— La presidenta Boluarte tiene solo 3% de aprobación y 94% de rechazo, según la última encuesta de Datum para El Comercio. ¿Con tan bajo respaldo puede llegar a concluir su mandato en el 2026?
Por supuesto que sí. Para fortalecer el estado de derecho y el sistema democrático tenemos que procurar que en el país los plazos constitucionales se cumplan y que, además, se cumpla la voluntad popular. Ha habido elecciones en el 2021 y se eligió a una plancha presidencial por cinco años y luego esta debe entregar la posta a quien resulte elegido en el 2026. La presidenta y el Congreso tenemos que hacer todos los esfuerzos para mejorar la eficiencia, tomar las decisiones correctas y lograr, evidentemente, superar esta imagen desfavorable que tenemos en este momento.
— ¿Es urgente un cambio profundo en el Gabinete Ministerial?
Los Gabinetes no son estables en el tiempo, permanecen en la medida del cumplimiento de sus funciones, [se espera] que tomen decisiones eficaces, que trabajen por el bien de la población. Estoy seguro de que la presidenta realiza una evaluación permanente de su Gabinete y que tomará las decisiones que correspondan, sobre todo en aspectos y áreas críticas como son la reactivación económica y lo que significa la lucha contra la inseguridad ciudadana.
— El Foro APEC concluyó. ¿A su consideración, es el momento de que se realicen cambios en el Ejecutivo?
Es importante que la presidenta evalúe con objetividad, tomando en cuenta los resultados que no son tan halagüeños ni favorables y sobre ello tomar decisiones.
— ¿En qué carteras, por ejemplo? Usted mencionó seguridad y reactivación económica.
En general, ¿no? El tema de la seguridad, evidentemente, tiene que ver con el Ministerio del Interior. Hay que revisar las políticas, las estrategias, si las decisiones han sido las correctas. Por ejemplo, hay que darle una mirada muy objetiva y seria a los ascensos, en los últimos años hemos tenido a una Policía Nacional donde se han tomado decisiones más de carácter político en los ascensos. Creo que hay que devolverle a la Policía Nacional la meritocracia. Y en el tema de reactivación económica me refiero al MEF, pero también a los ministerios de la Producción, Comercio Exterior y Turismo y Desarrollo Agrario, todo lo que tenga que ver directamente con las actividades productivas del país.
— ¿El estado de emergencia, a su juicio, ha fracasado?
El estado de emergencia no ha sido lo eficiente que hubiésemos querido. Yo lo que creo es que la lucha contra la delincuencia es un trabajo sistemático e interinstitucional. Es un trabajo que atraviesa todas las instituciones públicas. Por ejemplo, tiene que ver con un marco normativo mucho más eficiente, con una Policía Nacional que trabaje de mejor manera, se le debe fortalecer. Necesitamos trabajar mucho más en temas de inteligencia. También se debe redefinir en la Constitución el rol de las Fuerzas Armadas para proteger activos críticos, carreteras y edificios y liberar policías para la lucha contra la delincuencia común. Necesitamos una estrategia única y un liderazgo claro.
— El ministro del Interior dijo que daría un paso al costado si el estado de emergencia no tenía éxito. ¿Debe renunciar al cargo?
Yo me imagino que el ministro del Interior si lo ha señalado de esa manera, bueno hemos visto lo que hizo de manera pública, él evaluará y tomará la decisión que corresponde.
— Usted ha referido que el estado de emergencia no ha sido eficiente. ¿Desde ese punto de vista el ministro del Interior debe cumplir con su palabra y salir del Ejecutivo?
Es evidente que el estado de emergencia per se no soluciona el problema. Si tenemos una Policía Nacional que no tiene la logística, que no tiene la capacidad operativa, que en este momento está más preocupada por el tema de los ascensos, sin duda el estado de emergencia no va a funcionar al 100% como todos quisiéramos. La decisión de renunciar o no, de la continuidad, es personal del ministro. Este es un tema que debe considerar directamente la presidenta de la República.
