Durante la gira de inversiones inPerú, hace tan solo dos días, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, se mostró en contra de un posible octavo retiro de los fondos de pensiones.
En ese sentido, el titular de la cartera aseguró que los retiros previos no han sido convenientes. “Si las personas retiran y se quedan sin fondo (pensionario), hay que ponernos a pensar por qué deberían tener una pensión, cualquiera que esta sea (…) un retiro también tiene un impacto fiscal”, dijo. Mencionó también el impacto macroeconómico que generaría una nueva liberación. “los retiros tienen un impacto en la inversión privada, pues puede colocarnos en una senda de decrecimiento de ahorro local”.
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Incluso, el ministro fue enfático al indicar que brindar una pensión no es una obligación del Estado. “Si las personas retiran sus fondos, las personas no van a tener espacio para una pensión mínima. (Dar) una pensión no es una obligación del Estado. La pensión es consecuencia de la decisión libre y voluntaria de ahorrar”, indicó durante una conferencia de prensa desarrollada en Madrid el último 12 de setiembre.
De esa misma conferencia de prensa participó también el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, quien indicó a Diario Gestión que este mismo Congreso fue el que aprobó la ley de reforma pensionaria, y aseguró que, si se realizara una liberación adicional, ninguno de los beneficios que trae la ley de de reforma se concretaría. Además, aseguró se pondría en juego la posibilidad de que el Perú ingrese a la OCDE. “Si ocurre (un octavo retiro), retrocederíamos en nuestra percepción como un país serio y potencial receptor de inversiones extranjeras”, mencionó.
La postura del Ejecutivo, incluso durante los períodos de José Arista y Alex Contreras en el MEF, ha estado siempre en contra de viabilizar nuevos retiros en los últimos años. Por ello, que la presidente Dina Boluarte haya respaldado este último domingo un octavo retiro ha causado sorpresa.
“Sobre los millones de peruanos que están a la expectativa de un próximo retiro de la AFP, nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida. El dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y van a las AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja”, indicó Boluarte durante un evento del Ejecutivo este domingo, en medio de diversos cuestionamientos sobre la reforma, la insistencia de la Comisión de Economía del Congreso y una marcha que exige la liberación de los fondos del sistema previsional privado.
Esto es lo que ocurrió
El pasado 5 de septiembre, el Gobierno oficializó el reglamento de la Ley N.º 32123 (aprobada por el Congreso el 29 de mayo del 2024), Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. A partir de entonces, se han comentado distintos puntos de dicho reglamento. El Comercio consultó a David Tuesta, presidente del Consejo Privado de la Competitividad; Luis Miguel Castilla, presidente ejecutivo de Videnza Instituto; Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE); y Juan Pablo Noziglia, CIO de Prima AFP, su opinión sobre algunos de los puntos cuestionados de la ley de reforma.
- Prohibición del retiro del 95,5% para los mayores de 40 años
La reforma restringe el retiro del 95,5% del fondo de AFP para los afiliados menores de 40 años. Los afiliados que al 25 de septiembre del 2024 ya tenían 40 años o más, sí podrán optar por el retiro parcial de sus fondos, mientras que los afiliados menores de 40 años solo podrán elegir entre una pensión vitalicia o programada al jubilarse.
Según Castilla, mantener la prohibición del retiro del 95,5% es básico. Habilitarlo ha sido la primera perforación que desvirtuó el sistema de ahorro previsional, convirtiéndolo en un ahorro forzoso hasta la jubilación. Por su lado, Tuesta refirió que retirar una buena parte de los fondos de pensiones no es válido porque el sistema implica una gestión de recursos en el largo plazo.
Macera explicó que con la eliminación del 95,5% se restituye el objetivo original del ahorro pensionario. Además, dijo que, si se mejorar revisar algunos puntos de la norma, revisaría la manera en la que se computaron los 7 retiros anteriores para determinar la pensión mínima y retiraría la pensión por consumo.
- Renta vitalicia versus retiro programado
Al cumplir la edad de jubilación, los afiliados a las AFP eligen entre recibir una pensión vitalicia o una pensión programada. Si elige la modalidad programada, su fondo seguirá obteniendo rentabilidad de la AFP mientras recibe su pensión. Al fallecer, su familia podría recibir una pensión si son beneficiarios. En la modalidad de renta vitalicia, todo el fondo acumulado es gestionado por una compañía de seguros, que se encarga de brindar una pensión de por vida al afiliado. Si no hay beneficiarios; la aseguradora no tendrá más obligaciones de pago luego del fallecimiento del afiliado.
Tuesta y Castilla consideran importante y necesario transitar hacia un esquema de pensiones que se adapte a la realidad peruana. “Lo que observamos es que hay un tema que requiere buscar un perfeccionamiento hacia el futuro, pero teniendo en cuenta los costos que esto puede significar. Hay que poner sobre la mesa los sistemas formales y la realidad emprendedora que existe en el país”, explicó David Tuesta.
- Pensión mínima pagada por el Estado
La pensión mínima, de S/600 mensuales, está dirigida a quienes realicen un mínimo de 240 aportes en la AFP y no efectúen retiros de fondos a partir de la entrada en vigor de la norma.
La pensión mínima hace más solidario al sistema, explicó Castilla, pues está sujeta a los aportes realizados por los afiliados. “Si un afiliado no llega a realizar la cantidad de aportes mínimos, el dinero restante lo completa el Estado; esto, en base a ciertos requisitos”, explicó.
Por su parte, Juan Pablo Noziglia, CIO de Prima, consideró que este ingreso básico reconoce la consistencia en los aportes y beneficiará a miles de afiliados. “La reforma es un primer paso hacia un sistema de pensiones más robusto e inclusivo y sobre ella habrá que construir, ajustar y añadir lo que sea necesario”, precisó.
Cuestionamientos al MEF
Tanto para Castilla como para Tuesta, el MEF ha perdido credibilidad con este cambio de postura. Ambos coinciden en que esto es inaudito y genera un retroceso para el país en términos de seguridad social.
“Resulta un pésimo precedente que una ley que acaba de reglamentarse hace una semana, se ponga en suspenso con uno de los artículos que la ley prohibía (el tema de los retiros). El gobierno cae en una incoherencia”, comentó Castilla.
Tuesta, por su lado, mencionó en una entrevista a este Diario que la credibilidad del MEF se ha partido. Esta situación da una pésima imagen y es una falta de respeto total a la cartera, dijo.
Castilla enfatizó que, con lo ocurrido, Pérez Reyes debería dar un paso al costado, mientras que Tuesta dijo que el ministro debería cuestionarse si quiere seguir en el cargo o convertirse en un actor político que apoya el populismo.
Macera, por su lado, calificó también la decisión del Ejecutivo como un retroceso: “Habrá que escuchar qué explicación puede dar el ministro”, dijo.
El Comercio se comunicó con el Ministerio de Economía y Finanzas para recoger sus comentarios sobre lo indicado por la presidenta Boluarte, pero al cierre de este informe no se obtuvo respuesta de ninguna de las dos instituciones.
