Donald Trump se convirtió el miércoles 1 en el primer presidente estadounidense en funciones en asistir a una audiencia de alegatos orales de la Corte Suprema. Durante una hora y media, el republicano escuchó cómo el principal abogado de apelaciones de su administración defendió ante los jueces del máximo tribunal que limitar la ciudadanía por nacimiento es una medida necesaria para el país.
La inédita presencia del mandatario fue una prueba tangible de lo trascendental del caso para Estados Unidos, donde durante más de un siglo el derecho a la ciudadanía se ha otorgado a todos los nacidos en su suelo o en territorios bajo su jurisdicción, independientemente del estatus migratorio de sus padres, según una interpretación generalizada de la Enmienda 14 de la Constitución del país.
Apenas volvió a la Casa Blanca en enero del 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que pretende modificar la interpretación actual de dicha enmienda, lo que generó amplio rechazo de asociaciones de derechos y se tradujo en batallas legales para frenar su aplicación.
La audiencia de alegatos realizada esta semana en la máxima corte, de mayoría conservadora, vuelve a poner el debate sobre la mesa y aumenta la expectativa ciudadana cuando quedan pocos meses para conocer la decisión final de la Corte Suprema, que podría afectar a millones de hijos de personas indocumentadas. Estos son los aspectos claves a tener en cuenta.
Donald Trump firmó la orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento en su primer día de regreso a la presidencia, como parte de su agresiva política contra la inmigración irregular. La medida estipulaba que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encontraran en el país ilegalmente o con visados temporales no adquirirían la ciudadanía estadounidense automáticamente.
La orden de Trump, que fue bloqueada por tribunales inferiores y hasta ahora no ha entrado en vigor, rompería con la aplicación que se le hado a la Enmienda 14 de la Constitución del país, ratificada en 1868, tras la Guerra Civil, que le otorga la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense, con excepciones limitadas para los hijos de diplomáticos extranjeros y para quienes nacen de una fuerza extranjera de ocupación.
Donald Trump firmó la orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento en su primer día de regreso a la presidencia. (Foto: AFP)
/ ALEX BRANDON
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El diario estadounidense “The New York Times” explica que la disposición clave de la enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción” son ciudadanas. El Congreso de ese país reprodujo este lenguaje en una ley de 1952 y, durante más de cien años, se ha interpretado en fallos judiciales y acciones ejecutivas como una garantía de ciudadanía por derecho de nacimiento.
El gobierno sostiene que la visión común sobre la ciudadanía es errónea y defiende que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
En su presentación del miércoles, el procurador general del gobierno, John Sauer, sostuvo que “la ciudadanía por nacimiento sin restricciones contradice la práctica de la abrumadora mayoría de las naciones modernas”. “Funciona como un poderoso factor de atracción para la inmigración ilegal y recompensa a los extranjeros ilegales que no solo violan las leyes de inmigración, sino que además pasan por delante de quienes cumplen con las normas”, declaró.
Trump solo estuvo presente durante la defensa de argumentos por parte de Sauer y expresó sus comentarios posteriormente, a través de su red Truth Social: “¡Somos el único país del mundo lo suficientemente estúpido como para permitir la ciudadanía ‘por nacimiento’!”.
Más de 30 países garantizan la ciudadanía a los niños nacidos en su territorio.
El decreto de Trump recibió críticas desde que se firmó. Expertos legales, defensores de derechos humanos y varias organizaciones defienden que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional que no puede ser derogado por decisión presidencial.
La batalla se ha librado fuertemente en el terreno legal, con demandas interpuestas en varias partes del país para bloquear la orden ejecutiva. Al menos cuatro instancias judiciales inferiores a la Corte Suprema han declarado que el decreto de Trump es inconstitucional, y la orden nunca ha entrado en vigencia.
Las decisiones han invocado el fallo de 1898 del máximo tribunal en el caso Wong Kim Ark, que determinó que el hijo nacido en Estados Unidos de ciudadanos chinos era ciudadano.
Una de las demandas presentadas contra la orden ejecutiva de Trump es el caso que se debatió el miércoles 1 ante el tribunal. En la audiencia, los jueces escucharon la apelación del gobierno contra un tribunal de Nueva Hampshire que anuló las restricciones a la ciudadanía.
“Tenemos al presidente de Estados Unidos intentando reinterpretar radicalmente la definición de la ciudadanía estadounidense”, declaró Wang, directora jurídica de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que respalda la demanda contra Trump en el Supremo.
Manifestantes se concentran en apoyo de la ciudadanía por nacimiento frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos mientras el presidente Donald Trump asiste a las vistas orales en Washington D. C. el 1 de abril. (Foto: AFP)
/ KENT NISHIMURA
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Por su parte, Letitia James, fiscal general de Nueva York, que integra la coalición, afirmó en X que la coalición de fiscales generales de EE.UU. está confiada en que la Corte Suprema dictaminará que la orden ejecutiva de Trump viola la Constitución.
La politóloga María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando, apunta que esta no es la primera vez que se discute el caso en la Corte Suprema e históricamente los debates siempre han terminado en la misma decisión. “La Constitución es clara, no se discute el estatus migratorio de los padres, el enfoque está en el nacimiento del individuo en el territorio, indistintamente de las condiciones de sus padres”, dice a El Comercio.
La decisión de la Corte Suprema sobre este histórico caso aún es incierta. Sin embargo, durante las deliberaciones del miércoles, la mayoría de los magistrados del máximo tribunal se mostraron escépticos ante los argumentos del gobierno de Trump.
