¿Cómo ha podido permanecer en la clandestinidad por tanto tiempo? Según la reciente investigación abierta por la Fiscalía de la Nación, el prófugo ex gobernador de Junín habría contado con el apoyo y protección desde “fuera y dentro del gobierno” de la presidenta Dina Boluarte, para permanecer oculto y escapar de los operativos que buscaban su captura.
Por ello, después de hacer indagaciones previas, el 25 de setiembre, dispuso el inicio de una investigación preliminar por el plazo de 90 días, contra la mandataria, cuatro miembros de la Policía Nacional y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
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En el caso de Boluarte Zegarra se le atribuye ser la presunta autora del delito contra la administración de justicia – encubrimiento personal.
Uno de los hechos principales que se investigará es el uso del denominado “cofre” , el vehículo oficial donde se traslada la mandataria, y que -según la tesis de la investigación fiscal- habría sido usado para que Cerrón Rojas pueda escapar del operativo policial que se realizó en febrero del 2024, en la playa de Asia, al sur de Lima.
Según el documento fiscal, al que accedió El Comercio, las pesquisas se centran en corroborar los hechos ocurridos respecto a lo vertido por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como “Culebra”, quien presentó diversos audios mediante los que mostraría que el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, habría tenido conocimiento “sobre cómo se estaría protegiendo al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón Rojas y de esta manera impedir su captura”.
El Ministerio Público, que recoge dichas grabaciones de fuente abierta, señala que la aparente voz de Santiváñez, “sugieren un posible encubrimiento desde Palacio de Gobierno para proteger al prófugo Vladimir Cerrón”.
Ello, agregan, porque en las conversaciones, quien sería el ministro del Interior mencionó una reunión en Palacio de Gobierno, “donde se habría discutido la localización de Cerrón Rojas y cómo el celular que estaría utilizando el prófugo, fue desactivado poco después lo que indica una posible filtración de información”.
“La grabación, que ya está en manos del Ministerio Público, sugiere la existencia de funcionarios que estarían protegiendo al prófugo líder de la agrupación política Perú Libre, tanto dentro, como fuera del gobierno.”
Como se recuerda, tras recibir información de que Cerrón Rojas se estaría escondiendo en una de las casas del balneario de Asia, agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) ingresaron al condominio Mikonos, ubicado en el kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur, el 18 de enero a fin de proceder con su captura. Sin embargo, cuando registraron el inmueble, no hallaron a nadie.
Semanas después, el vehículo denominado “cofre” fue registrado en “tránsito” por la Concesionaria Vial del Perú el 24 de febrero del 2024 y registrado en el Peaje de Ica el 27 de febrero.
Dentro de este contexto, se explica en la disposición fiscal, dada la condición de presidenta de la República de Dina Boluarte Zegarra y de ministro del Interior de Santiváñez Antúnez, ambos en el ejercicio de sus funciones, compete al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, el conocimiento e investigación de tales hechos.
“Se atribuye a Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su calidad de presidenta de la República, ser la presunta autora del delito de contra la Administración de Justicia, en la modalidad de encubrimiento personal, en perjuicio del Estado. Esto se debe a la presunta sustracción de la ejecución penal del prófugo Vladimir Roy Cerrón Rojas, materializado mediante la utilización de un vehículo oficial asignado al uso de la presidencia de la República (denominado “El cofre”), para facilitar la huida del prófugo del operativo policial desplegado, en el sector de Asia, Km. 98-100 de la carretera Panamericana Sur; vehículo visto en dicho lugar el día 24 de febrero de 2024″.
En el caso de Santiváñez Antúnez, la Fiscalía de la Nación lo comprendió como presunto autor del delito contra la administración pública – omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y contra la administración de justicia –omisión de denuncia, en agravio del Estado.
Ello, puesto que habría tenido conocimiento de presuntos actos de relevancia penal que involucran a efectivos de la Policía Nacional en actos de encubrimiento personal y el uso de bienes públicos de su sector para la sustracción de la justicia de una persona requisitoriada, de un operativo de captura realizado por la Policía Nacional del Perú, desplegado en el sector de Asia, Km. 98-100 de la carretera Panamericana Sur.
Se advierte también que Juan José Santiváñez Antúnez, actual ministro del Interior, pese a haber tomado conocimiento de actos de relevancia penal que involucran a altos funcionarios de Palacio de Gobierno vinculados a actos de encubrimiento personal y el uso de bienes públicos para la sustracción de la justicia de una persona requisitoriada, de un operativo de captura realizado por la Policía Nacional del Perú, desplegado en el sector de Asia, Km. 98-100 de la carretera Panamericana Sur; no habría cumplido con su deber de denunciar dichos hechos ilícitos.”
Fiscalía de la Nación
En el documento se explica que, atendiendo al principio de unidad de la investigación que implica la realización de una sola investigación tratándose de los mismos hechos, en consonancia con los principios de economía y celeridad procesal, las personas no aforadas implicadas al caso también debían ser incluidas en la misma carpeta fiscal.
Por ello, también incluyó en la investigación a:
- Felix Enrique Montalvo Guevara, en su condición de conductor del vehículo oficial asignado a la Presidencia de la República, de placa de rodaje N.º EGR-844;
- ST3 PNP Jose Luis Fernandez Tairo, en su condición de conductor del vehículo registrado a nombre del Ministerio del Interior, de placa de rodaje N.º EPF-852;
- Mayor PNP Luis Miguel Angulo Huerta, por ser la persona que autorizó el desplazamiento del vehículo de placa de rodaje N.º EPF-852 y
- Comandante PNP Carlos Enrique Cardenas Bernaola, que autorizó el desplazamiento del vehículo de placa de rodaje N.º EGR-844.
