Disputa por administración de complejo deportivo en Magdalena: las claves para entender el caso que involucra a un cuestionado juez

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Vale precisar que el complejo deportivo fue administrado por dicha empresa durante el periodo 2019-2022. En enero del 2023, cuando Allison inicia su gestión, la Municipalidad de Magdalena pasó a administrar el espacio directamente. En ese sentido, el burgomaestre ha indicado que durante el periodo mencionado, Depor Plaza gestionó “ilegalmente” el recinto, pues le correspondía al municipio hacerlo, y que además se “enriqueció” indebidamente con el alquiler de las canchas.

En tanto, cabe resaltar que esta disputa por el control del complejo deportivo involucra al juez Gustavo Varillas Solano, titular del 7mo Juzgado Civil Sub Especial Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien fue el encargado de admitir la medida cautelar. Este magistrado ha sido cuestionado en más de una ocasión por fallos presuntamente irregulares. Al respecto, Allison criticó al juez por involucrarse en asuntos administrativos fuera de su jurisdicción.

Debido a los motivos expuestos, la Municipalidad de Magdalena interpuso este miércoles, a través del asesor de alcaldía Enrique Sánchez, una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, en contra de LG Gestión Inmobiliaria y el juez en mención por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

“(…) la empresa en los años 2020 al 2022 se enriqueció indebidamente como consecuencia de la administración del complejo deportivo municipal (…) en claro perjuicio a los intereses municipales”, se señala en la denuncia.

Esta alcanza a las siguientes personas: Cesar Polo Reggiardo (gerente general de la empresa), juez Juan Varillas, Eberth La Cruz Yepez (ex gerente general de la empresa), Hugo Esparza Patiño (socio fundador), Juan Carlos Cornejo (socio fundador), Oscar Martinez Tejada (secretario del 7mo Juzgado Civil Sub Especial Comercial de la CSL) y Oswaldo Espinoza (abogado de la empresa).

Por su parte, la Municipalidad de Magdalena señaló que, al solicitar la medida cautelar, LG Gestión Inmobiliaria alegó haber sido despojada irregularmente de la administración del complejo deportivo.

Este Diario accedió a la demanda interpuesta por la empresa ante el Juzgado Civil – Comercial de la Corte Superior de Lima en la cual se pide que se “deje sin efecto la resolución unilateralmente efectuada por el municipio respecto al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Magdalena y LG Gestión Inmobiliaria”.

Además, se solicita que se le restituya a la empresa la posesión y administración de las instalaciones deportivas a fin de que se cumpla con “el periodo de vigencia de 6 años” establecido en dicho convenio que data del 16 de mayo del 2018.

El Comercio intentó contactarse con algún representante de la empresa para tener de primera mano su versión de los hechos, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Más detalles de esta disputa

El alcalde de Magdalena contó a El Comercio que durante el periodo 2019-2022, cuando Depor Plaza ejercía la administración del complejo deportivo, cada persona que quería hacer uso de las canchas tenía que depositar un monto a la cuenta privada de la empresa o, en ciertas ocasiones, a la cuenta bancaria de una persona vinculada a ella. Además, agregó que el dinero que registraba oficialmente, estaba muy por debajo de lo que en realidad se recaudaba. Debido a esto, precisó que la comuna presentó en su momento (6 de febrero del 2023) una denuncia contra la empresa ante la Fiscalía Anticorrupción, la cual sigue en curso.

“En el 2021, la empresa depositó a la Municipalidad de Magdalena solo 15 mil soles, mientras que el 2022, al término de la gestión anterior, depositó cerca de 110 mil. Sin embargo, ya en el 2023, al mando del complejo, nuestra gestión recaudó 1 millón 100 mil soles. Es decir, 1 millón de soles más que el 2022 y ni qué decir del 2021. Todo esto fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. Evidentemente faltan casi 1 millón de soles por año”, explicó Allison.

Incluso, dijo que en el 2022, la empresa recaudó fondos por el alquiler adelantado de la infraestructura deportiva, recibiendo diferentes montos por parte de academias de fútbol con miras a lo que fue el verano del 2023.

“Las academias deportivas que alquilaban las canchas varias horas para dar clases ya habían pagado incluso para el verano 2023. Cuando yo he llegado las academias nos presentaron docenas y docenas de recibos de pago por el alquiler ya cancelado. Todo ese dinero entró a la cuenta de Depor Plaza, no de la Municipalidad de Magdalena, por eso fue que denunciamos a la empresa penalmente. Solamente en estos pagos había más de 200 mil soles”, detalló la autoridad.

Por otro lado, el alcalde agregó que cuando la municipalidad asumió la administración del complejo en enero del año 2023 este se encontraba en pésimo estado. “Estaba destrozado, no invertían dinero, tuvimos que remodelar baños, poner luces nuevas, los jardines estaban hechos tierra. Ahora estamos convocando para cambiar el cerco exterior”, dijo.

Con estos hechos como antecedentes, sostuvo que su gestión nunca imaginó que la mencionada empresa fuera a interponer un recurso solicitando se le devuelva la administración del complejo deportivo.

“Fue una gran sorpresa enterarnos de manera extraoficial que esa empresa, no contenta ni satisfecha con con lo que ha hecho, que está en plena investigación en fiscalía, ahora pretenda con una demanda quitarnos el recinto al haber conseguido se le admita una medida cautelar. Esto es un escándalo”, expresó el alcalde de Magdalena.