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— El Congreso ha evitado investigar el Caso Rolex y, recientemente, profundizar la indagación sobre el presunto uso del cofre por el prófugo Vladimir Cerrón. Tampoco se instaló la comisión especial que debía investigar las muertes en las protestas de 2023. ¿Este Parlamento está blindando a la presidenta Dina Boluarte?
No, de ninguna manera, no hay blindaje [a la presidenta]. Los tres casos concretamente tienen carpetas abiertas y se están procesando en el Ministerio Público. Nosotros creemos que específicamente esos temas hay que verlos con objetividad, con seriedad y creo que es a la fiscalía a la que le corresponde, sobre todo por tratarse de temas de Estado. Y lo último, que es muchísimo más delicado, que son los sucesos lamentables en los que peruanos fallecieron, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, creemos que también el Ministerio Público debe actuar, que haga lo que corresponde, tiene los apremios y está investigando, esperamos los resultados.
— El Parlamento investigó casos que implicaban a presidentes en funciones, como Ollanta Humala, PPK, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. ¿Por qué ahora cambió el criterio? ¿Este Congreso es oficialista?
No, de ninguna manera. Lo que ha sucedido es que tenemos un fenómeno político que lamentablemente se repite. En el Perú, y en todas las democracias occidentales, si es que un Ejecutivo carece de un Congreso propio, sin duda es un gobierno inestable y frágil, es lo que ha pasado con el expresidente Pedro Castillo y ahora se repite con la presidenta Boluarte. Las bancadas parlamentarias democráticas creo que estamos haciendo un enorme esfuerzo por darle estabilidad al país, por darle continuidad democrática a la nación. Lo que más daño nos ha hecho es estar cambiando cada dos años [de mandatario] como viene ocurriendo desde el 2016. Y este Congreso, yo reconozco como su principal virtud, que le está dando estabilidad política [al país], que está permitiendo que crezcamos más de 3,5% y que la APEC haya sido totalmente exitosa.
— ¿El Congreso no está renunciado a su rol fiscalizador?
Justamente, hoy [viernes] en cumplimiento del rol fiscalizador van a estar acá el primer ministro y cuatro ministros que nos van a informar en detalle sobre los resultados de los acuerdos de la APEC 2024. Se ha escuchado por los medios de comunicación que hay un TLC con Hong Kong, que se perfeccionado el TLC con China, que el Perú ha sido declarado libre de fiebre lactosa, que va a beneficiar a todos los ganaderos y agricultores del país. Y luego estará el ministro Mucho con la finalidad de explicar y debatir sobre la nueva ley de pequeña minería y minería artesanal. Creo que hay formas y mecanismos de ejercer con eficacia el control político.
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— Este Congreso ha aprobado leyes polémicas, como la que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad, la de crimen organizado, la que debilita la colaboración eficaz, la que recorta los plazos de prescripción, entre otras. ¿Qué tipo de autocrítica debe realizar?
Lo que creo y siempre lo he señalado es que no somos perfectos, somos seres humanos, somos falibles, podemos equivocarnos. Pero lo más importante es tener capacidad de rectificación. Por ejemplo, en el tema de crimen organizado que has señalado, nosotros, desde la Presidencia del Congreso, hemos promovido un debate de la Ley N°32108, hemos realizado un pleno de seguridad ciudadana, hemos convocado a los gremios, hemos llamado a la sociedad civil y en esta sala, la Grau, hemos discutido proyectos de ley entorno a la lucha contra la delincuencia. Y en el caso concreto de la ley de crimen organizado, la hemos modificado, porque una de las principales críticas que tenía era que se obligaba a que en la diligencia de allanamiento esté presente el imputado [o su abogado]. Es decir, con eso prácticamente impedíamos la realización de esta diligencia si es que el imputado se encontraba prófugo. Esta norma fue modificada, se ha redefinido el concepto de crimen organizado, se ha eliminado la presencia obligatoria del imputado y ha tenido opiniones favorables, inclusive desde el Ministerio Público. Así que hay capacidad de rectificación en el Congreso.
