El Congreso aprobó una ley por insistencia y esta salió publicada en “El Peruano”, pero con modificaciones que no habían sido vistas en el pleno. El escandaloso contrabando textual fue revelado esta semana por el periodista Martin Hidalgo en un informe publicado en El Comercio. El Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, intentó desmarcarse y se limitó a citar un comunicado de Editora Perú en el que se atribuía lo ocurrido a “un error humano”. Era la vieja historia de la pita que seguramente se romperá por el lado más débil. Al día siguiente, se publicó una fe de erratas en el diario oficial con el texto de la norma original que aprobó el Parlamento.
Si el Gobierno cree que con eso puede dar vuelta a la página, se equivoca. Un “error humano” puede ser digitar mal una fecha o escribir incorrectamente un apellido. Pero a la Ley de Desarrollo Agrícola del Cáñamo para Uso Industrial (Ley 32195) se le hicieron hasta cuatro cambios de fondo en tres artículos y una disposición complementaria. Lo que ha ocurrido es gravísimo, pero los responsables, o quienes deberían asumir las responsabilidades, quieren hacernos creer que se trata de simples errores de tipeo.
Este hecho genera justificables suspicacias. ¿Qué otras leyes habrán sido adulteradas sin que nadie lo note?, se preguntarán algunos. La desconfianza de algunos congresistas, justificada en este caso, se ha traducido en exigencias para que se investigue el hecho. Además, la Mesa Directiva evaluará en una próxima sesión la creación de una comisión que se encargue de revisar si otras normas del Parlamento sufrieron alteraciones.
Que una mano desconocida esté modificando leyes antes de su publicación es un hecho que no debe quedar impune. Algunos penalistas señalan que incluso podría configurarse un posible delito contra la fe pública. Lo peor de todo es que, si nadie se daba cuenta, seguiría vigente una ley con fragmentos que nunca se aprobaron.
