Las plantas que procesan el oro extraído de las principales zonas auríferas del Perú son consideradas un eslabón fundamental en la cadena de la producción del metal. Según especialistas consultados por El Comercio, en esta parte de la cadena hay poca regulación y es donde se mezclaría el oro de procedencia legal e ilegal. Los especialistas recalcaron que para implementar una planta de beneficio (como se les llama a las procesadoras) hay que invertir millones por la maquinaria que usan.
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Entre enero y agosto de este año, la Sunat (sobre todo Aduanas) y la Policía Nacional del Perú (PNP) han intervenido 10 plantas de beneficio de oro y cobre en Trujillo (La Libertad), Barranca (Lima) y Nasca (Ica) con el fin de fiscalizarlas.
En esas regiones donde la Sunat y la PNP realizaron operativos, hay plantas cuyos accionistas tienen graves cuestionamientos. El Comercio encontró que empresarios y pequeños mineros tienen denuncias y procesos en el Ministerio Público y el Poder Judicial. En este informe nos centramos en cuatro.
Uno es Sandro Herrera Granda, exasesor del Congreso, exmilitante de Cambio 90 (luego se llamó Perú Patria Segura), excandidato al Parlamento por Alianza por el Futuro y Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) y aportante de campañas electorales. Él es accionista de Dorato Llipata, propietaria de la Planta Llipata, en Palpa (Ica).
En abril de este año, Herrera fue detenido por el Caso Los Elegantes de San Juan de Lurigancho, una presunta red criminal que se apropiaba de inmuebles por medio de engaños legales y procesos judiciales para luego revenderlos. También tiene denuncias e investigaciones en otros distritos judiciales. En Cañete tiene una indagación preparatoria por fraude procesal y en Mala una por estafa agravada.
Además, la fiscalía supraprovincial del Callao –desde el 2022 a cargo del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, el gran escándalo de corrupción del sistema de justicia peruano– incluyó a Herrera en una indagación por tráfico de influencias. Según la pesquisa, Herrera y el empresario Samir Abudayeh intentaron direccionar casos judiciales a su favor debido a su cercanía con el procesado expresidente de la corte superior del Callao Walter Ríos.
Desde el 2019, Herrera tiene investigaciones en la Tercera Fiscalía Especializada de Lavado de Activos y en la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada (Fecor). En esta última por el delito de usurpación agravada. En otro despacho de la Fecor enfrenta una investigación preliminar por lavado de activos (actos de conversión y transferencia).
Asimismo, desde el 2019 tiene denuncias por estafa, defraudación y organización criminal en fiscalías de San Juan de Lurigancho, Lima y Huaura.
El empresario de Paltarumi
El empresario peruano-estadounidense Jimmy Pflucker Pinillos –accionista mayoritario de Paltarumi, una moderna planta procesadora de oro que opera en Barranca– es investigado por la fiscalía anticorrupción, la Fecor y la División de Investigación de Lavado Procedente del Tráfico Ilícito de Drogas (Divila).
Paltarumi está inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), enfocado en la pequeña minería y minería artesanal. Según especialistas consultados, hay mineros ilegales del oro inscritos en el Reinfo.
Desde junio del 2023, la Fecor analiza una denuncia contra Pflucker por supuestamente integrar o promover una organización criminal. En otra denuncia presentada ese mismo año en la Cuarta Fiscalía de la Fecor, lo acusan de apropiarse de terrenos en la zona industrial de Lurín (Lima Metropolitana).
La Primera Fiscalía Especializada en Lavado de Activos tiene una denuncia contra él por actos de conversión y transferencia abierta a pedido de un equipo PNP de la Divila. Otra fiscalía anticorrupción lo investiga por el mismo delito.
El dueño de Muky Dorado
Desde setiembre del 2023, Iván Oliden Servellón –dueño de Minera Muky Dorado, que opera una planta procesadora de oro en el distrito de Supe– es investigado por la fiscalía de Barranca por minería ilegal y contaminación ambiental (por las actividades de su planta). Minera Muky Dorado E.I.R.L. aparece en Reinfo.
A partir de este año, Oliden también es investigado en Ica por la fabricación, suministro o tenencia de materiales y residuos peligrosos relacionados con la minería.
