Unidad de Investigación.
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La resolución judicial del caso coloca a Jhuliana Carbonel Carbonel, alias ‘Jhuly’ (y candidata al Congreso por Juntos por el Perú), como una de las piezas maestras en la estructura de ‘Los Pulpos de La Victoria’. La Fiscalía la identifica como la lugarteniente de máxima confianza del cabecilla alias ‘Pulpo’, encargada de dirigir la operatividad del cobro de cupos en los Dameros A y B del emporio comercial.
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El expediente señala que ‘Jhuly’ no era una colaboradora menor; ella gestionaba la caja de las extorsiones y tenía a su mando a un grupo de mujeres que realizaban el cobro en las calles.
Su poder era tal que, junto a fiscalizadores municipales implicados, decidía quién podía ocupar el espacio público y quién debía ser desalojado por no pagar el cupo.
Esta red, que funcionó entre 2023 y 2025, habría amasado más de S/ 63 millones de soles bajo la presunta complicidad del alcalde de La Victoria, Rubén Cano.
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Carbonel funcionaba como el nexo clave entre la banda criminal y la Subgerencia de Movilidad Urbana de La Victoria.
El peritaje contable a la hoy candidata de Juntos por el Perú (JPP) detectó ingresos no justificados por S/ 537 mil, dinero que manejaba mientras lideraba este sistema de extorsión que utilizaba a los propios trabajadores municipales como fachada.
La investigación de la DIVIAC también documentó el uso de billeteras digitales como Yape y Plin para centralizar los fondos, además de transferencias realizadas por la propia Carbonel hacia Argentina.
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En paralelo a estas operaciones, ‘Jhuly’ seguía con su carrera política: registros de la ONPE muestran aportes a su propia campaña en febrero de 2026, lo que pone bajo la lupa el origen del dinero que financió su postulación.
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Tras su captura, Jhuliana Carbonel cumple una detención preliminar por 10 días. En su resolución, el juzgado advierte un alto peligro de fuga y obstaculización, señalando que la candidata no cuenta con arraigos y podría utilizar el dinero ilícito para comprar o amenazar a testigos.
Incluso, el documento alerta sobre posibles atentados contra la vida de quienes colaboran con la justicia para evitar que aporten pruebas.
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Durante este tiempo, la fiscalía revisará los celulares y documentos incautados en su vivienda para sustentar un pedido de prisión preventiva de 36 meses. Debido a su rol como jefa operativa y los vínculos con homicidios y extorsiones, la justicia señala que Carbonel podría recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.
La Fiscalía busca demostrar que el control territorial que ejercía en Gamarra no era solo un delito de calle, sino una operación de alto nivel infiltrada en la propia gestión municipal.