Respecto al juez Gustavo Varillas Solano, quien admitió el recurso, Allison comentó que no tiene competencia para ver procesos contenciosos administrativos, ya que se trata de un magistrado de un juzgado comercial. Además, señaló que la empresa Depor Plaza no ha presentado prueba alguna de que hayan sido despojados el 2019 en las circunstancias que afirman.

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“La Ley Orgánica de Municipalidades dice que los acuerdos de Concejo, acabada las vías administrativas en municipios, se ven judicialmente en procesos contenciosos administrativos; el juez Varillas no tiene competencia para ver el caso. La empresa ha dicho al juzgado que los han botado. ¿Dónde se ve a un juez que aplique esta medida por un simple dicho? Es algo absolutamente irregular”, refirió.

Pruebas presentadas por municipio

Como parte de la denuncia penal interpuesta este miércoles ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, el municipio de Magdalena adjuntó una serie de documentos a manera de pruebas.

Entre estos figuran la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 6 de febrero, en contra de la empresa Depor Plaza, por la presunta comisión del delito contra la administración pública – peculado en agravio de la comuna.

Asimismo, se agrega un acuerdo de concejo municipal (2019) en el que se acordó resolver el convenio suscrito entre el municipio de Magdalena y LG Gestión Inmobiliaria argumentando un incumplimiento de las obligaciones de dicho convenio, así como el pacto entre las partes en el que “declaran someterse a la libre adhesión y separación en caso de controversia”.

Además, se adjunta decenas de recibos de pago que, de acuerdo a la comuna, muestran el cobro irregular a las academias deportivas que habría llevado a cabo la empresa Depor Plaza por el alquiler de las canchas.

¿Quién es el juez que emitió medida cautelar?

Según afirmó el burgomaestre de Magdalena, el juez Varillas Solano cuenta con numerosas investigaciones en su contra por actos irregulares. Asimismo, Allison añadió que dicho magistrado ha sido sancionado anteriormente por favorecer al cartel de Tijuana cuando se desempeñaba como juez penal.

“Le hemos encontrado 28 denuncias por actos irregulares en su función. Además, hay temas graves como cuando fue juez del juzgado penal y tuvo una sanción por favorecer al cartel de Tijuana debido a que se demoró más de tres años en dilucidar parte del proceso”, dijo.

Por otro lado, al alcalde denunció que el abogado Oswaldo Espinoza, quien presentó el recurso de medida cautelar en favor de LG Gestión Inmobiliaria, es amigo íntimo del juez Varillas. Detalló que ambos han integrado un mismo equipo de futbito, por lo que se conocían y compartían al menos un mismo círculo. En tanto, mencionó que el abogado también viene siendo investigado.

“Hemos encontrado navegando en internet que el abogado de la parte demandante fue juez y que en este momento se encuentra suspendido por dos años. Se le investiga por tráfico de influencias. Mientras tanto, ejerce como abogado. Cabe agregar que cuando fue juez hacía campeonatos de futbito y en su equipo estaba el juez Varillas. Si a este juez le llega una demanda de su amigo miembro del mismo equipo de futbito lo mínimo que tenía que hacer era inhibirse, pero no, no solamente admitió la demanda, sino también admitió la medida cautelar. Esto tampoco es serio, ni transparente, ni ético”, expuso.

Allison también sacó a luz algunos cuestionamientos al desempeño del juez Gustavo Varillas, como la medida cautelar aceptada meses atrás a favor de la Federación Peruano de Fútbol, así como su vinculación con el caso de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“No puede ser que el mismo juez que ha tenido cuestionamientos por haber protegido a carteles vinculados a narcotráficos, sea pues rápido para otras cosas como quitar un complejo deportivo municipal que es usado por los jóvenes para hacer deporte, pero además para dársela a una empresa privada que ha sido denunciada por corrupción”, lamentó.

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Caso Federación Peruano de Fútbol

El pasado 17 de diciembre de 2022, el Séptimo Juzgado Comercial de Lima emitió una medida cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol por los derechos televisivos en contra del Consorcio Fútbol Perú y otros dos operadores de cable, suspendiendo los nuevos contratos firmados por dicha empresa con ocho clubes hasta que finalice el proceso legal.

El funcionario del Poder Judicial que dictó dicha resolución fue el juez Juan Varillas Solano. Tras varios cuestionamientos a esta decisión, finalmente, en junio de del año pasado, el Poder Judicial retiró la medida cautelar impuesta por la Federación Peruana de Fútbol contra el Consorcio Fútbol Perú.

Caso Los Cuellos Blancos del Puerto

Juan Varillas Solano también fue vinculado a uno de los casos de corrupción más relevantes del Perú como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y a uno de sus integrantes claves.

El 8 de marzo del 2022, Óscar Miranda Orillo, exfiscal superior especializado en Corrupción de Funcionarios, dirigió una acusación contra el magistrado al equipo de fiscales que investiga a la mencionada organización criminal.

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De acuerdo con lo resuelto por Miranda, Juan Varillas dispuso una medida cautelar favorable al Consorcio Salud Tacna, para evitar que el Gobierno Regional de Tacna resuelva un contrato por 265,3 millones de soles para la edificación de un hospital en dicha región.

La empresa había incumplido el convenio y buscaba aumentar los costos de la obra. Varillas pasó a ser investigado pues habría favorecido a la compañía.