Desde el 2013, Oliden tiene varias denuncias en Barranca e Ica por el suministro, fabricación y posesión de explosivos utilizados para la minería ilegal. Por este delito, el año pasado fue sentenciado. El fallo sigue sin ejecutarse, según los registros del Ministerio Público.
Pese a sus antecedentes, hasta hace unas semanas la firma de Oliden mantenía el permiso para funcionar como una planta procesadora para la pequeña minería.
En agosto, agentes de la Dirección de Inteligencia del Frente Policial de Ica capturaron a los miembros de la banda Los Duros de Pisco. Oliden fue uno de los detenidos. Hasta el 2023, él insistía a la Dirección Regional de Minería de Lima para que le permitieran tener la concesión minera Los Chunchos, en la zona de Caral (Barranca).
Dato
Algunos mineros registrados en el régimen de pequeña minería también son dueños de procesadoras de oro. Estas pueden costar millones de dólares.
La minera de Supe
Gissela Montaño Godoy aparece en el Reinfo como una pequeña minera, propietaria de dos plantas de beneficio de oro en Supe.
En agosto del 2021, fue detenida en una operación de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la PNP realizada en cuatro regiones del país. En su vivienda de Barranca se halló una planta procesadora de material aurífero con quimbaletes, pozas de cianuración e insumos ligados con esta actividad ilícita. Familiares suyos fueron detenidos en posesión de dinero, fulminantes, mechas lentas, cordones detonantes, dinamita y anfo.
Contra Montaño, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada formalizó una investigación preparatoria por sicariato (matar por encargo), falsificación documentaria y posesión de explosivos. Ella enfrenta otras dos denuncias por posesión de explosivos en una fiscalía de Barranca y en la Fecor. En junio del 2012, fue detenida por este delito.
Las dos plantas de beneficio de oro de Montaño ya fueron suspendidas, pero aún tiene tres derechos mineros vigentes en Huarmey (Áncash): Piedras Gordas II 2009, Labrada y Crucifijo 2010.
El Comercio buscó el descargo de los mencionados en este informe. Solo respondió el abogado de Pflucker, Carlos Cúneo. Afirmó que las denuncias contra su cliente aparecieron “sospechosamente” el mismo año y que no tienen fundamento. Agregó que una denuncia en la Fecor fue archivada hace un mes y, en otra, el denunciante habría desistido de su pedido de investigación. En el caso de la investigación policial, Cúneo sostiene que la PNP solo se basa en dichos de la publicación de un diario.
Más información
La minería ilegal del oro es un negocio ilícito que genera US$6.000 millones al año.
En La Libertad se produce el 40% de todo el oro del país, según el gremio del sector.
Cada año, la minería ilegal del oro gasta US$120 millones en comprar explosivos.
Un gran problema
El intendente nacional de Estrategias y Riesgo de la Sunat, Antonio Peña, señaló a El Comercio que el problema de la minería ilegal del oro es un tema multisectorial. Consultado por los propietarios de plantas con investigaciones, dijo: “Lo que hacemos es una gestión de riesgos, evaluamos antecedentes patrimoniales, financieros y tributarios. Fuera de ese ámbito, no evaluamos, por ejemplo, si ha cometido un homicidio o tiene antecedentes por narcotráfico”.
Para el vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, “no hay ningún mecanismo para fiscalizar” a las plantas de beneficio. Sobre estas, recalcó que se suele utilizar la figura de la pequeña minería “para evadir el control del gobierno nacional”. “Muchas de estas plantas de beneficio, en la práctica, son medianas o gran minería, pero aprovechan el régimen de la pequeña minería para […] evitar pago de mayores regalías”.
En general, consideró “increíble que las plantas laven oro ilegal y que superen largamente los niveles de producción que la ley señala”.
“Lamentablemente, no hay un convencimiento al más alto nivel de nuestro Estado”, dijo Ipenza sobre la labor de las autoridades.
Sobre los propietarios de las procesadoras con investigaciones, indicó que su presencia demuestra que aplican “cualquier mecanismo con tal de poder seguir desarrollando la actividad”.
