Entre idas y vueltas, el Gobierno entregó al Congreso el proyecto de ley que busca delegar al Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 120 días en materias como seguridad ciudadana, promoción del empleo, prevención de desastres, reforma estructural, organización y modernización del Estado.
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Otra de las propuestas está relacionada con la legítima defensa. El Ejecutivo plantea establecer un marco legal que, en la práctica, permita ejercer este derecho fundamental, al estipular que quien lo haga goce de una presunción de inocencia respecto de la racionalidad de su respuesta ante una agresión.
En la exposición de motivos se señala que, en la práctica, quienes actúan en ejercicio de este derecho suelen ser sometidos a investigaciones y procesos penales para determinar la racionalidad de su conducta.
“A mayor abundamiento, se anota con especial énfasis que quien ejercita su derecho fundamental a la legítima defensa no debería ser sancionado ni estar sometido a un engorroso procesamiento penal”, refiere el texto.
De otro lado, se propone modificar el Decreto Legislativo 1141, que regula el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
¿El propósito? Restituir las capacidades operativas de la DINI ante las amenazas criminales, de modo que pueda actuar no solo como coordinadora de información, sino también como ejecutora de inteligencia estratégica y de sus insumos.
El Ejecutivo planteó, además, modificar el Decreto Legislativo N.° 1182, que regula el uso de los datos derivado de las telecomunicaciones para identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.