— La Ley N°32138- que hizo nuevos cambios a la Ley contra el crimen organizado- excluye al menos 50 delitos, entre ellos los de corrupción de funcionarios, minería ilegal, favorecimiento a la prostitución, rufianismo y proxenetismo. ¿Esto representa una mejora para usted?
Por supuesto. Mira, no es perfecta, como te digo. Además, en el Congreso tenemos 13 bancadas, lo que se ha hecho es redefinir el concepto y se ha precisado que esta norma incluye el sicariato, extorsión y secuestro y otros delitos graves cuya pena mínima es de cinco años. Puede ser que se excluya algunas, pero…
— Algunos delitos no, son al menos 50…
Bueno, habría que revisar de manera específica de qué se trata, porque evidentemente son opiniones que respetamos. Pero habría que hacer una evaluación jurídica objetiva, que en este momento no la tengo precisa.
— ¿El Parlamento no está buscando debilitar al sistema de administración de justicia para autoprotegerse? Muchos congresistas son investigados en la actualidad.
Mira, yo no creo que los parlamentarios actúen de esa manera. Yo confío y tengo el mejor concepto de los 130 congresistas, son ciudadanos que han llegado por el voto popular, ellos expresan los puntos de vista de sus bancadas, se discute ampliamente y se toman decisiones colectivas en el pleno. Yo lo que tengo que decir es que ellos actúan de buena fe, podemos equivocarnos. Y, obviamente, estamos alertas a las advertencias y a las observaciones de los ciudadanos y de la prensa. Y siempre estamos abiertos a la rectificación.
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— En la Comisión de Justicia está listo un predictamen que suprime la facultad de los jueces para inaplicar normas que consideren inconstitucionales. Es decir, realizar control difuso. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta?
Es un tema realmente controvertido, estoy seguro de que se va a dar el análisis que corresponde, profundo y objetivo. Es claro que en la Constitución tenemos dos formas de controlar la constitucionalidad de las normas, el control difuso [de los jueces] y el control concentrado a través del Tribunal Constitucional. Y, evidentemente, estando en la Constitución, una norma, en la forma que usted señala, en mi concepto podría ser inconstitucional. Lo que sí preocupa es que muchos jueces ahora se tomen la libertad abierta de inaplicar normas que el Congreso ha dado. Un caso concreto es el juez Concepción Carhuancho que ha inaplicado dos o tres leyes que ha dado el Parlamento, ese no es un buen mensaje a la ciudadanía.
— El control difuso está respaldado por la Constitución…
Sí, pero el tema es que el control difuso no se puede aplicar de una manera libérrima como él [Concepción Carhuancho] pretende hacerlo.
— El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, prácticamente ha amenazado al juez Concepción por inaplicar la ley de crimen organizado y ha sugerido que se le denuncie por prevaricato. ¿Usted comparte este punto de vista?
No soy proclive al tema de amenazas, creo que hay que actuar con serenidad, hay que evaluar con objetividad y hay que actuar siempre con la ley en la mano. Yo creo que el juez está, algunos casos, aplicado como corresponde su criterio, pero en otros, me parece que hay un exceso. Pero de ahí llevarlo a denunciar por prevaricato hay mucha distancia.
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Minería ilegal y Reinfo
— En noviembre de 2021, usted y otros congresistas promovieron la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Por qué ahora opina que no se debe dar una nueva prórroga?
Lo que hicimos en el 2021 fue lo correcto, tuvo 103 votos de respaldo en el Congreso, el propio Ministerio de Energía y Minas estuvo de acuerdo, porque entendían que en los 12 años que había pasado desde el inicio de la formalización minera, no habían tomado una decisión política los tres gobiernos que han transcurrido desde el 2012 y consideraban correcta la ampliación.
