Este 2026 es un año electoral en Perú. Las elecciones llegan en un contexto en el que la figura presidencial ha perdido importancia debido a una crisis política constante que ha tenido tres presidentes en un periodo de solo cinco años y con un Congreso de la República cuestionado y un alto rechazo de la población.
Con este panorama político complejo, delitos como la minería ilegal, el narcotráfico, la deforestación y las amenazas a los pueblos indígenas en la Amazonía se han agudizado, mientras las políticas ambientales se debilitan. En este contexto, los expertos se preguntan qué tan importantes serán los temas ambientales para los postulantes al Palacio de Gobierno y al Parlamento.
Otro tema que debe entrar en agenda para 2026, coinciden especialistas entrevistados por Mongabay Latam, es la implementación de políticas y estrategias contra la minería ilegal y el crimen organizado. Los expertos cuestionan el debilitamiento de las normas ambientales y leyes promulgadas por el Congreso que, de alguna forma, favorecen la ilegalidad. El 26 de diciembre, el gobierno aprobó la ampliación del plazo de la vigencia del cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026.
Los pueblos indígenas también plantean los retos que esperan superar en 2026 y uno de ellos es lograr una mayor autonomía en su gobernanza territorial. Otro sería que el Gobierno coordine de manera horizontal la atención de los problemas en los territorios indígenas.
1. El medioambiente en un contexto electoral
Por lo menos 34 candidatos buscarán ganar las elecciones presidenciales el domingo 12 de abril de 2026. Ese día también se elegirán 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes para el Parlamento Andino. Para ello, cada partido político en competencia puede presentar su lista de postulantes para cada uno de estos escaños con un total de 208 candidatos entre postulantes a la presidencia, vicepresidencia y al Parlamento. Es decir que más de 7000 personas podrían estar en campaña electoral para tentar al máximo cargo en el Ejecutivo o a una escaño en el Legislativo en 2026.
“Las autoridades que van a asumir el nuevo gobierno deben ser conscientes de la importancia que tiene un país con tanta biodiversidad como Perú. La protección del medioambiente, los recursos naturales y, sobre todo, la garantía de los derechos de las personas deben ser temas prioritarios”, dice Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Pérez recuerda que la protección del medioambiente está “íntimamente vinculada a derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y al agua segura”. Sin embargo, agrega Pérez, no es un tema que actualmente aparezca en la agenda electoral, por el contrario, dice, “encontramos voces de candidatos que se han presentado recientemente en el CADE [Conferencia Anual de Ejecutivos] con muchos guiños a la minería ilegal”.
La abogada agrega que cada vez es más evidente la relación entre las actividades ilícitas y las organizaciones políticas, y que cada vez hay más presencia de los intereses de estos sectores en instituciones como el Congreso.
Un informe del diario El Comercio, publicado en noviembre, indica que por lo menos 10 candidatos al Congreso de la República tienen inscripciones en el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), sanciones por extracción ilícita de oro o son representantes de gremios que buscan la ampliación del proceso de formalización minera.
“En un contexto electoral, me temo que el Congreso va a tener altos incentivos para ampliar el Reinfo —lo que implicaría extender los plazos a los mineros ilegales para continuar en la irregularidad— y, prácticamente, mantener al país en esta grave situación de afectación del ambiente y de los derechos de las personas más vulnerables”, comenta Alicia Abanto, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. En ese contexto, dice Abanto, “el proceso electoral es una oportunidad para que las personas puedan liderar, desde su voto, un cambio favorable para el país”.
El 26 de diciembre, el gobierno de José Jerí promulgó una nueva ley para ampliar el plazo del proceso de formalización minera hasta diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Diez días antes, la propuesta fue aprobada en la Comisión Permanente del Congreso de la República con 13 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones. Con esta decisión se postergó, por quinta vez, el cierre del plazo para que los mineros inscritos en el Reinfo concluyan su proceso de formalización.
La minería ilegal ha impuesto la destrucción y la violencia en la Amazonía peruana. Según un informe de Conservación Amazónica (ACCA), la minería ilegal de oro está presente en nueve de las regiones amazónicas de Perú: Puno, Cusco, Huánuco, Loreto, Amazonas, Ucayali, Cajamarca, Madre de Dios y Pasco.
Solo entre las regiones de Loreto y Amazonas hay 14 ríos invadidos por la minería ilegal, según este reporte. El informe también señala que en más de 200 ríos y quebradas en todo el país se ha registrado la presencia de dragas u otras maquinarias para la explotación minera.
El mercurio es una de las sustancias tóxicas más peligrosas para la salud y gran parte de esta sustancia presente en los ríos y ecosistemas de la Amazonía peruana proviene de la minería de oro. Como explica Claudia Vega, coordinadora del programa Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica, en una entrevista con Mongabay Latam, “cuando [el mercurio] llega a los cuerpos de agua se transforma en metilmercurio, que es una de sus formas más tóxicas, y entra en la cadena alimenticia”, es decir, que afecta a los peces, a los animales que se alimentan de estos peces contaminados y a las personas que los consumen.
