Las instituciones políticas y económicas en nuestro país son cerradas y excluyentes. Esto significa que solo unos cuantos tienen acceso a ellas, lo que lleva a un mal ejercicio del poder teniendo como resultado autoridades que no responden a los intereses de los ciudadanos y una mayoría de ciudadanos sin necesidades satisfechas y que operan fuera de los márgenes de la ley y de la protección del Estado.
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El Estado Peruano constantemente demuestra no tener la capacidad para administrar los recursos y servicios públicos, así como para garantizar el Estado de derecho y las libertades de los peruanos. A diario somos testigos de empresas que son víctimas del crimen organizado, ciudadanos asesinados por robos de celulares, colegios sin agua potable o desagüe, hospitales desbordados y sin implementos, y una interminable lista que refleja el desgobierno.
Frente a la crisis, Capitalismo Consciente Perú buscó entender cuál es el rol que los empresarios en el Perú están dispuestos a asumir para encauzar el país hacia el desarrollo y contribuir a mejorar la democracia y las instituciones. En un estudio realizado por Centro Wiñaq y Datum, encontramos que el 75% de los empresarios encuestados considera que es necesario que el sector privado participe en los asuntos públicos nacionales. Siendo que uno de cada dos empresarios cree que su rol debe ser la promoción de ideas y debates para mejorar la política y fortalecer la democracia.
La percepción del empresariado es clara. ¡Es necesario actuar ya! A raíz de ello, va en aumento la demanda de mecanismos y liderazgos que procuren incidir efectivamente en la política nacional. El estudio recoge entre las características más importantes de la vocería de los líderes empresariales, el plantear una posición frontal ante la corrupción (52%) y la participación directa en política electoral o partidaria (41%).
El sector privado debe involucrarse de manera activa, por ejemplo, informando adecuadamente a sus colaboradores y proveedores sobre la importancia y los beneficios de fortalecer la democracia y las instituciones. A su vez, es importante que inviertan en proyectos públicos, aprovechando mecanismos como el de obras por impuestos, que sabemos impactarán directamente en la calidad de vida de las personas, muchas de los cuales son precisamente sus colaboradores, proveedores y distribuidores. En ese sentido, el sector privado no es ajeno a participar de los asuntos públicos. Uno de cada cinco empresarios ya apoya la idea de aportar a través de planes de gobierno, e incluso 23% cree que una forma de fomentar el cambio hacia la dirección correcta es apoyar algún proyecto político.
Por otro lado, financiar la generación de conocimiento y hacer públicos los temas de debate a través de ‘think tanks’ y ‘do-tanks’, además de permitir que la ciudadanía cuente con más información para formar sus opiniones políticas y sociales, servirá de insumo para la elaboración de mejores políticas públicas y estrategias sectoriales.
Como eje fundamental del cambio, es necesario integrar al país. Eso significa impulsar el desarrollo económico y social de las regiones, que son la principal fuente de recursos, humanos y productivos, de nuestro país. La descentralización ha fracasado y es nuestra tarea tender los puentes que esta debió construir.
El 59% de empresarios considera que una de las principales tareas en la agenda política debe ser combatir el crimen y la inseguridad ciudadana, y el 42% combatir las economías ilegales. Estas cifras demuestran concordancia entre lo que busca y reclama tanto la ciudadanía como el empresariado. Y por ello, este combate nos corresponde a todos, no solo a las instituciones del Estado, que poco o ningún resultado han demostrado. Si no logramos hallar un camino de solución como sociedad, las economías ilegales seguirán ocupando el espacio que no solo el Estado, sino que el sector privado y la ciudadanía han olvidado, y cuyas consecuencias ya estamos viviendo.
El sector privado es consciente de su rol en el viraje del país. Ahora, toca poner las ideas en acción.
