Unidad de Investigación.
El alcalde de La Victoria, Rubén Cano Altez (Renovación Popular), evitó la detención preliminar durante el megaoperativo de la madrugada de ayer, pero el expediente del caso ‘Los Pulpos de La Victoria’ detalla una seria imputación en su contra.
Según la resolución, a la que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, el Poder Judicial desestimó el pedido de captura inmediata al calificarlo como una medida ‘desproporcionada’ para esta parte del proceso.
Sin embargo, el magistrado sí declaró fundado el allanamiento de su inmueble en La Molina y el levantamiento del secreto de las comunicaciones, medidas consideradas ‘idóneas y útiles’ para asegurar pruebas de su presunta participación como facilitador de la red criminal.
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De acuerdo con la tesis fiscal y la ampliación de la declaración del Testigo Clave N° 22-2024, Cano Altez habría puesto el aparato municipal a disposición de la organización delictiva liderada por Juan Manuel Núñez Castro, alias ‘Pulpo’.
El documento judicial señala que, por orden del alcalde, se designó a Wilson Mego Fuentes en el área administrativa de la Subgerencia de Fiscalización con la finalidad de encargarse de la administración del personal y recibir al personal no calificado encomendado por Cano Altez, alterando los contratos como locadores de servicio.
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El testigo afirma que se contrató personal de fiscalizadores previo pago de S/ 300 para asegurar su ingreso, asignándoles sueldos elevados y sin pasar los filtros de denuncias policiales o antecedentes penales.
El testimonio incluido en el expediente describe una preocupante infiltración institucional. El Testigo Protegido detalló ante las autoridades que el 23 de octubre de 2024, Iván Rojas, asesor del alcalde Rubén Cano, ingresó junto al cabecilla criminal alias ‘Pulpo’ y otros miembros de la organización a la oficina del Gerente de Fiscalización y Control.
El objetivo de esta cita de coordinación era brindar supuesta seguridad y controlar el Damero B de Gamarra, lo que permitió que luego, aproximadamente 24 personas vinculadas a la red delictiva ingresaran a trabajar en dicha subgerencia.
Asimismo, la resolución judicial vincula a la gestión municipal con las operaciones ilícitas dirigidas por Oscar Carbonel Vargas, alias ‘Chopper’. El grupo delictivo bajo su mando operaba con total impunidad en las calles del Damero A, camuflados bajo el cargo de fiscalizadores y supervisores para ejecutar el cobro de cupos extorsivos a miles de comerciantes informales. Esta maquinaria delictiva acumuló un botín estimado de S/ 63.2 millones de soles entre 2023 y 2025.
Tras la incautación de documentos y equipos electrónicos en la vivienda del burgomaestre, el caso entra ahora a una fase determinante de peritaje técnico.
El análisis forense a las comunicaciones del alcalde buscará corroborar la veracidad de los testimonios de los colaboradores y el presunto uso de la estructura municipal para encubrir la extorsión.
Por su parte, Rubén Cano ha rechazado tajantemente las acusaciones, afirmando que la investigación responde a “una venganza de las mafias organizadas en La Victoria; justamente, son organizaciones que están incrustadas hace muchos años”.
