La presidenta de la República, Dina Boluarte, informó que, como parte de un reajuste en Migraciones, se exigirá a los ciudadanos venezolanos en el país la presentación de su contrato de trabajo y contrato de alquiler. Esta medida busca reforzar el control migratorio y enfrentar la inseguridad ciudadana.
“No es que no estemos haciendo nada, y ahora vamos a hacer un reajuste de Migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler”, detalló.
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Durante una conferencia sobre el balance de su gestión, Boluarte también señaló que se realizará un seguimiento al sistema financiero de los migrantes, en especial a las remesas enviadas al extranjero.
“Vamos a hacerle seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país, para saber de dónde generan esos ingresos. Les vamos a hacer seguimiento financiero, Y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, pues ahí les vamos a caer”, señaló.
Boluarte explicó que se trabajará de la mano con la SUNAT para fiscalizar los alquileres y evitar que propietarios arrienden a personas que no puedan demostrar el origen de sus ingresos.
“Los señores que alquilan sus domicilios. Tengan cuidado a quienes alquilan. Vamos a caminar con la SUNAT de la mano para poder controlar a los que alquilan y a los que no demuestran de dónde vienen sus ingresos”, precisó.
Herencia de gobiernos pasados
La mandataria responsabilizó a gobiernos anteriores por el incremento de la delincuencia en el país, señalando que miles de extranjeros ingresaron sin control.
“Este tema de la delincuencia no es de ahorita, no es que nace con este Gobierno. Sabemos bien quién ha dejado nuestras fronteras abiertas y han entrado miles de ellos sin siquiera mencionar su nombre en nuestras fronteras. Y esos gobiernos siguientes han estado, así como en modo avión, sin hacer nada frente a la delincuencia”, expresó.
Asimismo, destacó que, gracias a las facultades otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo ha emitido 37 normas para combatir el crimen, y más de 10 mil extranjeros ya han sido expulsados.
