El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina ordenó 15 meses de prisión preventiva contra el empresario Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, y otros siete investigados por integrar presuntamente una red criminal que vulneró los sistemas informáticos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, de Chincha.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina ordenó 15 meses de prisión preventiva contra el empresario Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, y otros siete investigados por integrar presuntamente una red criminal que vulneró los sistemas informáticos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, de Chincha.
El magistrado Valery Raúl Romero Palacios ordenó que Jackson Moray sus coimputados pasen 15 meses en prisión preventiva mientras son procesados por el presunto fraudo informático. Además del exesposo de Tilsa Lozano, los implicados en el caso “Los Arquitectos del fraude” son César Antonio Nepo Zolla, Daniel Jesús Mesones Mazzini, Giovanni Jeremi Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantalean, Fiorella Milagros Gallo Roncalla y Máximo Salomón Ojeda Cisneros.
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La decisión judicial se produjo luego de evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa de los investigados durante la audiencia de prisión preventiva. El juez consideró que existían elementos suficientes para imponer la medida cautelar, así como riesgos procesales que justificarían el internamiento mientras continúan las investigaciones.
Dictan 15 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora por presunto fraude informático. (Foto: GEC)
Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para Jackson Mora y los demás implicados. Sin embargo, el juzgado resolvió imponer un plazo de 15 meses, periodo durante el cual la Fiscalía deberá profundizar las investigaciones del caso.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Mora sería parte de una presunta red que habría participado en el desvío de cerca de S/9.9 millones mediante operaciones irregulares relacionadas con recursos públicos. La hipótesis fiscal sostiene que el grupo habría vulnerado sistemas informáticos para facilitar la ejecución de las maniobras investigadas.