El fiscal Freddy Niño Torres, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Efficop), advirtió que la presunta organización criminal que habría encabezado la exfiscal de la Nación Patricia Benavides —y estaría integrada por otras 24 personas— habría buscado mantenerse en el poder, para lo cual desplegó distintas acciones.
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Tras algunas dilaciones, este lunes 13 finalmente se dio inicio a la sustentación por parte de la fiscalía del pedido de prisión preventiva por 36 meses solicitado por el Eficcop en contra de Miguel Girao Isidro, uno de los principales asesores de la ahora exfiscal de la Nación. También contra los investigados José Luis Castillo Alva, Jorge Rodríguez Menacho, Giancarlo Valer Enciso y Jorge Palomino Quesada, quienes permanecen detenidos.
El fiscal Niño Torres remarcó ante el juez Raúl Justiniano, del 8tvo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que se han presentado “graves y fundados elementos de convicción” e indicó que “estamos ante un evidente peligro procesal”. La audiencia comenzó a las 4:00 p.m. y se prolongó incluso por más de cinco horas. Se continuará este miércoles.
El sustento
El representante del Eficcop remarcó durante su intervención que dentro del “programa criminal” que habría tenido la red de Benavides estaba el “mantener el poder”, para lo cual desplegaron presuntamente actos de corrupción y otras acciones para, por ejemplo, lograr la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos en el Congreso, el archivamiento de denuncias constitucionales en contra de Benavides, la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entre otros.
“Patricia Benavides, con sus demás coimputados, habría pretendido mantenerse en el poder para efectos de designar al defensor del Pueblo y recomponer la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué se gana con esto? Se ganaba, primero, el archivo definitivo de las causas administrativas funcionales dentro de la junta y lograr evitar una futura eventual destitución”, dijo el fiscal Freddy Niño.
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Subrayó que “el mantenerse en el poder” también “conllevaba a lograr el copamiento del Ministerio Público, a través de personas adeptas a los fines criminales”, y que “otro eslabón importante para esta presunta organización criminal es mantenerse en el poder para realizar el direccionamiento de las contrataciones públicas a cambio de dinero”.
Para la fiscalía, también se pretendía “lograr el control de las investigaciones” tanto del Eficcop, como de las fiscalías de lavado de activos y del equipo especial abocado al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. “Estaba direccionada a archivar investigaciones contra sus integrantes, así como a sus personas llegadas”, apuntó.
De acuerdo con el Ministerio Público, se ha delimitado la existencia de una presunta organización criminal a partir del 1 de julio de 2022, fecha en la que Benavides juramentó como nueva fiscal de la Nación. “Esa es la fecha de inicio de esta presunta organización criminal, la misma que se ha mantenido activa a lo largo de estos tiempos e, incluso, hasta la fecha”, remarcó.
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También apuntó que son 16 hechos “graves” los que habría desplegado la presunta organización criminal y los cuales se investiga, en donde se advierten —mencionó— delitos como falsedad genérica, encubrimiento, tráfico de influencias, cohecho, lavado de activos, colusión, peculado, entre otros.
Estos 16 hechos van desde las acciones para sacar el cargo a la fiscal que investigaba a Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación; así como las acciones contra del equipo especial del Caso Los Cuellos Blancos, entregas de dinero a sus exasesores, la designación del Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, actos de corrupción en la adquisición de equipos de computación, etcétera.
La fiscalía le atribuye a Girao, en su condición de presunto integrante, ser el “operador” de la organización criminal, pues habría influenciado dentro del Congreso para los fines de la presunta red, así como realizado coordinaciones ilícitas en las que habría obtenido beneficios económicos.
Todos los investigados continuarán detenidos en lo que se resuelve su situación jurídica.


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