Unidad de Investigación.
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Carbonel funcionaba como el nexo clave entre la banda criminal y la Subgerencia de Movilidad Urbana de La Victoria.
El peritaje contable a la hoy candidata de Juntos por el Perú (JPP) detectó ingresos no justificados por S/ 537 mil, dinero que manejaba mientras lideraba este sistema de extorsión que utilizaba a los propios trabajadores municipales como fachada.
La investigación de la DIVIAC también documentó el uso de billeteras digitales como Yape y Plin para centralizar los fondos, además de transferencias realizadas por la propia Carbonel hacia Argentina.
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En paralelo a estas operaciones, ‘Jhuly’ seguía con su carrera política: registros de la ONPE muestran aportes a su propia campaña en febrero de 2026, lo que pone bajo la lupa el origen del dinero que financió su postulación.
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Tras su captura, Jhuliana Carbonel cumple una detención preliminar por 10 días. En su resolución, el juzgado advierte un alto peligro de fuga y obstaculización, señalando que la candidata no cuenta con arraigos y podría utilizar el dinero ilícito para comprar o amenazar a testigos.
Incluso, el documento alerta sobre posibles atentados contra la vida de quienes colaboran con la justicia para evitar que aporten pruebas.
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Durante este tiempo, la fiscalía revisará los celulares y documentos incautados en su vivienda para sustentar un pedido de prisión preventiva de 36 meses. Debido a su rol como jefa operativa y los vínculos con homicidios y extorsiones, la justicia señala que Carbonel podría recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.
La Fiscalía busca demostrar que el control territorial que ejercía en Gamarra no era solo un delito de calle, sino una operación de alto nivel infiltrada en la propia gestión municipal.
