El fracaso logístico de la ONPE

El fracaso logístico de las elecciones del domingo en Lima no es un accidente. Es, más bien, la consecuencia predecible de un sistema de compras públicas que privilegia el cumplimiento formal por encima de la capacidad operativa real y del riesgo operativo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha atribuido los retrasos en la instalación de mesas a la empresa Servicios Generales Galaga, encargada del transporte del material electoral. Y los hechos son claros: decenas de locales no pudieron abrir a tiempo porque el material simplemente no llegó. Pero detenerse en el proveedor es quedarse en la superficie. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué el Estado peruano termina contratando a un operador que, hasta días antes, estaba buscando camiones en LinkedIn para completar su flota?

Desde una lógica empresarial, esto es incomprensible. Ninguna compañía que dependa de la puntualidad —retail, e-commerce o banca— terceriza su operación crítica en un proveedor que no tiene capacidad instalada comprobada. En Perú operan empresas de última milla altamente sofisticadas que gestionan miles de envíos diarios con trazabilidad en tiempo real. A nivel internacional, operadores como DHL o FedEx han convertido la logística en una ciencia exacta.

El problema no es que estas empresas no existan. El problema es que el sistema de compras del Estado no está diseñado para seleccionarlas. El modelo actual prioriza criterios como el menor precio o el cumplimiento documentario, pero no necesariamente la capacidad de ejecución en escenarios críticos. En ese contexto, empresas con menor escala pueden ganar contratos complejos sin contar con la infraestructura necesaria, trasladando el riesgo operativo al Estado —y, en este caso, a millones de votantes.

El caso de Galaga ilustra esa distorsión: una empresa con historial de contratos públicos, pero con una estructura limitada, terminó asumiendo una operación que requería una red logística robusta y probada.

A esto se suma un segundo frente igual de preocupante: la falla en los equipos de impresión. Reportes desde distintos locales indicaban problemas con impresoras —incluyendo falta de tinta— que afectaron el procesamiento de resultados y extendieron la jornada electoral hasta la madrugada. En cualquier operación empresarial, esto sería inadmisible. La gestión de insumos críticos —desde tinta hasta hardware— es parte básica de la planificación. No es tecnología de frontera; es gestión operativa.

Lo que vemos, entonces, no es un fallo puntual, sino un patrón: decisiones de contratación que no internalizan el costo del riesgo operativo. En el sector privado, un error logístico se traduce en pérdidas, clientes insatisfechos y daño reputacional inmediato. En el sector público, ese costo se diluye.

La lección es clara. Si el Estado quiere ejecutar operaciones complejas —como unas elecciones en una ciudad de más de diez millones de personas— necesita evolucionar su sistema de compras. No basta con procesos transparentes; se requieren procesos inteligentes que prioricen capacidad, experiencia y confiabilidad.

Porque cuando el criterio principal no es quién puede hacerlo mejor, sino quién cumple el expediente, el resultado no es eficiencia. Es, como vimos ayer, caos.