Enrique Vílchez fue el funcionario que firmó la semana pasada una resolución que declaró reservado el ‘Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos’. Ese plan incluye la información sobre el citado ‘cofre’, un vehículo que solo puede ser usado para trasladar a la presidenta, sea para actividades públicas o privadas.
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La declaración de reserva de ese documento se dio en medio de la polémica por el desplazamiento del ‘cofre’ en febrero pasado por un balneario al sur de Lima. El mes anterior, en esa misma zona se había realizado un fallido operativo para capturar al prófugo Vladimir Cerrón, exsocio político de la presidenta, ante información que lo ubicaba allí.
Los periodistas Stefanie Medina y Ernesto Cabral solicitaron a Palacio de Gobierno, en virtud de la Ley de Transparencia, información sobre el desplazamimento del ‘cofre’ en esos días. Mientras se tramitaban esas solicitudes, Palacio de Gobierno emitió dos documentos que serían usados para no dar esa información a la prensa.
El primero fue una resolución del 13 de septiembre firmada por Gonzalo Borda, jefe de la Casa Militar y máximo encargado de la seguridad de la mandataria. Allí se alegaron “nuevas amenazas y vulnerabilidades que ponen en riesgo la seguridad de la señora Presidente” para hacer cambios al ‘Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos’.
El 17 de septiembre, Enrique Vílchez, como máxima autoridad administrativa de Palacio de Gobierno, firmó otra resolución que cita ese informe de la Casa Militar para declarar reservado el plan y sus anexos. Esto en relación con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De esta forma, en los días siguientes, el Despacho Presidencial respondió a los pedidos de información de la prensa sobre el ‘cofre’ indicando que se trataba de información reservada.
El vocero de la presidenta, Fredy Hinojosa, rechazó el último domingo que el ‘cofre’ haya sido usado para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón. Según dijo, el vehículo se usó el 24 de febrero pasado para “el traslado de la presidenta de la República en las jurisdicciones del sur de Lima”, donde “realizó actividades familiares”.
Más allá de esos intentos de explicaciones, el tema está siendo abordado por el Ministerio Público y al menos por un sector del Congreso.
La información sobre el ‘cofre’ sí fue enviada a la Fiscalía de la Nación, que realizó diligencias previas para determinar si inicia una investigación penal por estos hechos. En tanto, la Comisión de Fiscalización también ha citado a autoridades para que declaren sobre esos hechos, aunque recientemente el Ejecutivo impidió que el chófer del vehículo se presente.
Fue en esa línea que el mismo grupo parlamentario, que preside Juan Burgos (Podemos Perú) citó para el 2 de octubre a Enrique Vílchez y también Gonzalo Borda. Si asisten, ambos podrán ser cuestionados sobre los motivos por los que se declaró “reservada” esa información y sobre los desplazamientos del vehículo presidencial.
De acuerdo con la invitación, a la que accedió El Comercio, en la sesión “se abordarán temas de interés nacional relacionados con su participación en las actividades recientes del vehículo presidencial”.”Su presencia es de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos y contribuirá al ejercicio de las funciones de fiscalización del Congreso”, dice el oficio.
Enrique Vílchez y su vínculo cercano con Dina Boluarte
Enrique Ernesto Vílchez Vílchez, de 50 años, es abogado por la Universidad Católica y llevó una maestría en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. Según su perfil en la plataforma del Estado, está ”especializado en gestión pública, contratación estatal y arbitraje”.
El Registro de Organización Políticas (ROP) señala que estuvo afiliado al desaparecido Frente Independiente Moralizador (FIM) entre 2005 y 2007., Luego, de acuerdo con su hoja de vida, su experiencia en el estado comenzó en el 2008, cuando fue asesor legal en el Consejo Nacional del Ambiente y en el Ministerio del Ambiente, antes de pasar a trabajar en el Congreso hasta el 2016.
Los registros del Parlamento muestran que hasta el 2016, fue asesor del legislador Teófilo Gamarra, de las filas de Gana Perú, la bancada del entonces presidente Ollanta Humala. Años después, el gobierno de Dina Boluarte convocaría a algunos ministros de ese gobierno: Alberto Otárola, Gustavo Adrianzén y Daniel Maurate.
En el 2017 Vílchez pasó a ser jefe de la Oficina de Asesoría Legal y secretario general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. Es allí donde su camino se cruza con el de la familia Boluarte. Concretamente, con Nicanor Boluarte, quien fue gerente general de Sencico entre 2016 y 2018.
Tras dejar Sencico en el 2018, Vílchez trabajó ese mismo año para la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Luego, entre 2019 y 2021, fue asesor y gerente municipal de la Municipalidad de Pueblo Libre. Esa misma municipalidad luego contrató a Nicanor Boluarte como asesor.
Luego otro paso por el Congreso como asesor de la Comisión de Inclusión Social y como consultor legal de Agroideas, Vílchez fue nombrado en agosto del 2021 por Dina Boluarte como secretario general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Se trata del cargo ejecutivo más importante a nivel del sector.
