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La crisis que afronta la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se originó desde la noche del viernes 10 de abril, cuando aparecieron las primeras contradicciones por parte de un funcionario de la propia institución. El titular de la ONPE, Piero Corvetto, no supo advertir la cadena de negligencias y acusó a la empresa de transportes y ahora afronta una carta notarial. Pero ese es el menor de sus problemas, debido a que la Junta Nacional de Justicia se alista para evaluar su permanencia en el cargo y la Policía lanzó una alerta ante una posible captura. Para entender la magnitud de la crisis, resulta necesario entender el origen del caos.
La crisis que afronta la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se originó desde la noche del viernes 10 de abril, cuando aparecieron las primeras contradicciones por parte de un funcionario de la propia institución. El titular de la ONPE, Piero Corvetto, no supo advertir la cadena de negligencias y acusó a la empresa de transportes y ahora afronta una carta notarial. Pero ese es el menor de sus problemas, debido a que la Junta Nacional de Justicia se alista para evaluar su permanencia en el cargo y la Policía lanzó una alerta ante una posible captura. Para entender la magnitud de la crisis, resulta necesario entender el origen del caos.
Los problemas para la ONPE empezaron la noche del viernes 10, cuando el propio personal de Corvetto se dio cuenta de una incongruencia: se había anunciado -mediante una nota de prensa- que partían 434 unidades de transporte hacia los centros educativos de la capital, pero solo habían contabilizado poco más de 340 unidades. La propia empresa Gálaga reconoce que, ese viernes por la noche, partieron 170 unidades para repartir material electoral, lo cual continuó a lo largo de la madrugada del sábado.
La propia gente de ONPE hizo las consultas a José Samamé, gerente de la Gerencia de Gestión Electoral, y a Juan Phang, subgerente de Producción Electoral, sobre las incongruencias en las cifras, pero ambos aseguraron que todos estaba bajo control. Según las fuentes consultadas, Phang informó que los camiones saldrían en dos turnos.
¿Cómo es que se anunció, en una nota de prensa, la partida de las unidades en una sola tanda cuando en realidad habían dos turnos? Las fuentes de la ONPE indican que Phang y Samamé no supieron explicarlo y que en todo momento dijeron que la situación estaba bajo control. Este Diario buscó las versiones de los dos funcionarios implicados, pero ninguno contestó nuestros mensajes.
El personal de la ONPE se retiró, el viernes por la noche, confiando en que todo estaba encaminado. Ese solo era el inicio del caos.
Cuando la Contraloría consultó sobre la modificación del cronograma inicial de reparto, los funcionarios de la ONPE no supieron justificar la decisión.
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Contradicciones
Cristian Castillo, abogado de Servicios Generales Gálaga (la empresa contratada para el transporte del material), sostiene que en el plan operativo siempre se estableció que serían dos turnos. El primero salía el viernes 10, a las 10:00 p.m.; y el segundo, el sábado 11 a las 8:00 a.m. Todo el material debían estar en los locales de votación el sábado 11.
Este es el primer punto de versiones contradictorias que dan origen al caos de la ONPE. La empresa Gálaga alega que siempre fueron dos turnos, pero fuentes de la ONPE aseguraron que recién se enteraron que serían dos turnos el viernes por la noche, cuando salió el primer bloque de unidades.
Las mismas fuentes de la ONPE explicaron que existía la necesidad de que todo el material esté entregado el sábado 11 -24 horas antes del día de la elección- para la instalación correcta de las mesas de sufragio, principalmente de las computadoras, impresoras y material anexo para el funcionamiento de los equipos.
Las unidades que Gálaga debía transportar eran dos tipos de materiales: en un camión, las cédulas, las actas y la cabina armables; y en otro tipo de camión, las computadoras, impresoras y anexos. “El primer camión terminaba de cargar, salía hasta donde estaba el comisionado de ONPE y el resguardo policial. Esperaban al segundo camión y salían en convoy”, detalló el abogado. Cada convoy de camiones debía realizar entregas entra 10 a 15 locales de votación.
La demora en las entregas de computadoras e impresoras -producida, en primero momento, por dividir las rutas en dos horarios- ocasionó que el día de la elección varios miembros de mesas reportaran demoras en la instalación porque no tenían configurados los aparatos o no podían acceder para su funcionamiento. “Las máquinas debieron ser instaladas 24 horas antes, desde el sábado, para que cuando llegaran los miembros de mesas, los aparatos estén operativos”, indicó una fuente de la ONPE.
El personal fantasma
El segundo punto para el caos generado en ONPE ocurrió a lo largo del sábado 11. Cristian Castillo, abogado de Gálaga, sostuvo que fue en el segundo turno cuando empezaron los retrasos, responsabilizando a la institución que dirige Piero Corvetto.
