El Ministerio de Cultura (Mincul) destituyó de su cargo al jefe institucional del Archivo General de la Nación (AGN), Ricardo Moreau. La decisión se hizo oficial a través de una resolución suprema publicada este domingo en el diario oficial El Peruano, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y del actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia.
El sábado, el AGN informó a través de sus redes que su equipo multidisciplinario inició el traslado de más de 400 cajas del acervo documental de la nación desde su sede en el sótano del Palacio Nacional de Justicia a una sede temporal en un local industrial del Callao.
“Se trasladaron 180 cajas archiveras de la Dirección del Archivo Notarial y 270 cajas archiveras de la Dirección de Archivo Histórico. (…) El acervo documental fue trasladado al moderno local alquilado temporalmente, ubicado en la calle B, N° 263, Urbanización Industrial Bocanegra, Callao. Este local cuenta con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones”, se lee en el comunicado.
En marzo del 2022, el PJ notificó al AGN la sentencia que ordenó la restitución a su favor del área que ocupa actualmente el AGN en el Palacio Nacional de Justicia (más de 5 mil metros cuadrados). En consecuencia, se determinó el desalojo de las oficinas y ambientes que custodian más de 150 millones de archivos del patrimonio documental, histórico y notarial.
El 11 de abril, la exministra de Cultura Leslie Urteaga y el presidente del PJ, Javier Arévalo Vela, anunciaron un acuerdo de transferencia del local, que debía iniciar en agosto de este año. Por ello, el AGN debía alquilar un inmueble. En una nota de El Comercio publicada en abril, Moreau aseguró que el establecimiento que acogería el patrimonio documental contaría con las “mejores condiciones” para su preservación.
Esto fue reiterado a través de un video publicado el 25 de setiembre en la cuenta de X del AGN.
En abril, el AGN anunció el alquiler del local previamente mencionado en el Callao. Sin embargo, un informe técnico de la Contraloría publicado en julio encontró cuatro situaciones adversas en la contratación de arrendamiento del nuevo local propiedad del Consorcio Transel luego de una visita de control.
En primer lugar, el informe advirtió que el establecimiento se ubica en una zona industrial con presencia de empresas que utilizan compuestos químicos y otros materiales, lo que supone un riesgo de exposición a factores externos no controlables que pueden dañar y deteriorar la conservación de los fondos documentales.
En segundo lugar, la Contraloría encontró que el local contratado por el AGN para custodiar sus fondos documentales “no cuenta con las condiciones necesarias que acrediten que se encuentra física y legalmente saneado”. Asimismo, señaló que el adelanto de dos meses de renta otorgado al Consorcio Transel “se realizó sin exigir una garantía que respalde dicho pago”.
Por último, la Contraloría advirtió que el inmueble alquilado tiene hipotecas a favor de entidades bancarias.
Así también, según el portal Epicentro.TV, un informe interno del Mincul concluyó que el local industrial contratado no cumple con condiciones técnicas y de seguridad para albergar los documentos históricos del AGN.
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Debido a esta situación, el 12 de agosto, tres historiadores presentaron una acción de amparo para detener el traslado de los documentos que custodia el AGN al almacén del Callao: Magally Alegre, Joseph Dager y Margarita Guerra. La acción de amparo fue admitida a trámite el pasado 25 de setiembre. No obstante, aún no hay noticias sobre la admisión o rechazo de la medida cautelar del caso.
De acuerdo con la doctora Milagros Revilla, abogada constitucionalista, hasta que no se dicte una medida cautelar que de la razón a los demandantes, el traslado de los documentos no está prohibido.
“Admitir el proceso de amparo no suspende el acto. El AGN está aprovechando el tiempo mientras el PJ decide admitir o rechazar la medida cautelar. Si bien la medida cautelar es un proceso sigue a la demanda de amparo, esta puede desestimarse. Si la medida cautelar da la razón a los demandantes, el AGN no podrá movilizar los bienes”, explicó Revilla.
Precisamente, la semana pasada, la gestión de Moreau realizó actividades con la intención de iniciar la mudanza del material.
La historiadora Natalia Sobrevilla reportó el jueves 26 de setiembre a través de su cuenta de X un video en el que se ve a personal del AGN retirando una caja de la sede del Palacio de Justicia en un vehículo oficial de la institución sin destino conocido. Dos días después, Sobrevilla reportó la presencia de un vehículo de Security International Moving (SIM), empresa de mudanzas, retirando cajas.
Como respuesta, el AGN compartió fotos negando que hasta entonces se haya realizado alguna mudanza o traslado del patrimonio documental.
De acuerdo al comunicado del AGN publicado este sábado, el acervo documental fue trasladado a la sede del Callao con dos vehículos de la empresa SIM. “Cuenta con una póliza de seguro de prevención ante cualquier incidente en el trayecto. Los dos camiones contaban con cámaras de seguridad de vigilancia interna y externa”, informó la institución.
Asimismo, el 28 de setiembre, el ciudadano Edison Féliz Tito Peralta inició ante la Fiscalía el trámite de una denuncia penal contra Moreau por los presuntos delitos de destrucción, alteración, extracción de patrimonio cultural de la Nación, y omisión de deberes de funcionarios públicos.
Por otro lado, según el Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (Seace), el AGN no tiene ningún contrato o proceso de contratación vigente con una empresa para realizar traslados o mudanza. El 28 de agosto inició un proceso de adjudicación para este servicio. Sin embargo, fue declarado como “desierto” el 10 de septiembre, porque el AGN declaró que no se presentaron “ofertas válidas”.
