A más de dos semanas para que venza el plazo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, convocó este martes a las elecciones generales para el 12 de abril de próximo año. En un sorpresivo mensaje a la Nación, minutos después de las 12:30 p.m., la abogada se comprometió a entregar los recursos presupuestales que requieran los organismos electorales.
Precisamente, Boluarte Zegarra, durante su discurso televisado, estuvo flanqueada por los jefes de las tres entidades que forman el sistema electoral: Roberto Burneo (Jurado Nacional de Elecciones), Piero Corvetto (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y Carmen Velarde (Registro de Identificación y el Estado Civil).
La jefa de Estado afirmó que el deseo de su gobierno es que la convocatoria a elecciones generales “marque un derrotero y abra un escenario de distensión” en el país. “Los peruanos queremos una campaña electoral basada en propuestas que garanticen el crecimiento, la justicia social y el desarrollo, así como la continuidad de las obras para que el Perú no se paralice”, manifestó.
Boluarte subrayó que los ciudadanos esperan que los comicios del próximo año, en el que se elegirá a un nuevo presidente, diputados, senadores y parlamentarios andinos, permitan “poner fin al período de inestabilidad que ha llevado al Perú a tener seis presidentes en los últimos años”. Agregó que esto solo ha generado “división” y “retraso de inversiones”, así como “el incremento de la ola de inseguridad”.
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La mandataria, en ese sentido, dijo que el país debe “consolidar su sistema democrático respetando los periodos presidenciales”. “Solo así le podremos dar estabilidad y gobernabilidad a la patria”, complementó.
Esto en el contexto en que la congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) informara que está alistando una moción de vacancia en contra de Boluarte Zegarra.
Recordó golpe de Castillo
La presidenta, en otro momento, recordó que el exmandatario Pedro Castillo dio un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022 con el que “pretendía socavar el orden constitucional y el sistema democrático”. “Hoy con la perspectiva que ofrece el tiempo, es oportuno preguntarse: ¿qué hubiera sido del Perú si ese golpe de Estado se consumaba, qué hubiera sido de las libertades y de los derechos fundamentales?”, preguntó.
Boluarte remarcó que fueron las fuerzas democráticas, las instituciones del Estado y sobre todo los ciudadanos “los que impidieron” que el país “sucumbiera en el caos y la anarquía que promovían los golpistas para conservar sus intereses”.
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Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dijo que su grupo ya no aprobará más cambios a las normas electorales. Y que en el pleno solamente está pendiente votar el dictamen que permite a los peruanos en el extranjero votar con su pasaporte.
“En la comisión ya no es posible [aprobar más cambios], si aprobamos alguna ley del proceso electoral, ya no alcanzaríamos para que sea ratificada en el pleno y promulgada, ya no da el tiempo. Si se puede aprobar en el pleno algunas propuestas que están pendientes, como la que permite a los peruanos en el exterior votar con pasaporte”, expresó a El Comercio.
El 20 de marzo último, el gobierno de Boluarte promulgó los últimos cambios a las normas electorales realizados por el Parlamento.
Por ejemplo, se estableció que las alianzas electorales podrán solicitar su inscripción hasta el 2 de agosto del 2025. Y tendrán hasta el 1 de setiembre para concretar legalmente la coalición.
También se determinó que la inscripción de candidaturas para las elecciones primarias se realizará hasta 30 días antes de estos comicios, que se celebrarán el 30 de noviembre.
Además, la definición de candidaturas tendrá como plazo máximo el 23 de diciembre de 2025.
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A su turno, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) criticó que más de 41 partidos políticos vayan a participar en las elecciones generales del próximo año y exhortó a los organismos electorales a plantear salidas a este problema.
Yarrow, en declaraciones a la prensa, dijo que se debe dar vuelta a la página de las elecciones de 2021, donde su partido y Fuerza Popular denunciaron fraude.
Por su parte, el portavoz de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, dijo que, convocadas las elecciones, “Boluarte ya puede irse a rendir cuenta a la justicia”. “Transición democrática y elecciones limpias, apoyaremos la vacancia”, tuiteó.
Al respecto, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi dijo que la convocatoria a elecciones hecha por Boluarte no desactiva la vacancia, “que sigue vigente hasta el 28 de julio del 2026″.