Además, la ley que tú refieres, se estableció la obligatoriedad que el Poder Ejecutivo entregue en un plazo de 180 días un nuevo proyecto de ley que termine con la transitoriedad, ese plazo venció en octubre de 2022, estamos en noviembre de 2024, dos años y un mes después de esa fecha y recién se ha entregado ayer [jueves] el proyecto de ley referido a ello. La legislatura termina a mediados de diciembre. No podemos estar continuando con ampliación tras ampliaciones, sino que tenemos que darle ya una solución definitiva. El pequeño minero lo que quiere es ordenarse, el pequeño minero quiere formalizarse, trabajar dentro de la ley, pero el Estado tiene que darle las herramientas que corresponden: un marco legal objetivo, real y que funcione, pero además presupuesto, logística y capacidad operativa de las gerencias regionales de Energía y Minas.
— En su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte dijo que ya habían finalizado la elaboración de la nueva ley de formalización de la pequeña minería y de la minería artesanal (MAPE). Tras casi cuatro meses, el Ejecutivo recién envió el proyecto. ¿Existe consenso en el Congreso? ¿Se aprobará antes de que termine la legislatura?
Tiene que aprobarse, tiene que aprobarse una norma que establezca de manera definitiva la forma y el modo de la formalización de los mineros que se encuentran en lugares donde está permitida la actividad y que utilicen equipos autorizados. De lo contrario, el 1 de enero vamos a tener a medio millón de peruanos en la ilegalidad y eso es totalmente inadmisible. Son un sector económico importante, hay que darle la relevancia que corresponde, hay que ayudarlos a que se orden, pero eso implica tener normas claras. Y eso es lo que pretendemos hacer aquí en el Congreso.
— La Ley MAPE establece 180 días para que los mineros informales puedan concluir su proceso de formalización. ¿Este plazo es suficiente? ¿Qué garantiza que no se vaya a dar una nueva prórroga?
Es un plazo que plantea el Ejecutivo, lo vamos a revisar. Le hemos pedido al presidente de la Comisión de Energía y Minas que se declare en sesión permanente, la próxima semana ellos tienen que discutir, debatir, convocar a los gremios, convocar a especialistas para que la primera semana de diciembre ya tengamos una norma en el pleno y podamos discutirla. La única manera de no estar extendiendo plazos es dar un marco legal coherente y que haya una política de Estado que realmente funcione.
Y esto requiere recursos, capacidad logística y de fiscalización. Si revisa los presupuestos otorgados en los últimos años para la formalización, entre el 2010 y 2022 se han utilizado un promedio de S/600 millones para interdicciones, para la represión y la persecución, pero solo se han utilizado S/10 millones para la formalización. Hay una enorme diferencia entre una y otra actividad. El Estado tiene que ponerle mayor interés, recursos, logística y decisión política para que la formalización sea una realidad. Si aceptamos los seis meses de plazo que el Ejecutivo ha propuesto vamos a estar en el sexto mes nuevamente planteando una nueva renovación, y creo que eso es incorrecto.
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— Usted impulsó que se derogué la primera disposición complementaria del DL 1607, con el objetivo de que la Policía Nacional ya no pueda actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos por personas con inscripción suspendida en el Reinfo. ¿Esta medida no favorece, a su juicio, a la minería ilegal?
Esa es una hipótesis, una afirmación completamente falsa, que lamentablemente la han difundido sectores interesados en estigmatizar a la pequeña minería y a los congresistas que tenemos la responsabilidad de tener iniciativas en relación con la realidad económica de nuestras regiones. En mi región el 30% del PBI es minero.
