La Fiscalía de Ecuador informó este martes que abrió una investigación de oficio por la muerte de un hombre ocurrida durante un operativo de las Fuerzas Armadas en un municipio de la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia criminal.
La Fiscalía de Ecuador informó este martes que abrió una investigación de oficio por la muerte de un hombre ocurrida durante un operativo de las Fuerzas Armadas en un municipio de la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia criminal.
La víctima “habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar” la tarde del lunes en el municipio de Milagro, de acuerdo a información del Ministerio Público, que no dio más detalles del caso.
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Las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos contra el crimen organizado en cuatro provincias del país, entre las que está Guayas, especialmente durante las noches, cuando rige un toque de queda que inició el domingo, como parte de una “nueva fase” de la “guerra” que desde hace más de dos años declaró el presidente, Daniel Noboa, contra estos grupos delictivos.
La agresión habría ocurrido en un sector ubicado a las afueras de Milagro, según medios locales, que hacen alusión a videos que circulan en redes sociales, donde personas capturan el momento en el que sujetos vestidos con uniformes similares a los que usan los militares llegan a un hospital de la localidad con un hombre y lo entregan al personal médico.
La institución militar no se ha pronunciado sobre estos hechos ni sobre la investigación anunciada por la Fiscalía.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado una treintena de desapariciones presuntamente a manos de militares en el marco del “conflicto armado interno” declarado en 2024, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares a favor de 26 personas desaparecidas después de haber sido detenidas presuntamente por las Fuerzas Armadas.
El caso que ha causado mayor conmoción social es el de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos de manera irregular por militares en diciembre de 2024, en el sur de Guayaquil, y cuyos cuerpos fueron hallados calcinados días después en una zona rural a las afueras de la ciudad.
Un total de 16 militares fueron sentenciados en diciembre a penas de entre 30 meses y 34 años y ocho meses de cárcel, y la Corte Constitucional declaró que los menores habían sido víctimas de desaparición forzada, por lo que ordenó al Estado que reconozca su responsabilidad y emita disculpas públicas por el hecho, entre otras medidas de reparación.
