Estados Unidos anunció este miércoles 24 la imposición de sanciones contra cinco personalidades de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, quienes desde ahora tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos. Dicha medida tiene como trasfondo la estricta regulación digital europea, que ha llevado recientemente a una millonaria multa contra X.
El gobierno de Donald Trump ha calificado de “actos atroces de censura extraterritorial” los castigos contra X y otras empresas estadounidenses que incumplieron el marco normativo de la UE.
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“Por demasiado tiempo, los ideólogos en Europa han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a las plataformas estadounidenses y que castiguen los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo”, indicó Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.
Los sancionados por Washington:
Thierry Breton
Francia
Excomisionado de la Unión Europea, considerado por las autoridades estadounidenses como el principal responsable de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE bajo la cual se emprendió la reciente y multimillonaria multa contra X. En el pasado ha sostenido varios intercambios de declaraciones con Elon Musk, uno de sus principales críticos.
Estuvo también detrás de otra de las grandes normativas tecnológicas europeas, la Ley de Mercados Digitales (DMA). Ha sido directivo de empresas tecnológicas y de telecomunicaciones como Atos y Orange.
Anna-Lena von Hodenberg
Alemania
Es cofundadora de la organización HateAid, que combate los mensajes de odio en Internet y busca que el entorno digital se gestione de forma responsable. La Administración Trump la considera representante del estricto marco regulatorio alemán y una suerte de “exportadora de la censura”.
Desde la entidad que fundó ha ayudado a que se presenten denuncias contra las plataformas de Internet cuando estas no eliminan mensajes o material que contiene mentiras, difamación y amenazas de muerte, por citar algunos casos. Esa labor ha contribuido a que las empresas tengan que adaptarse a los marcos normativos defendidos por Von Hodenberg.
Josephine Ballon
Alemania
Abogada y directiva de HateAid que ha participado en casos de alto perfil relacionados con las redes sociales. El gobierno estadounidense la considera responsable de que su labor haya desarrollado «una jurisprudencia nociva» para las labores de las empresas tecnológicas estadounidenses y contraria a la libertad de expresión.
Su accionar ha tenido frecuentemente como punto de referencia el marco normativo de la DSA y algunos de los procesos judiciales en los que participó han llevado a modificaciones en los términos de servicios de plataformas de Internet.
Imran Ahmed
Reino Unido
Estratega político, activista y fundador del Center for Countering Digital Hate (CCDH), que como indica su nombre en inglés, es una entidad que afirma combatir el odio digital. Tiene un amplio historial como asesor de varias figuras del Partido Laborista del Reino Unido y ha sido integrante de la Comisión para la Lucha contra el Extremismo de dicho país.
Junto con CCDH ha trabajado constantemente en reportes que han ocasionado que las plataformas de Internet traten de ajustar sus parámetros para combatir la información en temas como la salud pública, los mensajes de odio o el cambio climático. Estados Unidos lo acusa de buscar limitar los mensajes de derecha y de carácter conservador a la vez que lo acusa de defender su propia agenda en lugar de buscar el beneficio del ciudadano común.
Clare Melford
Reino Unido
Cofundadora de Global Disinformation Index (GDI), organización sin fines de lucro que combate la desinformación en el entorno digital y utiliza un indicador de confianza para fuentes informativas. El papel de este índice la puso en el punto de mira de la gestión de Donald Trump, debido a que las firmas publicitarias recurrían a este para la elección de medios o sitios web en los que poner anuncios.
El gobierno de Estados Unidos ha hecho eco de las críticas contra GDI que acusaban a la entidad de impregnar su indicador de sesgos políticos. El Departamento de Estado estadounidense la considera una enemiga de la libertad de expresión y la responsable de boicotear a medios que defienden ese principio.
La respuesta inmediata desde Europa
Thierry Breton fue uno de los primeros en responder a los vetos de visado anunciados por Estados Unidos y sugirió que se trataba de un “nuevo viento de macartismo” y afirmó que la Ley de Servicios Digitales europea fue aprobada en un entorno democrático.
“A modo de recordatorio: el 90% del Parlamento Europeo —elegido democráticamente— y los 27 Estados miembros votaron unánimemente a favor de la DSA. A nuestros amigos estadounidenses: ‘La censura no está donde ustedes creen que está’”, señaló el exfuncionario de la UE.
El francés Stéphane Séjourné, actual vicepresidente de la Comisión y comisario de Estrategia Industrial, salió en defensa de Breton e indicó que su predecesor “actuó en nombre del interés general europeo”.
“Solidaridad total con él y con todos los europeos afectados”, comentó tras el anuncio del Departamento de Estado estadounidense.
Los cuestionamientos a la medida siguieron siendo marcados desde Francia, donde el presidente Emmanuel Macron también se mostró contrario a las sanciones y señaló que el estado que preside y sus socios europeos “seguirán defendiendo su soberanía digital”, aclarando que la legislación de la UE está pensada únicamente para aplicarse dentro de su jurisdicción.
“Francia denuncia las decisiones de restricción de visados tomadas por Estados Unidos contra Thierry Breton y otras cuatro personalidades europeas. Estas medidas suponen intimidación y coerción contra la soberanía digital europea”, escribió en X.
