El miércoles en la noche, en caliente, entrevisté a Muñante tras la votación con la que el Congreso quiso creer que cerraba el asunto. Los observadores estábamos con una duda capital: ¿los años de pena de los delitos por lo que se puede concebir una organización criminal son 4 o 5? La diferencia es crucial pues si son 5 quedan fuera delitos como minería ilegal o tráfico de influencias. “Quedó en 5″, me dijo Muñante sosteniendo un proyecto de su bancada que pedía 4. “Pero vi a Arturo Alegría de Fuerza Popular pedir que sean 4, allí ya tenían mayoría, ¿por qué no lo cambiaron a 4″, repregunté. “Pero esa no fue su posición [de Alegría] en la Junta de Portavoces”, me replicó. “Ya alguien de mi bancada está haciendo un proyecto para aumentar las penas a minería ilegal”, agregó. Alegría ganó a Renovación porque el jueves por la mañana ingresó un proyecto con la misma idea.
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En esta insólita carrera para decidir que mejor no hay que decidir y por modificar hasta torcerlo todo con tal de no derogar nada; se le va la vida al Congreso. Que todas las bancadas tengan en sus filas o en las de sus partidos, a líderes investigados y allanables, pesa como plomo y como para dejarse llevar por la agenda ‘anti lawfare’ de Vladimir Cerrón y Perú Libre. No por gusto la mayoría dejó que Isaac Mita, de PL, presida la Comisión de Justicia. Fuentes ligadas a la mesa directiva me contaron que trataron de dar ayuda a los atribulados asesores de Mita. La ex procuradora Katherine Ampuero estuvo entre quienes tuvieron ese cometido. Fueron vanos sus esfuerzos porque en el fondo, el desconcierto y la indecisión de Mita, representó muy bien lo que en el fondo querían sus líderes y portavoces. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, por su lado, vio que su propuesta de mesas técnicas para legislar sirve para contar con buenos insumos legislativos, ¡pero queda corta cuando hay presión y apuro!
Igual no va a gustar
El día 11 marcó a los transportistas y extinguió cualquier ilusión que pudo despertarles el Congreso. Roberto Sánchez, portavoz de la bancada de Juntos Por el Perú, una de los tres grupos de izquierda que pedían derogar sin darle más vueltas al asunto, me contó lo que vio el 11 cuando se entrampó el debate sobre si derogar o modificar en el pleno extraordinario. “Aprovechamos el cuarto intermedio en el que la Comisión de Justicia tenía que preparar el texto sustitutorio para ir a comer algo. Alguien me dice que había una Junta de Portavoces, pero soy portavoz y no me habían invitado. Fui a buscarla y resultó que era una reunión de la mayoría congresal y por lo que sé, hubo gritos y desencuentros y no llegaron a nada”. La ‘nada’ me la describió Julio Campos, el más visible de los líderes transportistas: “Nos pidieron esperar porque iban a llegar a un acuerdo, nos la pasamos esperando en la calle y a las 11:30pm salen y nos dicen que hasta ahí fue, que no han llegado a ningún acuerdo. Nos quedamos a pasar la noche, queríamos hacer huelga de hambre”.
Tras el desaire del crucial día 11, empezamos la semana con amenazas de un paro nacional en el que confluirían varios gremios. Aplacada la ira, los dirigentes, aprendiendo la lección de no lanzar fechas ni convocatorias a tontas y locas sin antes pulsear a las bases y pulsearse entre ellos, se limitaron a decir que el 16 realizarían una asamblea y tomarían una decisión. La asamblea coincidió con el pleno extraordinario que narramos arriba. No hubo derogación de la Ley 32108 sino modificación. Tampoco se archivó la iniciativa sobre ‘terrorismo urbano’ que presentó el gobierno. Este proyecto de ley y los varios similares presentados por congresistas, se convirtieron en un solo artículo de ‘criminalidad sistemática’ (un término alternativo que evita confusiones de narrativas históricas sobre el terrorismo) que pena con cadena perpetua a quienes “mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, armamentos explosivos u otros de similares características, promueva o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella”.
La propuesta del Ejecutivo había ardido en el alma a los dirigentes. Si bien el término de ‘terrorismo urbano’ como membrete para aumentar penas no les molestaba (es más, fue una de las promesas que les hizo el gobierno durante el paro del 26 de setiembre); el hecho de que se incluyera la toma de carreteras como un acto terrorista, les sonó a amenaza de criminalización de su protesta. Esa mención explícita a la toma de carreteras se ha quitado en el artículo único aprobado el miércoles. Pero tengamos en cuenta que la interrupción de vías es una conducta tipificada como delito de extorsión en el Art. 200 del Código Penal. De esa forma, si la toma se realiza con amenazas explosivas, ello se podría castigar hasta con cadena perpetua. Por supuesto, fiscales y jueces tendrían que hacer una interpretación severísima de la ley para llegar a tales extremos.
La asamblea de los gremios que protestan decidió paralizar el miércoles 23 (por otro lado, la CGTP y la Federación de Construcción Civil han anunciado un paro y marchas para el 24). En la conferencia de prensa de los que convocan al paro del 23, se insistió en pedir la derogación de la Ley 32108 y el archivo del ‘terrorismo urbano’, dando por inútiles los cambios hechos en el Congreso. A terquedad congresal, terquedad de la protesta. Probablemente, el paso de los días haga ver a los dirigentes gremiales que el Congreso atendió sus reclamos a su manera y dejen de marchar hacia la Plaza Bolívar para apuntar más arriba, al gobierno y al sistema. La presión desnudó nuevos flancos y mascaradas congresales: debatir para mecer sin voluntad de llegar a acuerdos ni correlato entre lo ofrecido y lo votado, con cada bancada denunciando la hipocresía ajena y ocultando la suya: ‘yo quería A pero se votó B por tu culpa’; ‘mentira, yo quería A y por tu culpa ha salido B’. Tomen nota.Delia Espinoza será la nueva fiscal de la Nación: ¿Cómo fue la elección?
