El Senado brasileño aprobó este miércoles el proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.
El proyecto, que había sido aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, contó con 48 votos a favor y 25 en contra, y ahora será enviado a sanción presidencial.
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Entre los puntos principales, la medida impide que se acumulen las penas de dos de los crímenes por los que fue condenado el exmandatario (2019-2022): el de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el de golpe de Estado.
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Por entender que se trata de tipos parecidos, se aplicaría solo la pena más grave de los dos, en este caso el de golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión y que no se sumaría a la pena por intento de abolición violenta, que prevé hasta ocho años de cárcel.
Además, se propone reducir de un tercio a dos tercios la pena cuando los crímenes por golpismo son practicados como parte de una “multitud”, como sucedió en el asalto por parte de cientos de bolsonaristas a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023.
Por último, el proyecto permite la progresión más rápida del régimen cerrado al semiabierto para los condenados por estos crímenes tras cumplir al menos una sexta parte de la pena.
Bajo estos criterios, Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, podría abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años, aunque pasado ese período aún sería obligado a dormir en la cárcel y pasar los fines de semana recluidos durante un tiempo que sería establecido por la Justicia.
Entre los beneficiarios, figuran también altos cargos militares y antiguos ministros condenados por apoyar los planes del exmandatario para mantenerse en el poder pese a haber sido derrotado por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las urnas.
Durante la votación previa en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado (CCJ), el relator del proyecto, Esperidião Amin, aceptó incluir una enmienda en el texto original para restringir las condiciones para la reducción de la pena en régimen cerrado, específicamente en lo que respecta a los delitos cometidos contra el Estado democrático de derecho.
La enmienda, que fue clasificada como un “ajuste de redacción” para evitar que el proyecto vuelva a la Cámara baja, limitó los beneficiarios del proyecto a aquellos relacionados con los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.
Ese era uno de los argumentos principales de los detractores, que criticaban que el texto original del proyecto interfería en sentencias ya consolidadas por la Corte Suprema y que podía beneficiar a otros condenados por delitos graves.
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Para el relator, el proyecto busca “corregir distorsiones” centrándose en las condenas de los actos del 8 de enero, ya que, según él, “hay consenso en que la mano (del Supremo a la hora de juzgar) ha sido muy dura”.
Ahora el texto será enviado para la sanción del presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya deslizó que podría vetarlo.
Si esto sucede, el Congreso Nacional tiene poder para derribar el veto y aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.