Incluso miembros de la mayoría conservadora de la corte (6 frente a 3) expresaron sus dudas y reparos ante la orden ejecutiva. Al menos cinco magistrados plantearon preguntas sobre las numerosas referencias al domicilio en la sentencia de 1898, luego de que Sauer declarara que, dado que los inmigrantes ilegales y los visitantes temporales no están “domiciliados” en el país, sus recién nacidos no son ciudadanos.
Como recoge “The New York Times”, la jueza Amy Coney Barrett afirmó que la postura del gobierno podría ser “complicada en algunos casos”, y puso como ejemplo a los niños expósitos: bebés abandonados poco después de nacer cuyos padres son desconocidos. “¿Qué pasa si no se sabe quiénes son los padres?”, preguntó. ¿Acaso eso privaría a un bebé de la ciudadanía estadounidense?
Manifestantes se concentran en apoyo de la ciudadanía por nacimiento frente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos mientras el presidente Donald Trump asiste a las vistas orales en Washington D. C. el 1 de abril de 2026. Foto: Kent Nishimura / AFP
/ KENT NISHIMURA
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Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson, cuestionó cómo el gobierno determinaría quién tiene derecho a la ciudadanía y quién no: “¿Esto ocurrirá en la sala de partos?”, preguntó.
Pero los magistrados también increparon con contundencia a la otra parte. El juez Clarence Thomas pareció más alineado con la postura de Trump, al enfatizar que la Enmienda 14 tenía el propósito de otorgar ciudadanía a las personas negras, incluidos los antiguos esclavos.
“¿Cuánto de los debates en torno a la Enmienda 14 tenía algo que ver con la inmigración?”, preguntó el magistrado.
Para Puerta Riera, pareciera que hay al menos tres de los seis votos del lado conservador en contra de la orden ejecutiva de Trump. “Sin embargo, esta Corte Suprema, quizás con la excepción de la decisión sobre los aranceles, ha sido consistente en tomar partido por el presidente. Entonces, a mí no me extrañaría que la Corte Suprema falle a favor de Trump. Pero por las preguntas y la actitud de los magistrados, no pareciera que estén muy convencidos del planteamiento constitucional que presenta el caso de parte del presidente”, señala.
Si bien la administración Trump ha afirmado que la orden ejecutiva afectaría a los bebés nacidos en el futuro, expertos legales y detractores de la medida han alertado que el futuro de millones de niños nacidos en Estados Unidos está en juego.
Limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento podría privar de la promesa de ciudadanía a los aproximadamente 200.000 bebés que nacen cada año en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados, señala “The New York Times”.
Cerca de 10 millones de inmigrantes hispanos se encontraban en situación irregular en Estados Unidos en el 2023, según cifras del centro de estudios Pew Center.
“Estamos hablando de cientos de miles de niños que se van a quedar sin ciudadanía. Y eso, en algunos casos los va a excluir, inclusive, el acceso a la educación y a la atención médica. Pero, además de eso, hay una gran cantidad de gente que no puede salir del país porque no tienen documentos de sus países de origen, como es el caso de muchos venezolanos”, advierte Puerta.
Un estudio realizado por investigadores de The Pennsylvania State University especializados en inmigración señala que si se elimina la ciudadanía por derecho de nacimiento, el número de niños nacidos sin un estatus legal definido en los Estados Unidos podría alcanzar los 6,4 millones para 2050.
La investigación, publicada el 31 de marzo en la revista Demography, concluye también que el mayor impacto absoluto del cambio de política afectaría a los inmigrantes latinos, quienes para el 2050 constituirían más del 90% de las personas nacidas en EE. UU. sin estatus legal.
“Sin embargo, la población asiática indocumentada experimentaría el mayor crecimiento relativo de cualquier otro grupo de inmigrantes: 41 nacimientos “indocumentados” por cada 1000 asiáticos sin estatus legal, en comparación con 17 nacimientos por cada 1000 latinos sin estatus legal”, apunta el estudio.
Además, Puerta ve otro problema a largo plazo si la orden ejecutiva de Trump se llega a aplicar. “Si esto se deja pasar, se le estaría dando la espalda a la Constitución. Porque es la Enmienda 14 la que garantiza la ciudadanía por nacimiento. Esto no es una ley. Y si se da una decisión que revoque prácticamente la Enmienda 14, el gobierno va a poder utilizar ese precedente para revocar la ciudadanía a quien ellos quieran”, señala.
La limitación a la ciudadanía por nacimiento es la primera política de Trump relacionada con su lucha contra la inmigración que llega a la Corte Suprema para un fallo final.
Tras la presentación del abogado de apelaciones del gobierno, se espera que la decisión del máximo tribunal, que será histórica, se conozca a finales de junio o principios de julio.
Pero incluso si los jueces no le dan la razón a Trump, el presidente aún puede insistir con su reclamo. Según “The New York Times”, si el tribunal rechaza la orden ejecutiva por considerarla inconstitucional, el presidente podría solicitar al Congreso la aprobación de una ley que declare que los hijos de inmigrantes indocumentados y residentes temporales no son ciudadanos.
“Esto, como mínimo, mantendría vigente el debate político. De tener éxito, se generaría un nuevo conflicto constitucional que la Corte Suprema tendría que resolver, poniendo a prueba una vez más el verdadero significado de la Enmienda 14”, explica.