La actividad minera también impacta en los bosques. De acuerdo con el Geoservidor del Ministerio del Ambiente solo en Madre de Dios, entre 2001 y 2024, se degradaron 119 313 hectáreas por causa de la actividad minera.
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), también considera que “desde la sociedad civil organizada se debe exigir a los candidatos que tomen posición sobre las leyes que atentan contra el medioambiente”.
Raphael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch, cree que se viene un proceso electoral complejo y considera que existe el riesgo de que pueda haber más violencia que en anteriores procesos electorales. “Creo que la presencia de representantes de intereses económicos locales vinculados a la minería ilegal, al narcotráfico y a otras actividades ilegales va aumentar. Eso nos va a colocar en escenarios locales muy complicados”.
El narcotráfico está directamente relacionado con la deforestación en los bosques amazónicos y las amenazas a quienes se oponen a esta actividad ilícita. De acuerdo con el informe oficial de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) sobre el Monitoreo de Cultivos de Coca de 2025, en Perú se han registrado más de 89 000 hectáreas de coca ilegal. El reporte también da cuenta del avance de este cultivo ilegal sobre 15 áreas protegidas y sobre más de 200 comunidades indígenas.
La construcción de carreteras también puede convertirse en un riesgo para los bosques amazónicos y las comunidades indígenas. Un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) sobre cinco proyectos viales promovidos por el Estado peruano —nacional y regional— en la Amazonía reveló que estas carreteras representan un riesgo a la seguridad del país debido a que podrían fortalecer las cadenas logísticas del narcotráfico y de la minería ilegal.
Hoetmer considera que el tema ambiental debería ser central en el debate público, aunque duda que así sea. “Creo que en algunos escenarios electorales anteriores lo fue más, en 2011 el tema de la minería sí estaba en el debate, me parece que en 2016, hasta cierto punto. En este proceso electoral pareciera que los temas de seguridad y económicos serán las principales preocupaciones”.
2. Urge una estrategia contra la minería ilegal y la criminalidad
Una vez más las economías ilegales entran en la lista de los temas urgentes para este año que empieza. Y si bien 2025 estuvo marcado por el avance de la minería ilegal con un precio por onza de oro que supera los 4000 dólares, para 2026 uno de los temas prioritarios de la agenda ambiental debería ser la implementación de estrategias para frenar la minería ilegal y enfrentar la criminalidad organizada asociada a esta, según expertos ambientalistas entrevistados por Mongabay Latam.
“Tendría que haber un cambio de estrategia para que realmente se persigan las organizaciones criminales. Con más inteligencia financiera, con un mejor posicionamiento de la Policía y de las Fuerzas Armadas en los territorios”, dice Alicia Abanto. “El panorama es que en algunos lugares ya se puede hablar de una minería criminal”, agrega.
Para Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente, es indispensable que el Gobierno, el Congreso y la sociedad prioricen las causas evitables de daño grave a la población y territorios más vulnerables. “Estas causas evitables tienen que ver con afectación a la salud y a la alimentación, y están vinculadas con las actividades ilegales. Esto requiere respuesta inmediata, porque se conoce el problema, se tiene claridad respecto a qué hacer, pero se requieren recursos y capacidades”.
Sumado a ello, dice Castro, está la importancia de “mejorar las capacidades del mecanismo de protección de personas defensoras, porque la presencia de actividades ilegales daña territorios y personas que están respondiendo con lo que tienen y con lo que pueden y eso no puede ocurrir”.
Castro señala que el Estado tiene que estar presente ejerciendo un rol efectivo, “no solamente con una intervención de orden interno y seguridad, sino también de desarrollo territorial que debe ir de la mano con un proceso de desarrollo general, pero también específico en las zonas más urgentes”.
Raphael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch, considera que se debe explorar mucho más en “la relación que hay entre la violencia, la inseguridad y las afectaciones al ambiente”, así como entre “la expansión de las economías ilícitas, la presencia del crimen organizado y la situación política en el país”, comenta.
“A mi juicio la única forma de hacer frente a la inseguridad en el país es creando alternativas económicas e inclusivas para la gente, y eso implica reforzar y fortalecer la gobernanza territorial comunitaria, particularmente indígena, y contribuir a protección de las personas que hacen frente a esas situaciones”, agrega Hoetmer.
Hoetmer pone sobre la mesa otro problema: las amenazas contra defensores ambientales y líderes indígenas. “Si bien el número de asesinatos en 2025 ha sido menor que en los años anteriores, el nivel de amenaza sigue siendo muy alto y constante, y el nivel de acción estatal frente a ellos sigue siendo también muy bajo”.
Con esta perspectiva, dice Hoetmer, un tema que se debe discutir de cara al futuro del país es “qué significa la seguridad para el futuro de Perú y cómo los temas de violencia están entrelazados con la forma en que se implementa un modelo económico, como se mantiene el nivel de desigualdad, como se explota la Amazonía”. “Creo que sería uno de los desafíos”, agrega.
