Han generado gran inquietud los inminentes cambios en el IGV y el Foncomún, aprobados unánimemente por el Congreso el último jueves, que cuentan ya con la venia del MEF. En síntesis, se trata de hacer crecer el segundo de 2% a 4%, sin impactar en el IGV en su conjunto (18%).
El revuelo es justificado: lo que sus promotores presentan como fortalecimiento de los gobiernos subnacionales terminará siendo un severo debilitamiento de la disciplina fiscal. Y todo esto sin promisorios augurios en una mejora de la gestión de los gobierno locales.
¿Fue el desenlace algo súbito? La génesis de esta iniciativa debe hallarse en un proyecto de Alejandro Soto (APP, Cusco) de marzo del 2023, que buscaba promover “las inversiones públicas municipales mediante el fortalecimiento del Foncomún”.
En el camino, hablamos de noviembre de 2024, el texto sumó los aportes (esto es solo un decir) de más de 20 iniciativas con contenido similar o relacionado. No resulta extraño, por ello, la aluvional votación que la respaldó: 98 a favor, cero en contra y cero abstenciones.
La reacción del MEF, liderado desde el 13 de mayo por Raúl Pérez-Reyes, no se hizo esperar, aunque resultó desconcertante, por decir lo menos: el anuncio de una próxima aprobación que rompe con la tradicional rigidez del despacho del jirón Junín.
Ciertamente, la anuencia del titular del sector se produce, al menos declarativamente, con algunos ajustes. “Lo que hemos dicho es que estamos de acuerdo con esta reestructuración del Foncomún. Inicialmente, la propuesta era hacerlo de inmediato, pero planteamos un cronograma gradual hasta el 2029 para llegar al 4%” (RPP, 27/5/2025).
Pero, al margen de la gradualidad, las implicancias no dejan de ser las mismas. Solo por un principio de lógica económica básica se debe intuir que habrá un margen mucho más reducido, ya que los ingresos serán menores. Las necesidades, en cambio, seguirán siendo las mismas: salud, educación, seguridad, infraestructura.
El Ejecutivo saliente y, sobre todo, el entrante tendrán, pues, que ajustarse o echar mano de nuevos impuestos, o endeudarse para mantener el nivel de gasto. Lo primero parece poco probable para un gobierno de salida, sin respaldo popular (aunque no debe descartarse que un Congreso cómplice apruebe nuevas tasas sectoriales, que terminarían mellando la economía). Por su parte, un gobierno en luna de miel, como el que juramentará en julio del 2026, difícilmente querrá tomar o empujar decisiones de esta naturaleza.
Lo segundo, en cambio, es lo más esperable, pero dejaría a los sucesores, aquellos que tomarán las riendas en el 2026, con una pesada carga. No exagera, pues, el exministro Waldo Mendoza al referirse a lo aprobado como “la ley fiscal más dañina de este siglo” (RPP, 27/5/2025).
Bien dicen que destruir es más fácil que construir.
