La reciente voladura de una torre de alta tensión en Pataz no es un hecho menor, sobre todo si se recuerda la violencia que asoló al país hace algunas décadas. No le falta razón a Natale Amprimo cuando anticipa un proceso electoral convulso y sin garantías si se mantiene la pasividad actual (El Comercio, 15/1/2025).
Frente a ello, los poderes del Estado se encuentran jaqueados por casos que involucran muertes en circunstancias escabrosas: la de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, y la de Nilo Burga, exproveedor de los programas sociales que gestiona el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
El debate de la política peruana actual está centrado en temas con ribetes judiciales, cuando no criminales, lo que impide la formulación de alguna agenda mínima que atienda los principales problemas que aquejan al país. No es extraño, por ello, que la totalidad de la cobertura política impresa ayer en este Diario estuviera abocada a esta temática.
No obstante, mientras el país político se debate entre balas y legajos judiciales, las perspectivas económicas insinúan algunas mejoras que podrían confundir al observador desprevenido. Un reporte de Vistage, por ejemplo, muestra que la confianza de los inversionistas se encuentra en su mejor nivel desde el 2017 (“Gestión”, 13/1/2025).
Desde entonces, el país ha atravesado crisis políticas constantes –el cierre del Congreso y el colapso de cuatro de las seis gestiones presidenciales–; una pandemia –con cifras mortales aún no esclarecidas–; y el incremento de las alertas para la inversión –consecuencia de la elección de Pedro Castillo–. Si lo consideramos así, hablar de una mejora tiene sentido. Pero no debe pensarse que, de pronto, el Perú se ha convertido en el paraíso de las inversiones.
En cualquier caso, ese es el país que camina a las urnas. Dos entidades muy distintas conviven en un mismo organismo: una suerte de Doctor Jekyll y Mister Hyde (la famosa novela de Stevenson), con una economía sólida y una política envilecida.
En su mejor pronóstico, la economía crecerá a mucho menos de su potencial. Esta realidad es descrita con precisión por Alfredo Thorne: el Perú es “una economía que opera muy por debajo de su capacidad potencial” (El Comercio, 15/1/2025).
En el peor desenlace, el reino de las economías ilícitas se asentará. Se continuaría, así, la “erosión popular” a la que se refería Carlos Meléndez, “una fase superior del desborde popular” (El Comercio, 12/1/2025).
En ello radica la importancia de la elección del 2026: en cómo gestionar este complejo panorama que se ha forjado en los tiempos recientes. El liderazgo político renovado tendrá que decidir si se enfrenta al crimen o si, por el contrario, opta por acomodarse y mirar al techo. Una decisión, sin duda, fundamental.