3. Mayor autonomía indígena
“Reconocer los derechos de los pueblos indígenas, implementar los tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas para que los pueblos se autogobiernen y que el Estado trabaje con los pueblos de una forma efectiva y descentralizada es a lo aspiramos como gobierno territorial autónomo”, señala Gil Inoach Shawit, pamuk (presidente) del Gobierno Territorial Autónomo Awajun (GTAA).
Actualmente en Perú 15 naciones originarias de la Amazonía han establecido sus autonomías o están en proceso de hacerlo. En este camino, los pueblos indígenas reclaman un marco jurídico que les permita ejercer su autonomía, autogobierno y proteger sus tierras y cultura de manera legal.
Tabea Casique, secretaria de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), señala que el Gobierno que asuma en julio de 2026 “debe considerar una agenda ambiental y de derechos de los pueblos indígenas con cambios concretos, que sea medible y participativa y que sea vinculante de acuerdo nuestra realidad”.
Casique considera que el Gobierno tiene que trabajar articuladamente con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. “El aporte desde el movimiento indígena tiene que ser de una manera horizontal y viceversa”, establece la lideresa para cuestionar que las decisiones del Gobierno y el Congreso no deben ser unilaterales sino tomarse de manera coordinada con el movimiento indígena.
Casique también menciona el problema de las actividades ilícitas que amenazan a los pueblos indígenas. “Nosotros lo estamos abordando de manera multisectorial, con instituciones que tienen que abordar estos temas. Construimos un plan estratégico en relación al tema de los incendios, de adaptación a la minería. Tenemos un documento construido y estamos promoviendo un sistema de autoprotección a través de nuestra propia gobernanza, del autocuidado de nuestro territorio”.
4. Cumplir con los compromisos ambientales
“A nivel internacional dos temas están hace mucho tiempo en agenda: la aprobación del Acuerdo de Escazú, que no lo hemos ratificado hasta la fecha. Y la aprobación del Tratado de Altamar, conocido como BBNJ [Acuerdo sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional (por sus siglas en inglés)]”, comenta Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Perú firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, en 2018. Sin embargo hasta el momento el Congreso de la República no lo ha ratificado. De igual forma, en junio de este año, el Gobierno suscribió el Acuerdo de Alta Mar, el mismo que también debe ser ratificado por el Congreso de la República. “Sería importante priorizar estos tratados para que Perú esté presente en esta agenda internacional donde hace algún tiempo ha estado bastante ausente”, agrega Calle.
Un tema recurrente entre los expertos consultados por Mongabay Latam han sido las modificaciones legislativas y el debilitamiento de las normas ambientales y cómo esas decisiones impactan en el cumplimiento de los compromisos ambientales del país a nivel nacional e internacional.
Renzo Piana, director del Instituto del Bien Común (IBC), comenta sobre el impacto que ha tenido la modificación de la Ley Forestal sobre el cambio de uso del suelo por actividades agrícolas.
“Obviamente va en contra de los compromisos ambientales de Perú, pero más allá de eso, creo que una apuesta clara por el mantenimiento de la cobertura forestal, por la reducción de las emisiones, etcétera, siempre pasa por titular [las tierras] a las comunidades nativas que aún quedan por titular”, dice Piana.
Otro factor que Piana considera decisivo para que Perú cumpla con sus metas ambientales es que se concreten las propuestas para crear nuevas áreas de conservación, particularmente a nivel regional. “Si no me equivoco, deben haber unas ocho propuestas que todavía están en proceso de creación. Creo que hay que seguir mirando con atención, con la idea de que esos procesos fluyan lo más rápido posible y se puedan crear esas áreas”.
Piana comenta que IBC está impulsando la creación de tres áreas de conservación regional. En el caso de las que están ubicadas en la selva central, “básicamente es una carrera contra el tiempo, porque cada semana que pasa y no no se crean, hay intentos de invasión, de colonización y de deforestación que lo único que hacen es entorpecer el proceso y finalmente terminan recortando la extensión de las áreas”.
Otro de los compromisos de Perú y que debe entrar en vigencia en 2026 es la Ley de Cero Deforestación de la Unión Europea. Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), considera que es importante que los países exportadores e importadores tengan claro que es prioritaria la transparencia y la trazabilidad. “Lo que se busca son procesos de transparencia y trazabilidad para poder documentar de dónde viene el producto que se está exportando y garantizar que esa producción haya sido legal, sin generar deforestación”, en ese sentido, Urrunaga comenta que los cambios que establecen la nueva Ley Forestal, denominada por muchos ambientalistas como Ley Antiforestal, no favorece esta transparencia.
Imagen principal: mineros de la Confederación Federal de Minería (Cofemin) marchan por las calles de Lima en el marco de un conflicto con las autoridades. Foto: cortesía Confemin Perú
El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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