Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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En el Perú hay muchas cosas que deben cambiar. Los resultados en educación primaria son peores que hace diez años. La anemia infantil afecta a uno de cada tres niños. La inseguridad ha crecido sostenidamente y más de la mitad de la población siente que el país retrocede. Más del 80% está insatisfecho con los servicios públicos. Esa frustración es legítima. Sin embargo, el problema no está en el capítulo económico de la Constitución, sino más bien en la incapacidad del gobierno central, regional y local de gestionar adecuadamente los recursos que el modelo ha generado.
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El gran aporte del capítulo económico de la Constitución es que le da predictibilidad a los que operan exactamente sobre esa cadena. La seguridad de los contratos y la garantía que un contrato es ley entre las partes permite que quien invierte en una mina, una planta, un proyecto inmobiliario o un proyecto de largo plazo pueda confiar en que las condiciones no cambiarán arbitrariamente a mitad del camino. La igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera le dice al mundo que en el Perú se compite en igualdad de condiciones. El rol subsidiario del Estado lo enfoca en funciones que solo él puede cumplir cabalmente —seguridad, justicia, defensa del medio ambiente, programas sociales— en lugar de arriesgar recursos públicos en empresas donde el sector privado es más eficiente. Y la autonomía del BCR nos protege: cuando el banco central financia al gobierno, la inflación destruye primero la capacidad adquisitiva de los más pobres. Eliminar todo esto, no nos generará mejores servicios públicos, sino todo lo contrario.
Es una réplica de los cambios que Ecuador introdujo en 2008, Bolivia en 2009 y Venezuela antes que ambos países: los mismos argumentos y los mismos resultados. En los tres casos hubo años de aparente bonanza, pero ese crecimiento era artificial. Descansaba en el boom de materias primas y en una expansión insostenible del gasto público, mientras la inversión privada se retiraba silenciosamente. Cuando los precios cayeron, no había con qué reemplazar esos ingresos. Las reservas se agotaron, el déficit fiscal y la deuda pública se dispararon y el control de precios que vino después solo produjo escasez. Bolivia, que muchos citan como el caso exitoso, cerró la década con reservas internacionales desplomadas, escasez de combustibles y alimentos, y sin haber diversificado la actividad productiva. Ni que decir de Venezuela, que de ser uno de los países con mayores ingresos pasó ahora a tener más del 80% de su población en pobreza y generó una emigración sin precedentes, separando familias en busca de sobrevivencia en otros países.
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El Perú tomó el camino opuesto. Desde 1994, el PBI per cápita creció de manera sostenida, impulsado por inversión privada y exportaciones. El Estado tuvo más recursos que nunca. El problema es que no los gastó bien. La corrupción, la mala gestión y la ausencia de rendición de cuentas convirtieron un Estado con ingresos crecientes en uno incapaz de cumplir sus funciones básicas. Los números lo dicen sin rodeos: la tasa de homicidios casi se duplicó entre 2019 y 2025, pasando de 7 a 14 por cada 100.000 personas. El número de proyectos de inversión pública paralizados o abandonados pasó de 30 mil a 65 mil en el mismo período. Y el porcentaje de hogares sin acceso a desagüe subió de 17% a 23%. La pobreza, que se había reducido desde 54% hasta 20% el 2019, hoy está en 26%, siendo uno de los pocos países que no ha recuperado su nivel pre pandemia. Más presupuesto, peores resultados
El discurso de cambio radical le habla a una población justificadamente frustrada, pero apunta al lugar equivocado. En vez de corregir cómo el Estado gasta lo que el modelo genera, propone destruir la fuente de esos recursos. El resultado sería menos inversión, menos empleo de calidad, menos ingresos para las familias y, en consecuencia, más insatisfacción —no menos—. Lo que el Perú necesita es un Estado que cumpla bien las funciones que solo él puede hacer. Eso requiere reforma de la gestión pública, no demolición del marco que la financia.