“Al haber coadyuvado a la presunta sustracción de la ejecución penal del prófugo Vladimir Roy Cerrón Rojas, materializado mediante la utilización [conducción] de vehículos oficiales asignados al uso de la presidencia de la República y su seguridad personal, respectivamente y, con ello, facilitar la huida del prófugo del operativo policial desplegado en el sector de Asia, Km. 98-100 de la carretera Panamericana Sur; vehículos vistos en dicho lugar el día 24 de febrero de 2024″, se indica en la disposición fiscal.
PNP negó a la Fiscalía de la Nación información sobre operativo para la captura de Cerrón
Eso no es todo, en el documento fiscal se advierte que la Policía Nacional negó información a la Fiscalía de la Nación, sobre el operativo desplegado al sur de Lima.
En el recuento de elementos indiciarios que sustentan la investigación fiscal, se señala que mediante el Oficio N.° 000035-2024-DP/CM del 05 de setiembre de 2024, la Secretaría General de Palacio de Gobierno, remitió al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación la información sobre el reporte de la flota de vehículos destinados al uso oficial de la Presidencia de la República, un reporte sobre los conductores de la mencionada flota vehicular y la bitácora de uso de todos los vehículos oficiales asignados a Palacio de Gobierno.
Distinta fue la respuesta de la Comandancia General de la PNP que, amparándose en la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre temas clasificados como información “secreta”, no procedía el pedido de información sobre el “frustrado operativo de captura al prófugo de la Justicia Vladimir Roy Cerrón Rojas”.
“Mediante el Oficio N.° 1306-2024-COMOPPOL-PNP/DIRIN-SEC.URD, de fecha 16 de setiembre de 2024, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional da respuesta a la información requerida a la Comandancia General de la PNP, sobre el frustrado operativo de captura al prófugo de la justicia Vladimir Roy Cerrón Rojas, informando que ha sido desestimado atender el requerimiento de información, toda vez que se encuentra dentro de las excepciones señaladas en los artículos 15°, 16° y 17° de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”
Por ello, entre las diligencias de la investigación preliminar se ha dispuesto solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros, confirme el carácter de “clasificada (secreta)” la documentación requerida a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, según el Oficio N.° 1306-2024-COMOPPOL-PNP/DIRIN-SEC.URD, de fecha 17 de setiembre de 2024.
Dependiendo de la respuesta de PCM, y en caso de persistir la negativa, se dispuso “requerir al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, la revelación de información declarada como secreto de Estado por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú”.
El Comercio buscó la versión del abogado Juan Carlos Portugal, defensa de la presidenta Dina Boluarte; sin embargo no atendió nuestra comunicación.
En declaraciones públicas, Portugal rechazó la investigación abierta contra la mandataria por el denominado “cofre” y la calificó como una “farsa”; sin embargo anunció que cuando Boluarte Zegarra sea citada a declarar, acudirán a la Fiscalía.
La mandataria, días atrás, aseveró que este caso era una fabricación de una “historia de terror”.
“Están diciendo que el ‘cofre’ de la presidenta sacó por Ica al prófugo Vladimir Cerrón. Mentes siniestras. Parece Chucky con su novia que andan fabricando estas historias de terror. Al Perú les digo, el ‘cofre’ presidencial, los vehículos asignados al uso de la presidenta de la República son de uso exclusivo. Nunca se subió a ninguno de los vehículos el prófugo Vladimir Cerrón.”
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Desde Presidencia, a través del vocero Fredy Hinojosa, se ha confirmado el desplazamiento del “cofre” al sur de Lima; sin embargo adujo que eso fue porque se usó “para el traslado de la presidenta de la República en las jurisdicciones del sur de Lima” donde realizó actividades “familiares”.
Carlos Caro, abogado de Santiváñez dijo a este Diario que aún no había tomado la defensa del ministro por este caso, por lo que no había revisado la disposición fiscal.
Por su parte, el ministro Santiváñez ha señalado, en reiteradas oportunidades, que la voz que se le atribuye en los audios, no es suya.
Diligencias programadas
Citaciones y requerimientos
Por el momento, se ha dispuesto recibir la declaración indagatoria de la presidenta Dina Boluarte que será programada conforme a la agenda fiscal.
La declaración indagatoria del ministro del Interior, Juan José Santivañez, también será programada próximamente.
El 1 de octubre, la Fiscalía de la Nación recibirá la declaración de Félix Montalvo Guevara (9:00 horas) y Carlos Cárdenas Bernaola (15:00 horas),
El 2 de octubre deberán concurrir José Fernández Tairo (9:00 horas) y Luis Angulo Huerta (15:00 horas).
El capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como “Culebra”, deberá acudir al despacho fiscal el 3 de octubre (9:00 horas) para rendir su declaración en calidad de testigo.
Además, la fiscalía también dispuso requerir a la empresa Concesionaria Vial Del Perú (Coviperú), los registros de video, fotográfico y/o cualquier otra forma de información sobre la circulación por las garitas de cobro de peaje que administra, del vehículo marca Lexus, color negro, de placa EGR-844 y, del vehículo marca Volkswagen, modelo Tiguan, color gris platino, de placa EPF-852, durante los meses de 01 enero al 30 de marzo del 2024.
El Ministerio Público, igualmente, dispuso requerir a la empresa Geosatelital Perú E.I.R.L. el reporte satelital vehicular del sistema de posicionamiento global de los vehículos oficiales de placa EGR-844 y EPF-852, para determinar la ubicación exacta de dichos vehículos durante el periodo comprendido desde el 15 de enero al 29 de febrero de 2024.
