Los incendios forestales han puesto los reflectores sobre la Amazonía, pero no es un problema reciente: el número promedio de estos incendios al año se ha multiplicado casi nueve veces en las dos últimas décadas, al pasar de 29 a 254 entre los períodos 2004-2008 y 2019-2023. Es importante reconocer entonces que se ha avanzado poco en superar los desafíos para impulsar el desarrollo de la Amazonía y prevenir estas tragedias.
Tamaño de la economía
A pesar del enorme potencial en términos de superficie y diversidad productiva, las economías de la Amazonía son relativamente pequeñas. Las cinco regiones amazónicas (Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali) representan el 51% del territorio, pero su aporte sobre el PBI apenas llega al 5%. Además, cuatro de estas cinco regiones se ubican en el tercio inferior del Índice de Competitividad Regional (Incore). En particular, Loreto acumula tres años en el último lugar y, desde el 2012, se ha ubicado entre las tres regiones menos competitivas.
Resultados de política pública
Aunque la distancia geográfica de estas regiones es relevante, el éxito en el despliegue de las políticas públicas también explica los rezagos. Al menos desde 1998, la Ley de la Amazonía ha buscado promover el desarrollo de esta región a través de exoneraciones tributarias. En el 2005, San Martín abandonó algunas de estas exoneraciones y a cambio se conformó un fideicomiso con aportes del MEF para proyectos de desarrollo de infraestructura, al cual se ha transferido más de S/1.020 millones desde entonces. Según Javier Escobal, investigador principal de Grade, este cambio permitió un crecimiento económico más acelerado de San Martín. Así, mientras que en el 2004 la pobreza ascendía a 67,9% en esa región y en el resto de la Amazonía, para el cierre de 2023 San Martín redujo dicha cifra a 22,6%, por debajo del promedio nacional, mientras que el resto se ubicó en 34,1%, en promedio.
A partir del 2019, las otras regiones de la Amazonía siguieron el ejemplo de San Martín. En Loreto, por ejemplo, según el MEF se han transferido más de S/1.900 millones desde entonces a su fideicomiso. Así, la creación de estos mecanismos representa una gran oportunidad para el cierre de brechas, el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Sin embargo, aprovechar su potencial depende de una ejecución eficiente y una correcta priorización de proyectos de infraestructura.
Además, cabe notar que, a pesar de estas renuncias a exoneraciones, el costo estimado para el 2025 de todos los incentivos tributarios aún vigentes en la Amazonía es de S/5.630 millones, según la Sunat. La cifra es más de cinco veces el presupuesto anual para inversiones en saneamiento de las cinco regiones amazónicas. En la medida que aún predominan condiciones limitadas de progreso en esta zona, sin duda corresponde que se revisen estos incentivos como modelo de desarrollo.
Potencial desaprovechado
Otro de los factores claves es el desaprovechamiento del potencial económico de la Amazonía. Por ejemplo, según la FAO el Perú posee más de 72 millones de hectáreas de bosques, una superficie 36 veces más grande que la de Uruguay (2 millones) y cuatro veces la de Chile (18 millones). No obstante, las exportaciones forestales anuales de Uruguay (US$1.471 millones) y Chile (US 4.155 millones) son 15 y 44 veces las del Perú (US$94 millones), respectivamente. Lejos de promover una industria sostenible alrededor de estos recursos, el Perú viene registrando la pérdida de casi 160.000 hectáreas de bosques cada año durante la última década. En agregado, entre el 2001 y 2023, se perdieron 3 millones de hectáreas de bosques, casi 90 veces la superficie de Lima Metropolitana y Callao. Según el Minam, el 78% de estas pérdidas tiene lugar en espacios de hasta cinco hectáreas y están vinculados a la tala y quema de bosques para el desarrollo de pequeñas parcelas o chacras.
Es fundamental impulsar el desarrollo sostenible de las regiones amazónicas mediante la promoción de la inversión privada y el uso eficiente de los recursos públicos. Más de tres millones de ciudadanos de estas regiones esperan soluciones de sus autoridades y medidas concretas para su desarrollo.
