El Gobierno puso en marcha la revisión de la legislación relacionada con la lucha contra la criminalidad. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) creó un Grupo de Trabajo Sectorial de carácter temporal encargado de evaluar la normativa vigente y plantear cambios para fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos.
El Gobierno puso en marcha la revisión de la legislación relacionada con la lucha contra la criminalidad. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) creó un Grupo de Trabajo Sectorial de carácter temporal encargado de evaluar la normativa vigente y plantear cambios para fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 311-2026-JUS, publicada este domingo en el Diario Oficial El Peruano. El grupo tendrá como finalidad revisar las normas existentes en materia de criminalidad y formular propuestas para su actualización y fortalecimiento.
El encargo abarca distintas etapas de la lucha contra el delito: prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción. De acuerdo con la resolución, la revisión busca contribuir a una respuesta estatal más eficaz frente a la criminalidad.
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Entre sus principales funciones estará realizar una revisión integral de las modificaciones normativas aprobadas en esta materia, recoger aportes de instituciones, especialistas, la academia y la sociedad civil, y elaborar los proyectos de ley que resulten necesarios.
El grupo también deberá presentar reportes mensuales al ministro de Justicia sobre los avances de su trabajo.
La nueva instancia estará encabezada por el viceministro de Justicia y contará también con la participación del viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director general de Asuntos Criminológicos.
Además, podrá convocar como invitados a representantes de instituciones públicas o privadas vinculadas con la materia, así como a especialistas y profesionales que puedan aportar al cumplimiento de sus objetivos.
Sus integrantes ejercerán sus funciones ad honorem y el plazo inicial de funcionamiento será de 30 días hábiles desde su instalación, aunque podrá ser prorrogado por periodos similares o inferiores mediante una nueva resolución ministerial.
Como se recuerda, Keiko Fujimori planteó durante la campaña electoral la conformación de una comisión de alto nivel para evaluar las denominadas “leyes procrimen”.
En junio, luego del debate presidencial, Fujimori sostuvo que su eventual gobierno impulsaría una revisión técnica de estas normas y propuso que en ese proceso participaran instituciones del sistema de justicia y especialistas independientes.
La propuesta contemplaba la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y especialistas de la sociedad civil, quienes deberían determinar qué aspectos de las normas debían mantenerse, modificarse o perfeccionarse.
La mandataria había reiterado posteriormente que “cualquier norma” podía ser perfeccionada y que correspondía al Congreso debatir las modificaciones que fueran necesarias.