— El cuestionamiento que usted hizo al DL 1607 fue por un tema de forma, y no de fondo…
Ninguna persona, sea minero o no, puede utilizar, trasladar explosivos si es que no tiene el permiso de Sucamec, el manejo de explosivos no es como manejar cualquier bien. Esa afirmación de que esa ley no permite que la policía intervenga a quien traslade dinamita en su vehículo sin autorización es errónea, nadie puede llevar explosivos si no tiene permiso de la Sucamec, sea minero o no.
— Según la Unidad de Investigación de El Comercio, usted ha sido cercano a los Baca Casas, el cuestionado clan familiar que extrae oro en Huepetuhe (Madre de Dios). ¿Cuáles son sus vínculos con la familia de la hoy fallecida ‘Tía Goya’ o la ‘Reina del Oro’?
Mira, yo soy Madre de Dios, el 30% o 40% de la región depende de la extracción aurífera, soy el único congresista de Madre de Dios y, obviamente, he tenido iniciativas para ordenar la actividad en el corredor minero de Madre de Dios. En mi región solo está permitido hacer actividad en cerca de 500 mil hectáreas. Nosotros trabajamos para que en esas áreas se orden y se formalice la actividad. Y ese sector trabaja la familia que tú dices, que es una familia antigua, y los conozco a ellos como conozco a cientos de pequeños mineros de mi región y también a muchos dirigentes de todo el país.
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— El déficit fiscal de este año puede cerrar en 4% del PBI, el más alto desde 1992, excluyendo la pandemia. Un estudio de Apoyo Consultoría señala que, en los últimos tres años, el Congreso ha aprobado normas que incrementan el gasto público en más de S/100.000 millones…
Es un tema que tenemos que corregir. Esa preocupación la compartimos en la Mesa Directiva y, por eso, es que tratamos en todo momento que en los dictámenes que tengan que ver con temas presupuestales o incremento del gasto públicos, nosotros exigimos siempre que las comisiones de Presupuesto y Economía tengan la opinión favorable del MEF. Una de las fortalezas del país, sin duda alguna, es su estabilidad macroeconómica y parte de la esto es el tema que tú señalas. Así que vamos a preocuparnos para que el Congreso actúe sin generar mayor gasto presupuestal.
— Sobre Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, pesa una orden de prisión preventiva de 36 meses por el Caso Los Waykis en la Sombra. ¿No es extraño que cada vez que hay un fallo en contra de un personaje vinculado al Ejecutivo, estas personas no pueden ser hallada por la Policía?
Lo primero a señalar es que en el Perú vivimos en una democracia donde hay separación de poderes, tenemos a un Poder Judicial que actúa de manera autónoma. Por ello, es que se ha declarado fundada el requerimiento de prisión preventiva del Ministerio Público [en contra de Nicanor Boluarte]. Ahora cada ciudadano tiene derecho a utilizar los mecanismos de defensa que corresponde. Hay que precisar que cuando un juez de primera instancia establece una prisión preventiva, el ciudadano imputado, sea el señor Boluarte o quien sea, puede interponer el recurso impugnatorio de apelación y mientras la sala no ratifique o resuelva, él tiene derecho a preservar su libertad. Este es un derecho constitucional ratificado por convenios internacionales y por sentencias del Tribunal Constitucional. De ser ratificado, obviamente las autoridades tomarán las decisiones que correspondan legalmente.
— ¿Existe una norma que permita a una persona con orden de prisión preventiva a sustraerse, a no dar cara a la justicia, a ser un prófugo?
Uno tiene derecho a preservar su libertad, ese es un derecho ratificado por convenios internacionales. Esa prisión preventiva será materia de apelación, seguro que su abogado lo formulará y si la sala confirma ya es una decisión inamovible. Se trata de una prisión preventiva, no es una sentencia. Lamentablemente, en los últimos tiempos se ha abusado del mecanismo de la prisión preventiva, que es excepcional, no es lo ordinario. En todo caso, que la justicia actúe como corresponde.
