Con un discurso muy parecido, varios miembros de Estado minimizaron el hecho que la fiscalía de la Nación haya iniciado diligencias contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar bienes por el uso de relojes Rolex. Y sustentaron su defensa en las declaraciones del contralor Nelson Shack, quien, la noche del lunes, descartó que todos los funcionarios estén obligados a declarar el detalle de cada una de sus joyas.
El contralor Nelson Shack señaló que “en las declaraciones juradas de bienes y rentas que presentan a Contraloría no se declara el detalle de bien por bien, salvo que sean vehículos motorizados. […] [Pero sí] se establece cuál es el monto de referencia de los bienes que uno tiene”.
“En las declaraciones juradas de bienes y rentas que presentan a la Contraloría, no se declara el detalle de bien por bien, salvo que sean vehículos motorizados (…) no se declarada cada reloj, cada cuadro”
“El contralor que es quien tiene esa función justamente de fiscalizarnos, supervisarnos a todos los servidores, que da todos esos lineamientos, ha detallado que no estamos obligados a detallarlo así como se pretende que no lo ha hecho. Él mismo ha mencionado que no hay ninguna situación que pueda llamar la atención en ese particular, así que es un problema personal”, respondió a la prensa la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino.
“No hay que distraernos con denuncias que, si alguien acoge y va a continuar, que continúe pero nuestro país requiere soluciones a nuestros problemas”, agregó.
Por su parte, la ministra de Educación, Miriam Ponce, descartó que la presidenta Dina Boluarte haya explicó en el Consejo de Ministros la procedencia de sus relojes Rolex.
“Yo creo que sería importante que revisen lo que ha señalado la Contraloría. Ayer (lunes) el señor contralor ha manifestado que este no es un tema que se tenga que declarar de manera explícita ni cada una de las cosas que uno tenga de manera puntual. En caso como alguna joya o algún tipo de artículo, eso no se tiene que especificar necesariamente. Eso lo ha señalado el contralor”, comentó.
Ante la insistencia de los periodistas por pedirle explicaciones, la ministra respondió. “Me gustaría alguna otra pregunta”.
Por su parte, el ministro de Salud, César Vásquez, minimizó también los cuestionamientos contra la presidenta.
“A veces cuando hacemos las declaraciones juradas, me ha pasado también a veces a mí, uno con tantas cosas que hacer puede que declare una cosa y no otra. Hay que ver primero si realmente se trata de lo que muchos dicen”, exclamó.
“La presidenta siempre nos ha dicho a nosotros y los funcionarios parte de su gobierno que estamos expuestos y estamos predispuestos a contribuir con la justicia, aunque nos parece, a mí particularmente, cosas muy domésticas habiendo cosas tan importantes en el país. Creo que el Ministerio Público tiene todo el derecho de comenzar con las investigaciones si considera. Nunca la presidenta ha rehuido a ninguna investigación y esta no será la excepción. Yo creo en ella”, replicó.
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, también declaró pero desde Chiclayo, y ante la prensa también destacó el pronunciamiento de la Contraloría para hacer luego un llamado a que se haga una investigación correcta.
“Creo que está bien que se investigue y a las autoridades, que cumplan bien su trabajo. Lo único que tenemos que decir es que todas las autoridades cumplan su trabajo con corrección, a cabalidad. Lo que no podemos hacer es generar conflictos, discusiones o actuaciones de parte de los diferentes podres o sectores del Estado, o competencias autónomas del Estado, con trasfondos que no correspondan. Necesitamos que la fiscalía actúe correctamente, que haga una investigación correcta”, exhortó.
En la víspera, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias preliminares, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, contra la presidenta Dina Boluarte por el caso de los relojes de la marca Rolex, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. Esto, basándose en la información revelada por el programa “La Encerrona”.