En marzo del 2017, la revista “Casa e Jardim”, parte del conglomerado mediático brasileño Grupo Globo, publicó un reportaje sobre Hosler Witt Castro Fernández y dos hermanos suyos, quienes son presentados como dueños de Río Mar, un restaurante de comida peruana ubicado en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil.
“En abril del 2016, ellos asumieron el alquiler de un local en la esquina más famosa de Sao Paulo, en el cruce de las avenidas Ipiranga y Sao Joao. Elaboran cebiche, causa, arroz con mariscos”, dice el reportaje sobre los Castro, a quienes se refieren así: “Peruanos recién llegados presentan la extraordinaria cocina de su tierra natal”.
En ese entonces, Hosler Castro (36), nacido en Chota (Cajamarca), se dedicaba al negocio gastronómico en la ciudad brasileña, donde residía, de acuerdo con su ficha del Reniec y su registro migratorio. En Sao Paulo también fue chef y propietario de Perú Witt’s, otro restaurante de comida peruana, por el cual incluso participó en eventos culinarios, como él mismo muestra en sus redes sociales.
Pero en algún momento de los últimos años, Hosler Castro dejó su vida en Brasil y cambió radicalmente de rubro. De acuerdo con fuentes de El Comercio, se convirtió en un pistolero o ‘gatillero’ de la minería ilegal del oro de Pataz, como se conoce a quienes dan seguridad a los grupos criminales que operan en el lugar. Esa actividad lo llevó a la muerte. Esta se reportó el 23 de diciembre. Fue por un impacto de bala, según conoció este Diario, consecuencia de un nuevo enfrentamiento entre organizaciones criminales que operan en la provincia de La Libertad, donde la minería ilegal del oro sigue siendo un gran problema pese al estado de emergencia que rige ahí.
¿Qué pasó?
En Pataz no se han detenido los violentos enfrentamientos entre bandas criminales, incluso en los socavones de donde se extrae oro de manera ilegal (en octubre del 2024, la Unidad de Investigación informó sobre el hallazgo de por lo menos 14 cadáveres en una mina del lugar). La muerte de Hosler Castro y otras cuatro personas (entre ellas tres familiares) se dio en un contexto similar.
Según información a la que El Comercio accedió, el 23 de diciembre un grupo armado, de unas 20 personas y que aún no ha sido identificado, entró a un derecho minero que está a nombre de Karina Alva Calvo, quien reside en Pataz. Ella figura con predios e inmuebles en Lima, Trujillo y Piura, y tiene una inscripción vigente del Registro Integral de Formalización Minera en el derecho Minero Pataz E.P.S. N° 4.
Ese derecho estaría dentro de la concesión de Poderosa, una de las principales mineras formales de Pataz. Sin embargo, la empresa no tiene control de esa zona desde por lo menos el 2019, porque está tomada por delincuentes, como indica un oficio que la compañía envió a la Policía Nacional del Perú.
Tras el enfrentamiento, se reportó el secuestro de Willan Orlando Arqueros Rodríguez (35), Luis Miguel Ambulay Pasapera (28), Agustín Cubas Leyva (50), Yorbil José Castillo Castro (21) y Abraham Levi Castro Fernández (21). Los últimos tres son familiares. Arqueros reside en Gran Chimú (La Libertad), y Ambulay, en Ayabaca (Piura). Cubas, Castillo y Castro son de Cutervo (Cajamarca). Además, Cubas registra dos órdenes de captura suspendidas (2009 y 2011) por tráfico ilícito de drogas.
El Comercio pudo conocer que ellos llegaron a Pataz con Hosler Castro, quien estaría en la zona desde fines del 2021. Ese año ingresó al Perú por Bolivia, como indica su movimiento migratorio.
Hosler Castro ha estado en Pucallpa (Ucayali, en la frontera con Brasil) en el 2022, y en Cutervo y Lima en el 2024, según su registro policial. También tiene denuncias policiales en su contra. En agosto del 2023 fue detenido en el sector Chagual de Pataz con un arma de fuego ilegal y municiones cuando se trasladaba a Huamachuco en una camioneta (además, poseía otra arma con licencia de Sucamec y S/2.200 en efectivo). En el acta de detención se indica que su ocupación era “seguridad”.
El 26 de diciembre, el entonces jefe policial en La Libertad, general PNP José Zavala, declaró que Castro tenía antecedentes por tenencia ilegal de armas y que “aparentemente se dedicaría a temas de seguridad en estas labores mineras”.
De los cinco secuestrados, cuatro fueron asesinados en la mina a nombre de Karina Alva Calvo. Solo sobrevivió Willan Arqueros.
Por el caso, El Comercio buscó entrevistar al coronel PNP Segundo Bustamante Ramos, jefe de la División Policial de Huamachuco hasta diciembre del 2024, pero la PNP indicó que el oficial no podía darla por los recientes cambios en las direcciones policiales.
Sin embargo, sobre los hechos de Pataz descritos, señalaron que “en el anexo de Pueblo Nuevo, en circunstancias [de] que personal de esta subunidad realizaba el patrullaje policial dispuesto por el jefe de la Divpol Huamachuco, se nos comunica […] sobre un posible hallazgo de cuerpos sin vida en la mina Karina Alva Calvo, por lo que personal de la CR [comisaría] PNP Vijus, con apoyo de efectivos Diroes, ingresaron por la labor minera [socavón] aproximadamente un kilómetro hacia el interior, logrando ubicar un hoyo de 15 metros de profundidad aproximadamente, del cual provenía un olor fétido, por lo que, con trabajadores de la mencionada mina, se empezó a retirar el desmonte que se encontraba cubriendo el hoyo; es así que, después de seis horas de trabajo de remoción, se pudo hallar cuatro cuerpos sin vida de sexo masculino”.
El grupo criminal que asesinó a las cuatro personas les puso dinamita. Los restos se encontraron el 29 de diciembre y luego fueron trasladados a la morgue de Trujillo.
El Comercio no tuvo éxito al intentar contactarse con la familia Castro. En un video del medio “Canal digital Cutervo”, del 26 de diciembre, Dorlisa Castro, madre de José Castillo, dijo que su hijo “se fue a trabajar para [poder] estudiar”. En el mismo video, la hermana de Agustín Cubas afirmó que este no le avisó que se iba a Pataz y que él era un negociante de ganado.
Guerra de bandas
Para el exministro del Interior Rubén Vargas, los choques entre bandas criminales en Pataz se dan por el servicio de seguridad y por apropiarse del negocio ilícito de la minería del oro. “Las estructuras criminales pretenden ahora convertirse en actores centrales, en los dueños de las llamadas labores; es decir, [el] trabajo en [los] socavones que se están explotando o del negocio en su conjunto”.
“Estamos viendo ahora que estas estructuras criminales, nacionales, locales y extranjeras, están intentando imponer[se] por la fuerza de la dinamita y el fusil, [quieren] controlar y apoderarse de negocios enteros. […] Es un síntoma absolutamente inequívoco de que estamos frente a un territorio liberado”, agregó el también especialista en temas de seguridad.
