La Ley de Promoción Agraria inicial fue parte de los factores que llevaron a este buen desempeño en las agroexportaciones, sumado a la inversión en infraestructura, la apertura comercial a través de los tratados de libre comercio, los protocolos sanitarios de Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, entre otros.
Hubo un proceso de discusión para la renovación de esta ley en el Congreso que después, debido a protestas sociales mal manejadas, llevaron a su derogatoria que se llevó a cabo en días, sin mayor discusión, y acabó con la aprobación de una nueva ley que está actualmente vigente. Como asociación de exportadores, junto con otros gremios empresariales, hemos expresado nuestro llamado a que se defina una nueva Ley de Promoción Agraria.
Creemos que es un contexto en el cual el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están en la capacidad de sentarse y discutir un mejor marco jurídico que le dé mayor previsibilidad y estabilidad a este sector. No solo debe tratarse de los aspectos tributarios, sino también de los aspectos laborales y, por qué no, también hablar de beneficios que puedan permitir a la agricultura familiar y a los esquemas asociativos y cooperativos sumarse a la agroexportación.
La actual ley está desincentivando la inversión, que se está yendo a países que están con esquemas mucho más favorables como Colombia, Ecuador y otros que compiten con el Perú. Necesitamos una nueva ley que realmente genere puestos de empleo. El actual régimen de Bonificación Especial por Trabajo Agrario, que no está conectado con la productividad del trabajador, es un desincentivo hacia las empresas para la contratación. Esto no existía en la anterior ley, y creemos que debería revisarse.
Hay que respetar los derechos laborales de los trabajadores, pero también tenemos que encontrar un balance en la normativa laboral que incentive la contratación de más trabajadores.
