El crimen ya no tiene límites: más homicidios a balazos y dentro de hogares de las víctimas

Un día después del crimen, el Ejecutivo declaró en emergencia Lima y Callao por un plazo de 30 días en respuesta a la ola de homicidios registrada desde inicios de este año. Los primeros resultados de la declaratoria fueron tres personas fueron asesinadas en distintos puntos de la capital.

La primera víctima fue Edson Alvarado Pérez, de tan solo 23 años. Según testigos, el joven se encontraba recogiendo botellas y cartones en la avenida El Triunfo, en San Juan de Miraflores, cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon a quemarropa.

En el Callao, específicamente en el distrito de La Perla, una mujer que trabajaba llenando combis fue asesinada de varios disparos por dos sujetos desconocidos. La víctima fue identificada como Ángela Escate.

Esa misma noche, en Villa El Salvador, un chofer de la ruta San Martín de Porres-Villa El Salvador también perdió la vida a manos de sicarios que no dudaron en abrir fuego contra él y su unidad de transporte.

Estos son solo algunos de los cientos de homicidios registrados en lo que va del año. Según información del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud (Minsa), entre el 1 de enero y el 21 de marzo se han cometido 490 homicidios a nivel nacional. Esto equivale a un promedio de seis asesinatos por día, 42 por semana y uno cada 4 horas. La cifra supera los 467 homicidios registrados en el primer trimestre del año pasado.

Es importante resaltar que, si se mantiene el promedio de 6 homicidios diarios, en los 10 días restantes de marzo se podrían sumar 60 víctimas más, lo que daría un total de 550 homicidios al cierre del presente mes. Esto representaría un incremento de 83 casos en comparación con el primer trimestre del año anterior.

Uno de los datos más alarmantes es el uso de armas de fuego en estos crímenes. Este año, aproximadamente 73 (72.65%) de cada 100 asesinatos fueron cometidos a balazos. Esto representa un aumento de 9.65 puntos porcentuales en comparación con el 2022, cuando el 63.0% de los homicidios se ejecutaban con armas de fuego.

Pero las armas de fuego no son los únicos medios utilizados en estos crímenes. Este año, también se han registrado 23 asesinatos con arma blanca, 18 por asfixia y 93 con otros métodos. En cuanto a los lugares donde ocurrieron estos homicidios, los crímenes dentro de casas aumentaron en 13 casos, pasando de 48 en el primer trimestre del año pasado a 61 en el mismo periodo de este año. En tanto, 186 se registraron en la vía pública y 145 en establecimientos de salud.

En lo que va del año, 171 de las víctimas de homicidio eran de Lima, 53 de La Libertad y 46 de la Provincia Constitucional del Callao. Otras regiones con cifras elevadas incluyen Piura (36), Ica (21) y Puno (17). Además, hasta la fecha, 28 menores de edad han sido víctimas de homicidio en el país, al menos 11 eran de Lima.

En emergencia

El gobierno liderado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha mantenido a Lima y Callao bajo estado de emergencia por seguridad ciudadana durante aproximadamente un tercio de su mandato. Así lo revelaron cifras analizadas por el equipo de Periodismo de Datos de El Comercio, EC Data.

Desde 2023, el país ha estado bajo estado de excepción durante 253 de los 863 días de la actual gestión, lo que equivale al 29% del tiempo de gobierno de Boluarte, incluyendo la vigencia del decreto en curso, que finalizará el 17 de abril de este año.

La primera declaratoria de emergencia se aplicó durante 103 días en su primer año de gestión. En 2024, la duración de la medida aumentó a 109 días. En lo que va de 2025, ya se han acumulado 41 días bajo esta restricción, cifra que podría extenderse si el reciente decreto es prorrogado.

A pesar de la constante aplicación de estados de emergencia como una estrategia del Ejecutivo para frenar la criminalidad, los homicidios continúan en incremento. Expertos consultados consideraron que en la actualidad este delito podrían responder a una lucha de bandas criminales por el control territorial, las extorsiones y otros elementos.

Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia, explicó a El Comercio que actualmente existe una pugna entre diversas bandas criminales pequeñas que buscan controlar ciertos territorios, actividades económicas y sectores informales.

Según Zevallos, uno de los principales problemas es la falta de control territorial por parte de las autoridades. Sin embargo, advirtió que la situación no se resolverá solo con capturas, especialmente cuando existe una deficiente articulación entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las municipalidades.

Por su parte, el experto en crimen organizado y seguridad ciudadana Frank Casas indicó que este incremento en la violencia homicida está más relacionado con la extorsión. Al igual que Zevallos, resaltó que en la actualidad predominan estructuras criminales más pequeñas, difusas y violentas.

“El estado de emergencia podría funcionar siempre que hayas identificado a aquellas organizaciones criminales medianas en sus posiciones, y entonces se puede aplicar la medida para facilitar la operación y capturarlos rápidamente”, afirmó Casas.

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, explicó que la alza de casos de homicidios está relacionada al proceso de consolidación de poder territorial de las franquicias del crimen internacional organizado ante la ineficacia del Estado para responder a la ola criminal.

Asimismo, consideró que se ha usado los estados de emergencia como una herramienta de gestión pública, desnaturalizando su función, debilitando a la policía y a la fuerza armada. “El apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía se convierte en una muletilla para cubrir ineficiencias de una institución que necesita ser reestructurada y por eso no funciona”, declaró.

El experto declaró que el orden interno ha sido sobrepasado porque el Estado no puede asegurar la vida de los peruanos en zonas dominadas por el crimen. En consecuencia, el problema ha escalado de seguridad ciudadana a nacional.