Esta semana ha quedado confirmado que nuestras autoridades no leen lo que firman. No saben lo que promulgan. No tienen idea de lo que están votando. Sean congresistas, ministros de Estado o la propia presidenta, no se fijan en lo que están aprobando.
La historia detrás de la eliminación de la detención preliminar en no flagrancia –lo que favorece no solo a los investigados por corrupción, sino también a secuestradores, violadores, sicarios y extorsionadores– ha puesto en evidencia que cualquiera puede camuflar lo que se le da la gana en una ley y nadie se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde.
Tal como ha contado Víctor Reyes en un informe publicado el viernes en El Comercio, el padre de la abominación legal no es otro que, para variar, Waldemar Cerrón. El autor de otras tantas nefastas iniciativas había presentado en mayo un proyecto para eliminar la detención preliminar. Luego, en la Comisión de Justicia, que preside otro perulibrista, Américo Gonza, fue acumulado con otro proyecto de Fuerza Popular y contrabandeado como una disposición complementaria en una ley supuestamente hecha para proteger a la Policía Nacional.
El texto fue aprobado en la comisión y posteriormente en el pleno. Nadie lo mencionó durante los debates. Nadie reparó en la trampa insertada al final de la ley. Ni los que votaron a favor ni los que lo hicieron en contra. El escándalo recién estalló una vez que fue promulgada por el Ejecutivo, que le dio el visto bueno sin observaciones. Luego del aluvión de críticas, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, salió del letargo y dijo que evaluarán la norma. En otras palabras, tenemos un gobierno que primero promulga y después evalúa.
El sábado en la madrugada, el Congreso dio marcha atrás y restableció la detención preliminar para casos de no flagrancia. Pero, incluso así, sería bueno que ahora sí lean la ley completa. Podría haber más sorpresas.
