El Poder Judicial rechazó el pedido que hizo la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte para que se declare como nula la investigación y la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación por la desactivación del grupo policial de apoyo al Eficcop.
El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, declaró como infundado el pedido de tutela de derechos que plantearon los abogados de la jefa de Estado.
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Con este recurso, buscaban que se ordene al Ministerio Público que revoque la denuncia constitucional contra Boluarte porque supuestamente se habría sustentado en diligencias que fueron declaradas como secretas como parte del proceso para evitar que venzan los plazos.
Según los abogados, la Fiscalía de la Nación habría ampliado la investigación fuera de los plazos establecidos.
El Ministerio Público investiga en este caso a Dina Boluarte por presuntamente haber tenido una injerencia indebida en el proceso para desactivar al equipo especial que lideró el coronel PNP Harvey Colchado de apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) que encabezó la fiscal Marita Barreto.
Según argumentó el fiscal en la audiencia ante el Poder Judicial para evaluar la tutela de derechos, el objetivo de la supuesta influencia a través de ofrecimientos del abogado Mateo Castañeda a Colchado era apartar de las investigaciones al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte.
El juez Checkley, en la resolución a la que tuvo acceso El Comercio, le dio la razón al Ministerio Público y valoró los motivos por los cuales decidió mantener la reserva de los agentes “Carlos” y “René” por haber estado en funciones dentro de la Policía y quienes contribuyeron indicios importantes para establecer “ofrecimientos ilícitos” que realizó Mateo Castañeda supuestamente por encargo de Boluarte.
Finalmente, evaluó que las fechas de las disposiciones fiscales sí cumplieron con haber sido notificadas en las fechas correspondientes y que se ha cumplido con el proceso porque la denuncia actualmente se encuentra en el fuero parlamentario.