El país sudamericano que hizo esta alianza estratégica con una potencia asiática: detrás hay una serie de inversiones a nivel tecnológico y proyectos industriales. (Fuente: MINDEF)
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El Perú ya vivió el experimento que hoy se propone repetir. Fue entre 1979 y 1990: estatismo, empresas públicas, control de precios, banco central al servicio del gobierno. Terminó en hiperinflación y pobreza masiva. Repetir este experimento una vez más, con evidencia irrefutable en contra, no es valentía. Es negligencia.
Art. 66 — Recursos Naturales
Propuesta: El Estado debe explotar los recursos estratégicos (Camisea, litio, petróleo, cobre, oro). Los privados solo pueden operar pagando una renta al Estado.
Por qué es un error: La extracción de recursos naturales es técnicamente compleja y financieramente riesgosa. El sector privado tiene las capacidades y asume ese riesgo. En el caso del sector minero, el Estado obtiene el 40%-50% de las utilidades vía impuestos y regalías —como si hubiese aportado esa parte del capital, pero sin arriesgar un sol—. Donde se intentó la estatización, fracasó: la capacidad productiva de petróleo o gas de Venezuela, Ecuador y Bolivia declinó cuando el Estado tomó el control. Perú tuvo décadas pérdidas en los años setenta y ochenta por seguir este modelo.
Art. 62 — Estabilidad contractual
Propuesta: Derogar la estabilidad contractual para que el Estado pueda renegociar contratos que considere lesivos para el país.
Por qué es un error: Una mina, una central eléctrica o un gasoducto puede tardar más de 5 años en construirse, incluso más años en recuperar la inversión y opera durante décadas. Nadie invierte a largo plazo si las reglas pueden cambiar arbitrariamente a mitad del camino. La OCDE la reconoce como condición estándar para atraer inversión de largo plazo. Venezuela rompió contratos con Exxon, Shell y BP —y terminó con producción colapsada y arbitrajes internacionales millonarios en su contra.
Art. 63 — Inversión nacional y extranjera / CIADI
Propuesta: Eliminar la igualdad de trato entre inversión nacional y extranjera. Prohibir el arbitraje internacional (CIADI) y someter todos los conflictos al Poder Judicial peruano.
Por qué es un error: Antes de la Constitución de 1993, la inversión extranjera directa (IED) en el Perú era prácticamente inexistente (0% del PBI). Tras los cambios constitucionales, subió a 5% del PBI. Ecuador, Bolivia y Venezuela salieron del CIADI, y su IED cayó significativamente en los años siguientes. Someter disputas sólo al Poder Judicial peruano no genera confianza: 75% de peruanos desconfía del Poder Judicial.
Arts. 58 y 60 — Economía social de mercado / Subsidiariedad
Propuesta: Eliminar el rol subsidiario del Estado y crear empresas públicas en minería y sectores estratégicos. El Estado debe ser gestor y socio activo en la economía.
Por qué es un error: El rol del Estado no es competir con el privado: es regular la actividad empresarial para maximizar su impacto —garantizando libre competencia, protección ambiental y respeto de derechos— mientras se concentra en lo que solo él puede hacer bien. Además, el Estado peruano es un mal gestor de empresas. Petro –Perú acumula pérdidas por más de US$2.200 millones, una deuda de US$7.900 millones, y ha requerido rescates por US$5.000 millones en cuatro años —recursos que pudieron financiar hospitales, colegios y carreteras—.
Arts. 84 y 85 — BCR y reservas internacionales
Propuesta: Ampliar el mandato del BCR para incluir el «desarrollo nacional». Exigir que el 50% de las Reservas Internacionales Netas (RIN) estén en oro.
Por qué es un error: El mandato único de inflación le ha funcionado extraordinariamente bien al Perú: desde que opera con metas explícitas, la inflación peruana ha sido la más baja de América Latina y el sol la moneda más sólida de la región. A quien más ha beneficiado es a los hogares de menores ingresos, que tienen menos posibilidades de protegerse frente al alza de precios. Exigir que el 50% de las RIN esté en oro es un error técnico: el precio del oro es mucho más volátil que el dólar y no genera rentabilidad. Aumentar su peso en las RIN afectaría su rol como seguro frente a los vaivenes del entorno internacional.
