Una jueza de Ecuador envió a prisión preventiva a dos de los siete militares investigados por la muerte de un hombre, al que habrían golpeado y electrocutado durante un operativo realizado sin autorización el pasado lunes en Guayas, una de las cuatro provincias que está bajo un toque de queda nocturno por los altos índices de violencia.
La magistrada aceptó parcialmente el pedido de la Fiscalía, que investiga a los siete uniformados por su presunta participación en el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte, en un hecho ocurrido la tarde del 16 de marzo, en una localidad del municipio de Milagro.
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Los otros cinco soldados enfrentarán el proceso judicial en libertad condicional, pues tienen prohibido salir del país, deberán presentarse dos veces por semana ante una autoridad judicial y usar un grillete electrónico, según informó el Ministerio Público este lunes.
Los militares fueron detenidos después de que la Fiscalía anunció el martes pasado la apertura de una investigación de oficio por la muerte de Bryan Ledesma Franco durante un operativo.
“La víctima habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar”, señaló ese día el Ministerio Público en sus cuentas oficiales.
El Ejército indicó posteriormente que los militares habían realizado esa operación “fuera de su jurisdicción, sin el conocimiento ni autorización” de sus superiores.
La jueza también otorgó medidas de protección a familiares de la víctima, así como a un ciudadano que resultó herido durante la intervención militar.
Este caso se registró un día después de que Ecuador intensificó los operativos en cuatro provincias del país, entre las que está Guayas, especialmente durante las noches, cuando rige un toque de queda que estará vigente hasta el 31 de marzo, y que es parte de una “nueva fase” de la “guerra” que desde hace más de dos años declaró el presidente, Daniel Noboa, contra el crimen organizado.
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Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que en el marco de ese “conflicto armado interno” declarado en 2024 se han reportado una treintena de desapariciones forzadas, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares a favor de 26 personas desaparecidas después de haber sido detenidas presuntamente por las Fuerzas Armadas.
El caso que ha causado mayor conmoción social es el de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos de manera irregular por militares en diciembre de 2024, en el sur de Guayaquil, y posteriormente asesinados.
Un total de 16 militares fueron sentenciados en diciembre a penas de entre 30 meses y 34 años y ocho meses de cárcel por el delito de desaparición forzada.
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