Estados Unidos continúa presionando a Venezuela por diversos frentes y esta semana decidió sancionar a la Empresa Aeronáutica Nacional S. A. (EANSA), firma de control estatal encargada de fabricar drones venezolanos.
José Jesús Urdaneta González, presidente de la compañía, fue sancionado junto con otras 10 personas, siendo incluidas otras empresas venezolanas acusadas de colaborar con Irán.
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DRONES DE ORIGEN PERSA
EANSA se creó en el 2020 como una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA), y su sede principal se encuentra en la Base Aérea El Libertador.
Es a través de esta empresa que el régimen de Nicolás Maduro crea sus propios drones, que son en esencia versiones locales de los que se fabrican en Irán, que brinda apoyo técnico y logístico al gobierno venezolano en sus fábricas.
Los drones venezolanos ANSU-100 (Antonio José de Sucre-100) de la serie Arpía, son esencialmente los Mohajer-2 iraníes que pueden portar armas como los misiles dirigidos Qaem -caracterizados por un nivel de precisión militar atípico en el contexto venezolano— para ataques contra objetivos terrestres. En las instalaciones militares de Venezuela también se fabrica el Mohajer-6, con características más avanzadas, mayor envergadura y un alcance de hasta 200 kilómetros, siendo capaz de permanecer en el aire por cerca de 12 horas.
Otros modelos de origen iraní son el Zamora V-1, versión local de los Shahed-131/136, y el más reciente ANSU-200, que tiene como referencia los modelos iraníes de ala voladora Shahed 171 Simorgh.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos apuntan a la adquisición de drones diseñados por Irán y de los compuestos necesarios para la fabricación de misiles balísticos. La postura del gigante norteamericano es que la pequeña industria venezolana es esencialmente un reetiquetado de las armas de Irán.
“El (Departamento) Tesoro está haciendo rendir cuentas a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente propagación de armas mortales en todo el mundo”, afirmó John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera estadounidense.
“La continua provisión de armas convencionales de Irán a Caracas es una amenaza a los intereses de Estados Unidos en nuestra región”, señaló por su parte Thomas Piggot, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.
La inteligencia estadounidense lleva tiempo monitoreando el corredor Teherán-Damasco-Caracas como ruta de aprovisionamiento de tecnología de drones procedentes de Irán y también de especialistas en la materia del estado persa.
De hecho, la información de inteligencia que llevó a que se sancionara a José Jesús Urdaneta fue parte de estos procedimientos y habría surgido desde el interior de la aerolínea estatal venezolana.
Los vuelos usualmente se han realizado a través de CONVIASA y su filial Emtrasur Cargo, situación que no ha estado exenta de polémica.
En el 2022 un avión de esta empresa venezolana que llevaba pasajeros iraníes tuvo que aterrizar de forma forzada en Argentina, donde el aeroplano permaneció retenido por cerca de dos años hasta que fue finalmente incautado por Estados Unidos en febrero del 2024, asegurando Washington que este era empleado para operaciones encubiertas de venezolanos e iraníes a lo largo de Latinoamérica.
Las amonestaciones introducidas por el gobierno de Donald Trump esta semana buscan limitar la circulación de los chips complejos y otros recursos tecnológicos para las armas aéreas a través de CONVIASA y sus subsidiarias.
DATO
Más armamento extranjero
En julio del 2025 se puso en marcha la primera fase de la planta de armamento que Rusia y Venezuela montaron en Maracay, en la misma zona que la Base Aérea El Libertador en el marco de operaciones de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM).
La factoría está destinada a la fabricación de munición de calibre 7,62×39 mm para rifles de asalto Kaláshnikov AK-103. Se espera que una ampliación de dicho complejo dé lugar a que también se fabriquen ahí las citadas armas de fuego, que serán empleadas por las Fuerzas Armadas de Venezuela.
MÁS MEDIDAS
A mediados de diciembre Estados Unidos emprendió la operación “Cuarentena Naval”, que establecía un bloqueo al flujo de petróleo crudo con el que subsiste el gobierno de Nicolás Maduro. En el centro de mira se encontraban los buques petroleros que se dirigían a Cuba y a destinos más lejanos como China.
La medida se centraba en los llamados “buques sancionados”, embarcaciones que participan en la movilización de combustible desde países sancionados como la misma Venezuela, Rusia o Irán. Estos tanqueros se encontraban en una suerte de lista negra de países como Estados Unidos y solían operar apagando sus sistemas de identificación para sortear las amonestaciones.
En el caso específico estadounidense, estas embarcaciones son consideradas como medios para que el llamado Cártel de los Soles o el gobierno de Irán mantengan sus operaciones. Para esos objetivos de vigilancia se está empleando la flota desplegada en el mar Caribe que está encabezada por el portaaviones USS Gerald Ford.
La presión sobre la comercialización del petróleo venezolano no es reciente, pues desde abril del 2025 la Administración Trump impuso un arancel del 25% a todas las importaciones de países que compren hidrocarburos procedentes del país gobernado por Maduro.
La imposición llevó a que estados como India, Italia, España y Malasia suspendieran sus adquisiciones de crudo venezolano, mientras que China, el comprador más grande, se vio obligado a actuar con sumo cuidado para evitar ahondar los conflictos diplomáticos que ha tenido desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump.
Fue en ese ese contexto que surgió la “flota fantasma” con la que Venezuela intenta sortear los castigos arancelarios de Estados Unidos y que desembocó en el caso de los “barcos sancionados” que Trump busca erradicar.
