
La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Juan Burgos (Podemos Perú), debate este miércoles el informe final que recomienda evaluar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por el Caso Cirugías.
Tras detallar los hallazgos en este caso, el informe señala que: “El Congreso se encuentra en la obligación constitucional de valorar si dicha conducta compromete irreversiblemente la integridad moral de la presidenta para ejercer el cargo y, en consecuencia, si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de su vacancia por la causal de incapacidad moral permanente, tipificada en la Carta Magna”.
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El documento- al que tuvo acceso El Comercio-sugiere, además, que Burgos se presente ante el pleno en la próxima legislatura para exponer el informe “en atención a la gravedad institucional y la trascendencia política de los hechos”.
“Esta presentación contribuirá al fortalecimiento del principio de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del control parlamentario, permitirá al Congreso ejercer su rol de fiscalización y representación frente al país, y garantizará que hechos de alta relevancia constitucional no queden en la impunidad ni en el oscurantismo institucional”, señala.
En las conclusiones indica que, conforme al análisis exhaustivo de los hechos, “se ha podido determinar con un alto grado de certeza que la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su calidad de presidenta de la República, se sometió durante los últimos días del mes de junio de 2023 a una intervención quirúrgica de carácter estético y funcional”.
Este procedimiento se realizó en la Clínica Cabani, según lo ha confirmado el cirujano Mario Cabani mediante las cartas notariales N.º 195898 y N.º 195899, con fecha 9 de junio del 2025, y en declaraciones a medios de comunicación.
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Cabani ha señalado que, a fines de junio del 2023, la presidenta se sometió a diversas intervenciones como rinoplastía más septumplastía, blefaroplastia inferior transconjuntival, orientada al retiro de bolsas de grasa en la zona ocular, relleno facial con grasa autóloga extraída de la pared abdominal, con fines de rejuvenecimiento facial y colocación de hilos tensores, también con propósitos de rejuvenecimiento.
El informe establece que estos procedimientos evidencian que la presidenta se sometió a un conjunto de intervenciones principalmente estéticas, cuyo “carácter electivo y no urgente” se contrapone con los deberes inherentes a su alta investidura.
“Lo que permite inferir que dichas intervenciones no habrían estado estrictamente relacionadas con una necesidad médica impostergable”, dice.

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El informe concluye que, debido a estas intervenciones estéticas, la presidenta habría estado incapacitada temporalmente para ejercer el cargo. Ello debido a que dicha intervención requirió no solo atención quirúrgica especializada y un reposo posoperatorio que ha oscilado entre el 28 de junio y el 4 de julio del 2023.
“En este contexto, se ha visto comprometida la continuidad del mando presidencial, la capacidad de toma de decisiones en tiempo real, la atención de emergencias nacionales y la conducción general de la política del Estado, conforme al artículo 118 de la Constitución Política del Perú”, indica el texto.
El informe alega que se ha determinado de manera objetiva y veraz que Boluarte no informó al Congreso sobre la posible incapacidad temporal para el ejercicio de sus funciones presidenciales, derivada de las intervenciones quirúrgicas realizadas.
De otro lado, resalta una posible infracción de la presidenta a los artículos 114, 115 y 118 de la Carta Magna por abandonar el cargo sin justificación constitucional.
Asimismo, sugiere una presunta comisión del delito de omisión de funciones “al impedir deliberadamente” la activación de mecanismos institucionales de control.
“Esta conducta se agrava significativamente por la intimidación documentada mediante cartas notariales N° 195898 y N° 195899 del 9 de junio de 2025, que prohíben al Dr. Mario Renato Cabani Ravello y otros profesionales médicos a declarar ante la Comisión de Fiscalización o medios de prensa”, agrega el informe.
Por ello, recomienda que el Congreso evalúe de manera objetiva, técnica y política si las acciones y omisiones atribuibles a la presidenta son motivos para declarar la vacancia de Boluarte por incapacidad moral permanente.
“Dada la multiplicidad, gravedad y reiteración de estos hechos, los cuales no han sido debidamente esclarecidos ni enfrentados con un mínimo de responsabilidad política por parte de la mandataria, el Congreso se encuentra en la obligación constitucional de valorar si dicha conducta compromete irreversiblemente la integridad moral de la presidenta para ejercer el cargo y, en consecuencia, si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de su vacancia por la causal de incapacidad moral permanente, tipificada en la Carta Magna”, argumenta.
Esta incapacidad moral, según el informe final, no solo se ve reflejado en esta investigación sino en el Caso Rolex, Caso Cofre, el otorgamiento exprés a Nadine Heredia, la presunta falsificación de firmas en normas legales y amedrentamiento y hostigamiento a personal médico.

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“Todos estos hechos […] denotan una grave ruptura del principio de transparencia, probidad y responsabilidad en el ejercicio de la función presidencial […] En consecuencia, y conforme al artículo 113 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, corresponde al Congreso de la República evaluar y declarar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral”, remarca.
“La continuidad en el cargo de una autoridad que ha evidenciado un comportamiento sistemáticamente elusivo y contrario a la verdad compromete no solo la imagen de la Presidencia, sino también la estabilidad y gobernabilidad del país”, puntualiza.
Abogado de Boluarte califica de “ridículo” informe sobre caso Cofre
La semana pasada, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, consideró que el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda al Congreso que evalúe la vacancia de la presidenta por incapacidad moral permanente -por el Caso Cofre- es “ridículo” y una “decisión irresponsable” sin ninguna evidencia.
“Nos parece particularmente que es una decisión ridícula, una decisión contraria a las mínimas garantías que en sede parlamentaria exige un debido proceso, y nos parce además una absoluta irresponsabilidad la decisión de los legisladores que han aprobado ese informe simplemente con los dichos del presidente de la comisión”, indicó en RPP.
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Cabe señalar que este caso se dio a conocer, en mayo del 2024, por el semanario “Hildebrandt en sus trece”. El medio de comunicación reveló que la jefa de Estado se ausentó de la presidencia luego de realizarse una cirugía estética a fines de junio del 2023.
Sin embargo, la información cobró fuerza luego de que el ex primer ministro Alberto Otárola confirmara que fue sometida a una intervención quirúrgica a mediados del 2023, hecho que no comunicó al Parlamento. Estas afirmaciones las hizo el expremier ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Estas declaraciones motivaron una investigación preliminar en su contra por presunta omisión de actos funcionales y por presunto abandono de cargo.
Dato
- En abril, la Comisión de Fiscalización aprobó por mayoría el informe preliminar que concluye que correspondería evaluar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por el presunto abandono del cargo a raíz de una intervención quirúrgica.
- Además, a inicios de junio, dio luz verde al informe final que recomienda al Ministerio Público investigar a la mandataria por cuatro presuntos delitos a raíz del supuesto uso indebido del vehículo presidencial, conocido como ‘cofre’.