Su nombramiento ocurrió solo días después de que inició la gestión de Pedro Castillo como presidente y de la actual mandataria como titular del Midis. Luego, cuando Dina Boluarte asumió como jefa de Estado, le dio el puesto análogo: secretario del Despacho Presidencial.
Vílchez ha logrado manteners en el cargo. En un gobierno marcado por mútiples cambios en ministerios y asesores, el abogado se ha mantenido como el número uno del Despacho Presidencial desde su nombramiento del 12 de diciembre del 2022.
Desde entonces, se ha afianzado como una de las personas más cercanas a Dina Boluarte y más influyentes en la Casa de Pizarro. Su cargo es, además, uno de los mejores pagados, con un sueldo de S/ 25 mil. “Cuando me designaron en Palacio, pensé que mi jefa iba a ser la presidenta. No. Mi jefe era Enrique”, comenta a El Comercio un exfuncionario presidencial.
Mayen Ugarte, abogada especialista en gestión pública, explicó que el secretario del Despacho Presidencial es ante todo “el administrador de los recursos de Palacio de Gobierno, que están destinados principalmente a la logística que requiere el presidente para sus actividades”
“Si necesita el avión presidencial, lo coordina; si necesita viajar, coordina la seguridad con la Casa Militar”, comentó. En esa línea, se entiende que los desplazamientos del vehículo presidencial también pasan por su competencia.
Sin embargo, Ugarte añadió que algunos secretarios de Palacio han asumido un rol incluso más importante, al punto de despachar con ministros.
En el caso de Vílchez, el funcionario puede ser visto junto a Dina Boluarte en diversas actividades oficiales e incluso en sus viajes al extranjero. Recientemente, fue parte de su delegación para su viaje a China, para lo que se le expidió un pasaporte diplomático.
En declaraciones a la Unidad de Investigación de El Comercio, el excomandante general de la PNP Jorge Angulo aseguró que Enrique Vílchez estuvo presente en todas las reuniones que tuvo con la presidenta para informarle sobre las acciones de inteligencia para dar con la captura de Vladimir Cerrón.
“Había mucho interés por parte de la presidenta de comunicarle cada acción que realizábamos [para capturar a Cerrón]”, dijo. “En todas esas reuniones estaba presente el secretario general de Palacio, el señor Enrique Vílchez”. Incluso refirió que este tomaba notas en silencio.
En un testimonio brindado al dominical Panorama, el exjefe de la DINI Roger Arista afirmó que Vladimir Cerrón mantenía comunicación con altos funcionarios de Palacio de Gobierno -a través de congresistas- para evitar su captura. En particular, señaló a Vílchez.
“Sí (se comunicaba con Vílchez), pero directamente no, a través de congresistas. (Era) para presionar que no se le busque, para eso era. Por ahí era el motivo de esas comunicaciones, protegerlo a él”, manifestó. “Cerrón, cuando se entregue o caiga, va a pasar lo mismo que con Fray Vásquez: va a decir quién, cómo y dónde lo ayudaron a fugar y esconderse”:
El gobierno ha negado esta y otras versiones que lo vinculan con una supuesta ayuda al prófugo. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, rechazó en particular los dichos de Roger Arista sobre el secretario del Despacho Presidencial.
“Conozco personalmente al señor Enrique Vílchez y no tengo la menor duda de que no está involucrado para nada. Por el contrario, este exjefe que tan ligeramente ha presentado esta denuncia, creo que habría que pedirle explicaciones cómo un exjefe de la DINI quiebra los principios de confidencialidad, reserva y secreto al que está obligado”, dijo en julio.
Fuentes consultadas por El Comercio, conocedoras de cómo funciona Palacio de Gobierno, lo señalaron como una persona de extrema confianza de Dina Boluarte. La relación entre ambos, indicaron, se construyó en el Midis y luego se trasladó a la Presidencia. Si bien reconocieron su experiencia como funcionario, consideraron que esta cercanía y un “mala comprensión de la lealtad”, le están “haciendo cometer errores”.
En particular, las fuentes consideraron que es criticable que las normas sobre la reserva en torno al cofre se hayan cambiado luego de pedidos de información periodística. “Todos los movimientos del ‘cofre’ no tienen que ser reservados. Es legítimo establecer en qué condiciones lo sean, pero no puede ser que cuando la presidenta va a visitar familiares sea reservado”, indicaron.
Las mismas fuentes señalaron que junto a Vílchez, en el círculo más cercano de la presidenta están el mismo Gonzalo Borda y Fredy Hinojosa, su vocero y jefe del gabinete de asesores. Vílchez e Hinojosa, ex director del programa Qali Warma, trabajaron con Boluarte desde el Midis. El ministro de Educación, Morgan Quero, uno de los integrantes del gabinete más allegados a la presidenta, también trabajó con ella en ese sector como jefe del gabinete de asesores.