“Se comenzó a registrar merma de gente de almacén, merma de comisionados de ONPE. Es decir, se les reducía el personal. Avanzaba el día, seguía el retraso, incluso a las 11:43 p.m. tenemos el registro de que les informamos que teníamos 35 unidades disponibles para salir. A la medianoche, ya debía estar todo terminado, pero teníamos aún 35 camiones esperando la carga de equipos informáticos. A las 6 de la mañana, del mismo domingo de la elección, recién salió el último camión por la demora de ONPE”, relató el abogado a este Diario.
Este es el chat de WhatsApp que Gálaga le envió a Juan Phang, funcionario de la ONPE, el sábado 11 de abril, indicando que tenían unidades disponibles para trasladar material a los centros de votación.
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El mensaje de la empresa Gálaga fue remitido a Juan Phang, el subgerente de Producción Electoral, a las 11:43 p.m. del sábado 11. El funcionario de la ONPE les respondería, minutos después, diciendo que “en cualquier momento” llegaría el material para llevarlo a los centros de votación, pero el abogado Castillo asegura que esto no se concretó hasta la madrugada.
“Phang no tiene explicación lógica, no nos explicó nada por correo electrónico ni por WhatsApp. A nosotros se nos acusó de retrasar el reparto y no han presentado ni un solo elemento probatorio ante la Policía o la Fiscalía. […] Lo que se vio fueron comisiones que empezaron a no llegar, se escapaban y tenían que ser reemplazados. También hubo incidentes de reclamos de policías, no querían prestar el servicio porque habían esperado mucho tiempo”, dice Castillo.
El representante legal de Gálaga fue enfático en alegar que sus camiones no tuvieron acceso a los almacenes. Ellos esperaban a que el personal contratado por la propia ONPE retirara el material de los almacenes para cargarlos en sus unidades. “Ellos sacaban las parihuelas con los bultos, nuestro trabajo era de plataforma”, anotó.
La misma empresa Gálaga afrontó problemas con sus trabajadores debido a los retrasos, según el relato de Castillo. “Los de la ONPE no decían nada, no te decían anda y regresa a tal hora. Los conductores esperaban cinco, 10 minutos y hasta 24 horas en algunos casos porque a las 6 de la mañana llegó el último camión. Entonces los conductores reclamaban pagos extras”, contó.
El funcionario que no responde
Juan Phang, el subgerente de Producción Electoral, no solo dejó de brindar explicaciones a Gálaga, sino a la propia ONPE. Fuentes de la entidad indicaron que a lo largo del sábado buscaron explicaciones sobre el retraso, y Phang simplemente no contestaba. Lo mismo sucedía con Juan Samamé.
Al día siguiente, el día de la elección, la única información brindada fue que la responsabilidad de los retrasos era de la empresa de transportes. Esa información fue la que tomó la gestión de Corvetto para culpar públicamente a la empresa, y por la cual esta les ha remitido una carta notarial. El abogado Castillo indicó que acaban de recibir la respuesta de la ONPE alegando que no podrán emitir ningún pronunciamiento mientras duren las investigaciones del caso.
Según las fuentes de la ONPE, Phang en un momento no solo dejó de contestar los pedidos de información en la institución, sino que indicó que toda comunicación en adelante sería a través de sus abogados. Al cierre de esta edición, se desconoce el paradero de Phang, después de que fuera suspendido de su cargo.
Consultado por la Contraloría, el mismo 12 de abril, Phang señaló que no tenían un reporte de los vehículos y horas de salida. Sin embargo, el personal del máximo órgano de control detectó que dicha información se encontraba en un grupo de WhatsApp que tenía con el personal de seguridad del local de almacenaje en Lurín.
El mismo 12 de abril, la Contraloría constató incongruencias en la información dada por el personal de la ONPE.
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Phang Sánchez ha sido señalado por el propio José Samamé como el responsable de las demoras en el traslado del material a los centros de votación. Samamé es el funcionario que fue detenido por la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), aunque luego fue liberado.
Samamé señaló ante la Policía que se decidió continuar utilizando los servicios de la empresa Gálaga, mientras se evaluaban alternativas para reforzar la distribución. También indicó que desde la gerencia de administración se informó sobre la posibilidad de contratar unidades móviles adicionales mediante un mecanismo de asignación de recursos.
La investigación no solo es por la demora en la entrega de material, sino por el contrato con la empresa Gálaga. El Comercio accedió a documentos en los que se evidencia que Gálaga fue elegida por la ONPE para trasladar el material electoral pese a que su propuesta económica, ascendente a S/ 6,368,332.75, era más alta en comparación a los otros dos competidores.
El documento que contiene los términos de referencia del contrato fue firmado por dos funcionarios de la ONPE, cuyos nombres se repiten en toda la trama: Juan Phang y José Samamé.
