
El Poder Judicial autorizó levantar el secreto de las comunicaciones de Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, por la investigación que se le sigue por las comunicaciones que tuvo con el exjuez del Callao Walter Ríos en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
La resolución fue emitida por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, contra el ministro que viene siendo investigado por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Público.
LEE TAMBIÉN: Ministro Eduardo Arana registra más de 180 llamadas con exjuez supremo Walter Ríos
Según el documento al cual tuvo acceso El Comercio, el periodo de tiempo en el cual está interesado el Ministerio Publico considera comunicaciones de días específicos de diciembre del 2017, abril y junio del 2018.
Eduardo Arana es investigado como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y, alternativamente, de cohecho activo específico.
La fiscalía le atribuye al ministro haber contactado en abril del 2018 a Walter Ríos cuando era titular de la Corte Superior de Justicia del Callao para, entre otras cosas, que le prometa realizar un donativo o beneficio a un juez no identificado para que haga actuaciones a favor de Arana
El Ministerio Público espera obtener estos registros telefónicos para determinar la persona que se habría comunicado con Eduardo Arana en esas fechas para solicitar estos trámites por el caso ONP, así como a otros implicados en el proceso judicial en el cual habría buscado interferir.
La defensa del ministro se opuso al considerar que no son actos urgentes e inaplazables y porque no se han identificado a los otros presuntos involucrados en los delitos.
LEE TAMBIÉN: “Los Cuellos Blancos del Puerto”: Equipo especial denuncia a 46 implicados y pide hasta 34 años de prisión
Otra investigada en este caso, Pierina Ugaz Solís, sí se allanó al pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones pero solo en las que competen tanto a Arana como a Walter Ríos.
El juez Checkley resolvió que sí hay urgencia en el pedido fiscal porque se trata de información vital para determinar actos delictivos, además de considerar que es una medida adecuada e imprescindible para continuar con las investigaciones.