“La vacancia es una válvula de escape frente a crisis políticas de alto voltaje. No es que la presidenta llama a elecciones y puede hacer lo que se le da la gana, ella no es objeto de impunidad, la vacancia se mantiene vigente”, sostuvo.
En diálogo con El Comercio, Rospigliosi sostuvo que existe una confusión, porque el artículo 134 de la Constitución establece que el presidente de la República no puede disolver el Congreso “en el último año de su mandato”, así le haya negado el voto de confianza en dos oportunidades a un Gabinete Ministerial.
“La Constitución no prevé límites temporales a la vacancia de un presidente por permanente incapacidad moral”, añadió.
Un estado especial
Rospigliosi, además, explicó que, tras la convocatoria a elecciones generales, el Estado peruano ha ingresado a una “situación especial”. “Se prohíbe la publicidad estatal, salvo que el JNE lo autorice”, complementó.
“La presidenta Boluarte y sus ministros están obligados a mantener la neutralidad electoral, ella no puede comentar ni a favor ni en contra de una corriente política, sea de izquierda, centro o derecha. Y el JNE es vigilante de que el gobierno no promueva, pero tampoco cuestione a un candidato o partido. El convocar a la elección general no es una resolución más, es un estatus especial del ordenamiento legal en el Perú”, finalizó.
Enzo Elguera, abogado experto en derecho electoral, indicó que el llamado a elecciones generales hecho por Boluarte ayudará a las proyecciones de los órganos electorales para recibir el presupuesto que requieren. “A mayor cantidad de partidos políticos, el tema logístico será mayor. Esto puede ayudar que reciban sus partidas con antelación”, expresó.
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El punto de vista
El analista político Enrique Castillo consideró que la convocatoria a elecciones hecha por Boluarte, cuando aún lo podía hacer hasta el 12 de abril de este año, se debe a que “quiere cambiar la agenda”, porque “hay una fuerte crítica no solo a su demora en cambiar al censurado Juan José Santiváñez, sino también al nombramiento del nuevo ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta”.
“Pero, además, hay un avance semana tras semana en el tratamiento de las noticias que se refieren a ella, tanto por el presunto abandono de cargo y las cirugías y a todos lo que se refiere a su participación en otros temas, como el cofre, Qali Warma”, complementó.
En comunicación con este Diario, Castillo indicó que Boluarte pretende trasladar el debate público “a un enfrentamiento adelantado entre quienes quieran participar en las elecciones”.
“Ella ya ha dado el punto de partida de los comicios, cambia la agenda y a la vez pone los reflectores sobre los posibles candidatos”, mencionó.
Castillo señaló que la presidenta también ha asumido un riesgo, porque si un sector del Congreso la quiere vacar, su eventual salida no conlleva a la caída de este Parlamento.
“Es un riesgo, pero el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha señalado que cualquier moción de vacancia no tiene lugar, eso, al menos, le da seguridad a la presidenta que hasta que haya un cambio en la Mesa Directiva, el Parlamento no tiene la intención de dar pase a una moción de vacancia”, concluyó.
Más información
El JNE, a través de un comunicado, reafirmó su compromiso de conducir las elecciones generales del 2026 “con transparencia, imparcialidad y eficacia”, a fin de garantizar que los resultados “reflejen fielmente la voluntad popular expresada en las urnas”
La entidad que dirige el juez supremo Roberto Burneo también informó que está culminando “los últimos detalles” en el cronograma electoral, que deberá ser aprobado en los próximos días por su pleno.
Por medio de la Resolución N°0110-2025-JNE, el organismo electoral estableció que los altos funcionarios que decidan ser candidatos en las elecciones generales de 2026, entre ellos la presidenta, ministros, viceministros y otros, deben renunciar hasta el lunes 13 de octubre de 2025. Es decir, seis meses antes del día de los comicios.
La misma fecha límite para renunciar rige para los gobernadores y vicegobernadores regionales, los alcaldes, así como para el pase al retiro de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Además, el JNE dispuso que los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos y de los organismos y empresas del Estado, cuyo propósito sea postular, deberán solicitar licencias sin goce de haber ante la respectiva entidad, mencionando expresamente que esta debe ser concedida a partir del 11 de febrero de 2026 (60 días antes de la fecha de las elecciones).
