La minería ilegal se ha convertido en un tema central para la opinión pública peruana. Según la última encuesta de Datum-El Comercio, la mitad de los ciudadanos manifiesta interés en informarse sobre este problema, mostrando un nivel de atención superior al que despierta la política. Esta diferencia no es menor, revela que, para los peruanos, la minería ilegal se percibe como una amenaza directa y de gran impacto para el país.
El consenso sobre la gravedad del problema se mantiene independientemente de cómo se formule la pregunta. Ya sea al indagar sobre los daños que ocasiona, su impacto en la economía o su vínculo con otros delitos, la percepción converge: la minería ilegal está asociada principalmente con el crimen organizado, la contaminación ambiental y la corrupción política. Asimismo, aunque en diferente grado, ocho de cada diez peruanos creen que este fenómeno ha penetrado el Congreso. En esa misma línea, la mayoría considera que la minería ilegal financia a los partidos políticos, lo que podría tener repercusiones en las próximas elecciones.
Sin embargo, la percepción sobre quién debe liderar la lucha contra la minería ilegal varía según la región. En el Sur, casi dos tercios señalan al gobierno central como principal responsable. En cambio, en el Norte, la mitad de los encuestados considera que esta tarea debería recaer en las Fuerzas Armadas, reflejando una demanda por medidas más drásticas y de carácter coercitivo ante la sensación de que las acciones del gobierno no están dando resultados. En consecuencia, no sorprende que mientras en varias regiones se perciba que el Estado ha sido blando frente al problema, en el Sur el 29% opine que la respuesta ha sido dura o incluso excesiva. En Lima, por contraste, solo el 11% comparte esa visión.
Una posible explicación a estas diferencias radica en que el 15% de los peruanos considera que la minería ilegal beneficia a los negocios y emprendimientos, así como a la economía familiar. Esta percepción, más presente en algunas regiones que en otras, sugiere que existen sectores de la población dispuestos a mostrarse más permisivos, pues experimentan directamente ciertos beneficios, aun cuando reconocen el enorme daño que esta actividad genera para el país en su conjunto.
*Urpi Torrado es CEO de Datum Internacional
