La mañana del 23 de junio del 2020 —en plena pandemia del COVID-19— el guardián del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) encontró una escena extraña al abrir las puertas del local institucional: Oficinas abiertas, un ligero desorden y las llaves en un lugar diferente al que las dejó la noche anterior.
Poco antes, durante la madrugada, desconocidos habían ingresado al edificio sin forzar puertas ni ventanas. El objetivo no apuntaba al robo de equipos. Según la denuncia policial a la que accedió este Diario, lo que se buscaba era robar toda la información almacenada en las cuentas contables del colegio.
“La solicitante (denunciante) indica que al parecer los hechos solo se habrían producido con la finalidad de obtener información contable del colegio”, reza en la denuncia policial.
Esos registros contables eran vitales —según fuentes consultadas— porque de ahí desprendía todo lo relacionado a los depósitos realizados por las colegiaturas y diplomados ante la dirección del ICAL, que estaba a cargo del entonces decano José María Balcázar.
En ese momento, la Fiscalía investigaba a Balcázar Zelada de forma preliminar por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Es decir, por negarse a dar cuenta del dinero y otros montos ingresados en su administración.
Como toda indagación, el Ministerio Público requería de elementos probatorios.
Un mes después del extraño robo —el 31 de julio del 2020—, curiosamente, la investigación por fraude se archivó. Pero en 2021 el fiscal superior penal Julio Enrique Morales revocó el archivo y varió el delito de fraude por apropiación ilícita.
Por este último, Balcázar fue citado a juicio oral el próximo 16 de junio. La Fiscalía apunta a que el hoy presidente de la República se apropió del dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque.
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Cierto o no, con el tiempo se supo que Balcázar abrió en el 2019, en medio de su gestión, dos cuentas de ahorros en la Caja Trujillo. En ellas, según una auditoría interna del 2021 en el ICAL, que forma parte del expediente judicial, recibió depósitos por S/889’766.70, dinero que debía ingresar directamente a la cuenta bancaria del Colegio de Abogados.
—La historia e intervención policial en el ICAL—
Ahora bien, aquel 23 de junio del 2020, a las 7:15 de la mañana, el guardián diurno de nombre Luis Chacón Vigil se topó con la escena del robo e informó rápidamente a Sinthia Pamela Renquifo, entonces cajera y encargada de la contabilidad del ICAL.
Según fuentes de este Diario, Renquifo era persona de confianza de Balcázar.
Tras la llamada de Chacón, la mujer acudió —una hora después— a la Policía y denunció el hecho, a lo que el personal policial conformado por el suboficial de segunda Frank Sánchez Lino y el suboficial de tercera Favio Barboza se constituyeron en el lugar.
En la zona el guardián relató que al ingresar al local notó que la puerta de lunas tipo mampara estaba abierta y que los demás accesos habían sido manipulados.
Dijo que encontró abiertas las oficinas de Informática, Colegiatura, Archivo, Contabilidad y Caja.
Cuando la Policía realizó la constatación respectiva, en el segundo piso del local, encontró que habían dejado abandonado un taladro color negro, el cargador de un celular, una silla plástica y un monitor del área Informática.
El resto de computadoras, que pertenecían a otras áreas, estaban en sus lugares.
Este Diario se comunicó con Chacón Vigil y nos confirmó el hecho y la existencia de la denuncia. Pero al ser consultado por el detalle de esta, solo se limitó a decir que “toda la denuncia está interpuesta en la Comisaría PNP César Llatas Castro”. Luego nos colgó.
El día del robo, Renquifo aseguró a la Policía que “prácticamente no se ha sustraído especie alguna, pero sí se ha manipulado la información del área de Informática, desconociéndose quién o quiénes hayan sido los autores del delito”.
“La solicitante indica que al parecer los hechos solo se habrían producido con la finalidad de obtener información contable del colegio”, reza la denuncia policial.
Dejó claro que en esa fecha —el 23 de junio del 2020— el ICAL no contaba con guardián nocturno, solo uno que veía la seguridad por la mañana y tarde.
“Por razones actuales (epidemia) y de economía se ha prescindido de los servicios del otro guardián (nocturno)”, refirió.
En la ampliación de su manifestación la mujer agregó que el o los ladrones se llevaron S/15.775, monto recaudado de las colegiaturas del 14 de marzo al 19 de junio del 2020 y un “switch” de Internet.
Siete días después de la denuncia, esta fue elevada a la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Chiclayo a las 6 y 26 de la tarde.
“Acta de intervención y N° de libro 1594, por motivo de Patrimonio (Delito) y hurto agravado”, figura en el sistema policial.
—“Balcázar señalaba: No se metan con mis diplomados”—
Cuando la Fiscalía citó —en 2021— a algunos testigos como parte de la investigación por apropiación ilícita, el exvicedecano Yuri Díaz, el mismo que ingresó al ICAL con Balcázar Zelada en el periodo 2019-2020, testificó lo siguiente:
“Balcázar siempre se negó [a bancarizar los dineros]. Él siempre se negó. Es más, en oportunidades señalaba que ‘no se metan con mis diplomados’”.
Sostuvo que los abogados que se colegiaban depositaban en las cuentas de Balcázar por concepto de colegiatura un monto de S/1510. “Lo que no sabemos es lo que ha hecho con ese dinero”, refirió.
Testimonio de Yuri Díaz en caso Balcázar por depósitos.
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Fuentes de El Comercio indicaron que el robo habría sido una estrategia orquestada por Balcázar para no entregar información que iba a ser recabada por la Fiscalía y frenar las indagaciones en su contra a fin de acreditar que no existían esas cuentas contables para investigarlo.
Al ser consultado por este Diario, el exdecano del ICAL —en 2021— Carlos Manuel Martinez Oblitas indicó que esa denuncia no tenía sentido y que el real “objetivo habría sido ocultar información para después no esclarecer los montos de los ingresos”.
No obstante, refirió que eso podrá esclarecer una investigación.
Ahora bien, Martínez recibió el 1 de junio del 2021 una auditoría a las cuentas del ICAL realizado por la Corporación de Asesores y Consultores Empresariales S.A.C.
En ella se le informó que tras la información revisada se comprobó “la inexistencia de libros contables y de los estados financieros de los años 2019 y 2020″.
