El sector microfinanciero peruano ha experimentado un año de profundas transformaciones durante 2024 y desafíos que han puesto a prueba su resiliencia institucional.
Entre los aspectos positivos, se encuentra la reducción de las tasas de interés y la moderación de la inflación. Estos aspectos han creado un entorno macroeconómico más favorable, permitiendo una recuperación gradual del consumo y la expansión de servicios financieros hacia segmentos tradicionalmente excluidos.
Los avances en inclusión financiera constituyen otro hito relevante, con una notable expansión en todas las dimensiones y en el puntaje general. El 26% de peruanos se encuentran en un nivel “avanzado” de inclusión financiera, siendo el mayor crecimiento respecto a los últimos años. Por otro lado, a nivel regional, Perú es el país con mayor crecimiento en uso de billeteras digitales fortaleciendo la penetración en zonas periurbanas y rurales.
Sin embargo, en el segundo semestre del 2024, dos entidades del sector fueron intervenidas por la SBS a consecuencia del deterioro de sus patrimonios. Si bien ambos bloques patrimoniales fueron adquiridos por Caja Piura y Caja Arequipa, respectivamente y actualmente se encuentran asimiladas y estables, es cierto que la intervención será siempre un proceso no deseado, pero es la la fórmula más estable y amigable para el proceso de consolidación que el sistema microfinanciero merece.
Por otro lado, la persistencia de la Ley N° 31143 que fija topes a las tasas de interés, vigente desde el 2021, continúa limitando paradójicamente el acceso al crédito formal para los segmentos más vulnerables. De acuerdo al BCR, desde el 2021 al menos 500 mil personas quedaron fuera del sistema financiero a consecuencia de esta ley. A menos de quince días del cierre de la legislatura, el debate del dictamen que pide la derogación de esta ley permanece en cuarto intermedio desde octubre al no haberse alcanzado un consenso.
El aspecto más alarmante del año ha sido, sin duda, el incremento de la extorsión y la violencia vinculada al financiamiento informal. El “gota a gota” ha expandido su presencia de manera preocupante, aprovechando las brechas en el acceso al crédito formal y ejerciendo presión violenta sobre microempresarios, quienes son, precisamente aquellos a quienes las microfinanzas buscan proteger. En el último CADE Ejecutivos este punto tomó especial interés porque toca una fibra sensible de la sociedad atentando incluso albergues, colegios y comedores populares. Según cifras de la Asociación de Bodegueros, más de 13 mil bodegueros fueron víctimas de extorsión o asaltos en el año.
De cara al 2025, la modernización regulatoria, el fortalecimiento institucional y la innovación en productos financieros inclusivos serán cruciales, como también una estrategia coordinada entre instituciones financieras, reguladores y fuerzas del orden para combatir las modalidades criminales de financiamiento. A puertas de la derogatoria del tope de tasas de interés, en el 2025, el sector tendrá la sensible tarea de generar los mecanismos e incentivos para atraer a las personas víctimas del mercado de préstamo informal al sistema financiero. El futuro dependerá de la capacidad del sector para adaptarse y responder a estos desafíos, manteniendo siempre su compromiso con su misión social fundamental.
