La decisión fue adoptada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien dispuso el ascenso de la magistrada como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándola en el despacho de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Antes de su designación, se desempeñaba en el Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, desde febrero del 2016.
Como tal, asumió el denominado Caso “Dinámicos del Centro” que investiga a una presunta organización criminal que sería liderada por el prófugo exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón y otros.
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Además, formó parte del equipo fiscal a cargo de la investigación del ex Gobernador Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero; conoció la investigación del Caso “Panamapapers” y del caso “Soldados fantasmas” en el que se investigaba el cobro ilícito de pensiones.
Su despacho también estuvo a cargo del enjuiciamiento y condena como autor del delito de asociación ilícita para delinquir y colusión desleal agravada del exgobernador de Pasco, Klever Meléndez Gamarra.
Ahora, como coordinadora nacional anticorrupción deberá conocer todos los casos vinculados a funcionarios públicos a nivel nacional; y adicionalmente, estará a cargo de coordinar los lineamientos de investigación que ejecutará el Eficcop, tras su incorporación al Subsistema Anticorrupción.
Como se recuerda, por disposición de la Fiscalía de la Nación, el personal fiscal y administrativo, integrantes del Eficcop, fueron incorporados a dicho subsistema, disponiendo que continúen conociendo, a dedicación exclusiva, los casos en tramite, hasta su conclusión. Mientras que, la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios conozca en segunda instancia, los casos provenientes del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder conforme al artículo segundo de la resolución.
La designación de Díaz Ramos fue oficializada a través de la resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2882-2024-MP-FN, publicada en las Normas Legales de El Peruano.
En la misma norma se dispuso nombrar al abogado Juan Manuel Fernández Castillo, como fiscal adjunto superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designándolo en el despacho de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que ocupaba Díaz Ramos.
Mientras que la abogada Juana Asunción Soto Perales, fiscal adjunta superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, fue designada en el despacho de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
¿Quién es la fiscal Vanessa Díaz Ramos?
La fiscal Vanessa Díaz es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con estudios concluidos de Maestría con mención en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Fue admitida como postulante apta para participar en la Conferencia Virtual “La Constitucionalidad de la Ley N° 31751 Sobre la Suspensión de la Prescripción de la Acción Penal”, dictada por la Academia de la Magistratura en setiembre del 2024.
Según la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la magistrada inició su carrera en el 2009 con su designación -vía concurso- como fiscal adjunta provincial titular de Lima, y ejerció funciones en las Fiscalías Corporativas Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima.
Posteriormente, en diciembre del 2015, en atención al Concurso para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución N° 049-2014-CNM obtuvo una plaza como Fiscal Provincial Especializado en Delitos De Corrupción De Funcionarios (Supraprovincial Corporativo) con competencia nacional.
Y, desde febrero de 2016 asumió como fiscal provincial titular la jefatura del Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
El 6 de diciembre del 2023, tras evaluar el proceso de su designación y selección, la Junta Nacional de Justicia concluyó que no existía indicio objetivo suficiente o una sospecha inicial de grave irregularidad que amerite la apertura de un Procedimiento de Revisión Especial (PRE)
“En ese sentido, a partir de la información sometida a análisis, no se observa circunstancia alguna que reste validez al procedimiento de selección y nombramiento examinado. Esto es, no se aprecia infracción normativa, así como tampoco incumplimiento de algún requisito de validez o del trámite procedimental propio de una convocatoria de selección y nombramiento.”
