La Comisión Permanente del Congreso aprobó un plazo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue dos denuncias pendientes contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas del 2022 y 2023, así como por el caso “Rolex”.
En la sesión de este jueves 5 de diciembre, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, puso a votación la propuesta de 15 días hábiles de investigación para estas acusaciones luego que la subcomisión las declarara como procedentes.
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En los dos casos, se aprobó el plazo, con lo que la subcomisión presidida por María Acuña (APP) podrá determinar un delegado a cargo de elaborar el informe final que determine si proceden o no las denuncias.
La primera acusación contra Dina Boluarte es por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio por el denominado caso “Rolex”, donde el ahora exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, atribuyó a la presidenta el recibir de forma irregular donaciones del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, como relojes y pulsera de lujo a cambio de aprobar transferencias de recursos a esta región.
El segundo caso corresponde a la acusación, también planteada por Villena, contra Boluarte por presutno delito de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves por los fallecidos y heridos durante las protestas de diciembre del 2022 hasta marzo del 2023.
La denuncia también es contra los exministros Pedro Angulo, Alberto Otárola, César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero.
Adicionalmente, la Comisión Permanente aprobó otorgar 15 días de plazo de investigación por otras acusaciones procedentes contra los exministros Jorge López Peña (presunto enriquecimiento ilícito), Carlos Morán (presunta negociación incompatible o aprovechamiento del caro) y finalmente contra Betssy Chávez (presunto enriquecimiento ilícito agravado).
Cabe recordar que este miércoles, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que se tramiten 16 denuncias constitucionales que todavía siguen pendientes y que fueron presentadas desde enero de este año por el Ministerio Público.
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El oficio al cual tuvo acceso El Comercio fue enviado al despacho de Salhuana y solicita “se disponga se dé trámite correspondiente a las denuncias constitucionales que se encuentran pendientes”.
El documento incluye una lista con las 16 denuncias en cuestión, entre ellas la acusación que presentó el antecesor de Espinoza, Juan Carlos Villena, por los presuntos delitos de homicidio calificado y otros por las muertes y lesiones registradas en las protestas del 2022 y 2023.
