Familiares de conductores asesinados por extorsionadores denunciaron que los hijos de las víctimas continúan sin acceder al bono económico y al apoyo psicológico anunciados por el Estado, pese al aumento de ataques armados contra el transporte público.
La situación fue expuesta este domingo en un reportaje del dominical Punto Final.
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Según la investigación periodística, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 la Fiscalía registró 91 personas fallecidas por ataques con armas de fuego vinculados a extorsiones contra el transporte.
No obstante, el Ministerio del Interior solo remitió al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) una relación de 40 conductores asesinados, lo que, según el reportaje, evidencia la ausencia de un registro unificado y actualizado de las víctimas.
El reportaje advierte que la cifra real de afectados sería mayor, ya que los ataques no solo han cobrado la vida de choferes, sino también de cobradores y pasajeros, quienes no figuran en los listados oficiales. Esta falta de información impide identificar a todos los menores que han quedado en orfandad y focalizar la ayuda estatal.
Se revela que ni durante el gobierno de Dina Boluarte ni en la actual gestión de José Jerí se implementó un padrón integral de víctimas. Aun así, de los 40 casos reconocidos oficialmente, se logró identificar a 38 niños huérfanos.
Carmen Mendoza Granados, madre de Juan Ibáñez Mendoza, conductor asesinado dentro de una cúster en San Martín de Porres el pasado 15 de diciembre, expresó su indignación.
“Leímos en el periódico que primero iban a dar un bono de 200, luego, con el cambio de presidente, de 500… pero no hay nada. Que nos disculpen, pero la presidenta se subió el sueldo, recibió bonos, y los pobres transportistas salen a trabajar y regresan sin vida”.
Juan criaba solo a su hijo y, tras su muerte, son sus padres quienes se han hecho cargo del menor.
Otro testimonio recogido por Punto Final es el de Diana Medina Laura, madre de un adolescente afectado emocionalmente por el asesinato de su padre. Señaló que, pese a buscar atención psicológica, nunca obtuvo respuesta del Estado.
“A mí me dijeron que, si tenía seguro, lo vea por mi lado. Hay mucha demanda y todo es pausado. Mi hijo está muy afectado por la pérdida de su papá. Busqué atención, pedí cita… y nada. La verdad, no”.
