas superficiales y subterráneas, así como el túnel trasandino Cuevas Milloc. Precisamente, Sedapal considera que uno los principales peligros son las posibles afectaciones a dicha infraestructura.
“El túnel trasandino es la única infraestructura que nos permite hacer el trasvase de agua de la cuenca del Atlántico hacia la ciudad de Lima. Implica el 62% de la reserva total de agua. Dos de cada tres limeños que tienen agua ahora, si el túnel se ve afectado, van a quedarse sin agua. Esa es información que Sedapal ha sustentado técnicamente y que ha sido aportada al proceso”, dijo la abogada durante la audiencia.
Los otros riesgos que mencionó Zambrano fueron posibles filtraciones del agua de las lagunas hacia el socavón, lo que reduciría el volumen de agua captada por Sedapal; la posible contaminación con arsénico de las aguas superficiales y subterráneas, así como el entorpecimiento de las proyecciones de almacenamiento de agua por la decisión de la minera de cercar la laguna Sangrar, ubicada dentro de las actividades mineras.
Para De Echave, el monto de inversión que implica el proyecto Ariana no justifica poner en riesgo el abastecimiento de agua. “Se dice que somos contrarios a la inversión y no es cierto. La presa de relaves estaría ubicada a 500 metros del túnel trasandino. El proyecto Ariana es de 140 millones de dólares, de una cartera de inversión minera de 54 mil millones de dólares. Es un proyecto poco relevante, en comparación con el riesgo. Sedapal en los próximos años debe invertir 10 veces más de lo que invertirá Ariana y eso es más importante”, añadió a este Diario.
En la audiencia también participaron los abogados Víctor Oliveros de la PCM, Jorge Torrico del MINEM, y Jeferson Valle de la ANA, quienes defendieron las resoluciones y opiniones técnicas emitidas por sus instancias que autorizaron el proyecto minero. Por ejemplo, Torrico reiteró que la empresa minera no utilizará las aguas subterráneas, mientras que la PCM añadió que los argumentos “en contra del proyecto carecen de evidencia sólida”.
Por su parte, el abogado de Southern Peaks Mining, Claudio Cajina, afirmó que la mina no constituye una “amenaza inminente” y señaló que el proyecto cuenta con todos los permisos y supervisión de los órganos estatales. “Añadió que la operación minera ha sido diseñada para minimizar riesgos y que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado tras un riguroso proceso de evaluación”, según cita el portal Semana Económica.
En noviembre del 2023, Southern Peaks Mining informó que se había decidido reubicar el depósito de relaves del proyecto minero subterráneo Ariana. “Esta reubicación no solo es positiva sino que además utiliza la huella ya aprobada del proyecto y nos permite reducir aun más el impacto que ya era bajo”, dijo Cecilia Rabitsch, vicepresidenta de Asuntos Ambientales, Sociales y Sostenibilidad de Southern Peaks Mining, durante un evento en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