La Comisión Europea también respondió directamente a la decisión de Estados Unidos y la calificó como “injustificada”, haciendo incidencia en que el bloque comunitario siempre saldrá en defensa de su autonomía.
“Nuestras normas digitales garantizan unas condiciones seguras, justas y equitativas para todas las empresas y son aplicadas de manera imparcial y sin discriminación”, indicó el organismo en un comunicado.
España también mostró su rechazo a las restricciones impuestas a los ciudadanos de origen europeo citándolas como “inaceptables” a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores.
“Un espacio digital seguro, libre de contenidos ilícitos y desinformación es un valor fundamental para la democracia en Europa y una responsabilidad de todos. El Reglamento de Servicios Digitales protege ese espacio sin discriminación”, indicó el Estado español.
Las leyes
de la discordia
Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea está esencialmente orientada a garantizar un uso responsable de las plataformas de internet, salvaguardando la seguridad y transparencia dentro de estas. Las sanciones para los grandes servicios pueden llegar hasta el 6% de su facturación anual.
La DSA establece más obligaciones en función del tamaño de la plataforma, al considerar que la escala de estos medios supone un mayor riesgo potencial para el acceso a la información. Dentro de estos servicios, aquellos que superan los 45 millones de usuarios activos mensuales tienen un marco regulatorio más estricto. Las plataformas de Internet de gran escala pueden ser sancionadas hasta por el 6% de su facturación anual bajo esta normativa.
La Ley de Mercados Digitales (DMA), por su parte, está más relacionada a la competencia justa, la regulación antimonopolio y los derechos del competidor. Esta regulación busca limitar la autopromoción abusiva de los servicios de las firmas tecnológicas y poner límites al uso de la información personal obtenida por las redes sociales y otros servicios.
La normativa es particularmente severa con los grandes servicios que superan una valoración de 75.000 millones de dólares y tienen una facturación anual de 7.500 millones de dólares. Las multas que establecen pueden llegar al 10% de esas ganancias anuales y el castigo puede escalar al 20% en caso de reincidencia.
El factor desencadenante
La Unión Europea tiene un historial de denuncias multimillonarias contra las grandes firmas tecnológicas estadounidenses durante la última década, pero el antecedente inmediato a las sanciones contra los activistas europeos fue la multa de 120 millones de euros que la Comisión Europea le impuso a la red social X.
Se trató del primer castigo de la UE por infringir la Ley de Servicios Digitales que tanto critica actualmente la administración de Donald Trump. Las autoridades europeas señalaban como faltas un “diseño engañoso” de la marca de verificación de X, el incumplimiento de los requisitos de acceso a los datos públicos de la plataforma y la falta de transparencia en la base de datos publicitaria.
El gobierno del gigante norteamericano ya había mostrado su malestar cuando se enteró de que era posible una sanción de este tipo y reiteró su condena a esta. Por entonces Marco Rubio citaba la resolución de la Unión Europea como “un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense”.
La sanción fue en ese momento el corolario de una polémica de varios años entre los reguladores europeos y Elon Musk, propietario de X. El magnate de origen sudafricano había sido un firme detractor de la política digital de la UE y había calificado a Breton de “tirano” y enemigo de la libertad de expresión.
Desde el 2023 la red social estaba retirada del Código de Prácticas sobre Desinformación de la UE por decisión de Musk.
OTRAS EMPRESAS
CON SANCIONES
1
Apple
2024. Multa de 1.800 millones de euros en un proceso antimonopolio por infringir las leyes de competencia en el mercado del streaming musical. Se sancionó que Apple prohibía a los desarrolladores de estas aplicaciones informar a los usuarios de iOS sobre alternativas más baratas en dicho rubro.
2025. Sancionada junto a meta por incumplir la Ley de Mercados Digitales. Se impuso una sanción de 500 millones de euros por impedir a los desarrolladores aplicaciones informar directamente sobre ofertas fuera de App Store, la tienda de la compañía.
2
Meta
2024. Castigo de 798 millones de euros por imponer “condiciones desleales” a plataformas de anuncios clasificados, al vincular el servicio Marketplace con la red social Facebook.
2025. Se impuso una multa de 200 millones de euros por el mecanismo de “consentimiento o pago”, ligada a la publicidad, con el que los usuarios de Facebook e Instagram no podían disponer de una opción sin costo que usara en menor medida sus datos personales. El modelo violaba la Ley de Mercados Digitales de la UE.
3
2017. La firma fue sancionada con 2.420 millones de euros por un caso de monopolio al favorecer en los resultados de búsquedas a su servicio Google Shopping por encima de los de la competencia.
2018. Se le impuso una multa de 4.340 millones de euros por una causa antimonopolio debido a que la empresa obligaba a los fabricantes de móviles a instalar Google Search y Google Chrome para limitar a otras aplicaciones competidoras.
2025. Nueva causa de abuso de posición dominante, con una multa de 2.950 millones de euros por dar prioridad a sus servicios de publicidad en línea.
